?Debate o mon¨®logo?
El Consejo de Ministros acord¨® ayer impugnar ante el Tribunal Constitucional por partida doble la aprobaci¨®n por el Gobierno vasco del llamado plan Ibarretxe y la resoluci¨®n de la Mesa de Portavoces del Parlamento vasco para su tramitaci¨®n como proyecto de ley. El Ejecutivo se acoge al art¨ªculo 161.2 de la Constituci¨®n, que le faculta para impugnar "disposiciones y resoluciones" de los ¨®rganos de las comunidades aut¨®nomas. Los nacionalistas vascos acusaron al Gobierno de Aznar de intentar, mediante esa decisi¨®n, "impedir cualquier tipo de debate".
Para que la impugnaci¨®n sea aceptada por el Constitucional, el Ejecutivo deber¨¢ probar que la decisi¨®n del Gobierno de Vitoria es una "disposici¨®n o resoluci¨®n", y que, al aprobarla, se ha atribuido una competencia que no le corresponde. El Gobierno alegar¨¢, seg¨²n adelant¨® ayer el ministro de Justicia, que existe un fraude de ley al haber presentado como mera reforma del Estatuto lo que en realidad es una modificaci¨®n esencial de la Constituci¨®n. Mientras no se conozcan de manera m¨¢s precisa los fundamentos de derecho de la impugnaci¨®n, que no se formular¨¢ hasta el jueves pr¨®ximo, ser¨ªa improcedente pronunciarse sobre la misma.
Pero s¨ª cabe un juicio pol¨ªtico. Es l¨®gico que el Gobierno intente utilizar todas las v¨ªas legales a su alcance contra el plan Ibarretxe. Sin embargo, una vez lanzada la propuesta, es ut¨®pico suponer que pueda evitarse su debate en la sociedad vasca, y m¨¢s vale hacerlo en el Parlamento que en otros foros. Seguramente ser¨¢ m¨¢s ¨²til que la inconstitucionalidad del plan sea argumentada por los representantes de los partidos democr¨¢ticos, a que lo sea por los tribunales.
O en todo caso, que lo uno no impida lo otro. Ello no significa participar en la discusi¨®n pormenorizada de su articulado mediante enmiendas parciales, como sin duda quisieran los nacionalistas (y Madrazo) para legitimar su pretensi¨®n. Pero tal vez s¨ª convenga presentar enmiendas de totalidad precisamente para hacer visible el car¨¢cter unilateral de la propuesta nacionalista.
Y para denunciar las falacias en que se apoya. Por ejemplo, la de que ha sido el incumplimiento del Estatuto de Gernika lo que les ha obligado a romper con el marco auton¨®mico. Como en su d¨ªa (antes de que lo echasen del PNV) defendi¨® Emilio Guevara, es incongruente deslegitimar el Estatuto con el argumento de su incumplimiento; lo l¨®gico ser¨ªa exigir que se cumpla. Es lo que ayer propusieron los socialistas al plantear una moci¨®n parlamentaria instando a los Gobiernos de Madrid y Vitoria a reanudar el di¨¢logo sobre las competencias pendientes. El tripartito lo rechaz¨®, como ha rechazado asumir ciertas competencias ya negociadas porque prefiere mantener abierto el contencioso.
Es cierto que no habr¨¢ soluci¨®n pol¨ªtica mientras el electorado autonomista no retire su voto al independentismo anticonstitucional del plan Ibarretxe; pero para ello ser¨¢ necesario desenmascarar sus falacias, lo que implica entrar en debates como el planteado ayer en el Parlamento vasco.
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