Alto riesgo

El Gobierno tom¨® ayer una decisi¨®n de alto riesgo: recurrir ante el Tribunal Constitucional el acuerdo del Ejecutivo vasco, del pasado 25 de octubre, por el que remiti¨® al Parlamento de Vitoria el llamado plan Ibarretxe. No hay muchas dudas, pr¨¢cticamente ninguna, sobre la inconstitucionalidad de dicho proyecto: el ministro de Justicia lleg¨® ayer a contabilizar un centenar de violaciones del articulado de la Carta Magna. Pero la discusi¨®n no versa ahora sobre el contenido del texto, sino sobre la viabilidad o no de recurrir lo que por ahora es s¨®lo un proyecto, que carece de rango normativo mientras no lo apruebe el Parlamento vasco. El recurso del Gobierno coloca al Tribunal Constitucional ante una dif¨ªcil disyuntiva: si lo acepta a tr¨¢mite ver¨¢ cuestionada su autoridad como m¨¢ximo int¨¦rprete de la Constituci¨®n, y tal vez no s¨®lo por los directamente afectados; si lo rechaza, ser¨¢ el Gobierno el que quede desautorizado.

El art¨ªculo 161.2 de la Constituci¨®n faculta al Gobierno para "impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los ¨®rganos de las comunidades aut¨®nomas". Esta v¨ªa lleva aparejada la suspensi¨®n autom¨¢tica por cinco meses de la disposici¨®n o resoluci¨®n impugnada. Al cabo de ese periodo el tribunal debe pronunciarse sobre la constitucionalidad de la norma en cuesti¨®n. No son pocos los expertos que creen que ese momento procesal no se ha producido a¨²n, puesto que no existe tal norma. Ni siquiera el anteproyecto de ley ha sido calificado como tal por la Mesa del Parlamento vasco. El Gobierno se apoya en diversos informes de sus servicios jur¨ªdicos para sostener lo contrario.

Ibarretxe ha intentado con su plan acaparar el centro de la actualidad y marcar, mediante una astuta administraci¨®n del tiempo, la agenda pol¨ªtica de toda Espa?a. Sin duda ninguna su propuesta choca con la Constituci¨®n por m¨²ltiples art¨ªculos. Pero no parece que la mejor respuesta pol¨ªtica pueda ser que el Gobierno trate a su vez de forzar las v¨ªas constitucionales para bloquear un proyecto que inexorablemente quedar¨ªa varado en el Congreso de los Diputados. El PNV est¨¢ convencido de que cuanto m¨¢s duro sea el enfrentamiento con Madrid tanto mejor para hacer el copo de votos nacionalistas en el momento en que decida convocar las elecciones a conveniencia de sus proyectos soberanistas. Pero es m¨¢s que probable que el c¨¢lculo electoral ante las elecciones de marzo tampoco sea ajeno al anuncio prematuro del recurso de inconstitucionalidad por parte del Gobierno.

El desaf¨ªo pol¨ªtico del Ejecutivo vasco exige una firme respuesta pol¨ªtica que en ning¨²n caso deber¨ªa pasar por la instrumentalizaci¨®n de una de las instituciones m¨¢s importantes de nuestro ordenamiento jur¨ªdico.

El nacionalismo vasco es maestro en utilizar el victimismo como plataforma impulsora de sus aspiraciones. Si la respuesta desbordara los cauces constitucionales, podr¨ªa ocurrir que, lejos de apagar el incendio provocado por Ibarretxe, se echara gasolina al fuego.