El 'plan Ibarretxe' no se puede negociar

Hace unos d¨ªas estuve viendo la pol¨¦mica pel¨ªcula La pelota vasca. En ella, de forma reiterada, Julio Medem filma a dos grupos de hombres tirando en direcci¨®n contraria de una soga hasta el agotamiento. Un s¨ªmbolo del actual Pa¨ªs Vasco, que se proyecta en los protagonistas de la pel¨ªcula, porque en las m¨²ltiples y plurales intervenciones de los entrevistados hay algo significativamente ausente: la idea de pacto entre Euskadi y el Estado, que es lo que, al fin y al cabo, legitima el modelo de convivencia inaugurado hace 25 a?os.

Es como si se hubiese olvidado que ah¨ª est¨¢ la ra¨ªz de cualquier soluci¨®n a la llamada cuesti¨®n vasca. Tantos a?os de violencia y de progresiva polarizaci¨®n en Euskadi han deteriorado ese principio esencial -desde Locke, desde el "contrato social" de Rousseau, desde las revoluciones norteamericana y francesa- que es el pacto pol¨ªtico originario de autodeterminaci¨®n del que nacen las reglas del juego de la democracia occidental, y que la diferencian del derecho divino de los reyes o de la dictadura.

El constitucionalismo espa?ol que sustituye al franquismo se edifica sobre un doble acuerdo: de todos los ciudadanos y ciudadanas entre s¨ª para crear una democracia, y de los pueblos del Estado espa?ol (entre ellos el vasco) con el Estado mismo para establecer un autogobierno. Este segundo pacto se formaliza en los Estatutos de Autonom¨ªa. El vasco fue apoyado muy mayoritariamente por los ciudadanos de Euskadi, y tambi¨¦n por el PNV, EA e IU, partidos que forman el Gobierno tripartito que ha presentado en el Parlamento de Vitoria lo que llama "Estatuto Pol¨ªtico" de Euskadi.

Hay un principio del derecho internacional, que es un principio universal de paz: pacta sunt servanda, "los pactos se deben preservar". El pacto entre Euskadi y el Estado espa?ol est¨¢ meridianamente claro en el Estatuto: los ciudadanos del Estado reconocen al Parlamento vasco, y los de Euskadi reconocen a las Cortes Generales. De modo que nadie puede unilateralmente cambiar el sistema de autogobierno de Euskadi. Ni el Parlamento de Vitoria (representante del pueblo vasco) puede, por s¨ª solo, modificar el Estatuto vasco (y menos abolirlo), ni las Cortes Generales (representantes del pueblo espa?ol) -y esto conviene retenerlo con nitidez- pueden cambiar por s¨ª solas dicho Estatuto sin la aceptaci¨®n de la C¨¢mara auton¨®mica y del pueblo vasco en refer¨¦ndum. Es la garant¨ªa que el Estatuto introdujo en su art¨ªculo 46, que es precisamente el invocado por el lehendakari para tramitar su plan en el Parlamento de Vitoria.

As¨ª pues, es verdad que el pueblo vasco, representado en el Parlamento auton¨®mico, no tiene la soberan¨ªa para, unilateralmente, cambiar las reglas de juego del autogobierno de Euskadi; pero es que tampoco las Cortes Generales lo pueden hacer sin contar con la aceptaci¨®n del Parlamento y del pueblo vasco, porque eso significar¨ªa romper el principio de autonom¨ªa de las nacionalidades y regiones, que es consustancial con nuestra democracia. As¨ª que la soberan¨ªa del pueblo espa?ol expresada en las Cortes Generales tiene tambi¨¦n l¨ªmites.

Quiero insistir en lo anterior, porque es determinante para esa Espa?a de centralismo y conservadurismo at¨¢vicos: el Parlamento y el pueblo vasco pueden impedir cualquier involuci¨®n en el ampl¨ªsimo autogobierno que tienen. El Estatuto/Pacto es el que pone los l¨ªmites y obliga al di¨¢logo como ¨²nico m¨¦todo para avanzar.

El plan Ibarretxe se ha saltado esos l¨ªmites y ha destruido el pacto constitucional y estatutario. Eso se demuestra por varias razones:

Primera. Porque deroga todo el Estatuto de Autonom¨ªa, que es un pacto bilateral, y lo sustituye por un "Estatuto pol¨ªtico" unilateral, con un ¨²nico sujeto de soberan¨ªa, el pueblo vasco.

Segunda. Porque la aceptaci¨®n del plan obligar¨ªa antes a una reforma de la Constituci¨®n Espa?ola que la har¨ªa irreconocible. Habr¨ªa que derogar los art¨ªculos 1? (soberan¨ªa del pueblo espa?ol) y 2? (unidad del Estado y autonom¨ªa de nacionalidades), y todo el T¨ªtulo VIII, dado que el proyecto del Gobierno de Vitoria proclama en su art¨ªculo 12 un poder constituyente permanente para el "pueblo vasco" que podr¨ªa cambiar unilateralmente en el futuro su relaci¨®n con el Estado, sin contar con ¨¦ste.

Tercera. Porque el Estatuto Pol¨ªtico del Pa¨ªs Vasco que propone Ibarretxe tendr¨ªa una Carta de Derechos y Libertades propia que estar¨ªa por encima de la Constituci¨®n Espa?ola y de la Carta de Derechos de la futura Constituci¨®n Europea. Como manifestaci¨®n de esto, el proyecto establece una ley de partidos pol¨ªticos exclusivamente para Euskadi.

Cuarta. Porque rompe la homogeneidad del estatuto de "nacionalidad" hacia el exterior y el de "ciudadan¨ªa" hacia el interior del Estado.

Quinta. Porque rompe con la arquitectura constitucional de divisi¨®n de poderes. Atribuye a Euskadi todas las competencias ejecutivas (salvo Defensa) y todas las competencias legislativas (salvo extranjer¨ªa, derecho penal y mercantil). Crea un Gobierno del poder judicial propio para el nombramiento de jueces y fiscales. Incluso en pol¨ªtica exterior el proyecto Ibarretxe exige la aceptaci¨®n de las instituciones vascas para aprobar tratados internacionales suscritos por Espa?a (art¨ªculo 68).

Sexta. Porque contradice la futura probable Constituci¨®n Europea, confiriendo a las instituciones vascas una presencia directa e independiente en Bruselas que el derecho europeo no reconoce.

S¨¦ptima. Porque sit¨²a a Euskadi fuera del Estado espa?ol, estableciendo "pasarelas" de resoluci¨®n de conflictos entre Euskadi y Espa?a, como si fueran relaciones diplom¨¢ticas entre Estados, a resolver por tribunales "internacionales" (Tribunal de Conflictos, Sala Especial del Tribunal Constitucional).

Esta separaci¨®n (que no "asociaci¨®n") con el Estado espa?ol llega hasta el extremo de dar a las instituciones vascas no s¨®lo un poder tributario independiente, sino una potestad de planificaci¨®n econ¨®mica con car¨¢cter "exclusivo" (art¨ªculo 56.1), as¨ª como la defensa de la competencia. Son atribuciones, por otra parte, imposibles en un mercado ¨²nico europeo, ya que obligar¨ªan a cerrar las fronteras de Euskadi.

Por todas las anteriores razones, la propuesta Ibarretxe es algo que ning¨²n Gobierno espa?ol podr¨ªa aceptar ni negociar. En realidad, no est¨¢ planteado para ello. No se puede negociar un plan cuyo elemento vertebrador es que hay que abolir el Estatuto vigente pactado hace m¨¢s de veinte a?os y que hay que abolir toda l¨®gica de pacto porque una de las partes (Euskadi) podr¨¢ romper el futuro Estatuto cuando lo desee (art¨ªculo 12).

De hecho, en la propia presentaci¨®n del plan en el Parlamento vasco el 26 de septiembre, Ibarretxe ya dijo que, si no se alcanzaba un pacto con el Estado sobre su plan, lo someter¨ªa igualmente a refer¨¦ndum, se supone que con la voluntad de imponerlo de forma unilateral, lo que es, obviamente, un desaf¨ªo inaceptable a la legalidad. Ibarretxe no ha rectificado esas palabras a¨²n.

No se puede negociar sobre una propuesta que desprecia las actuales reglas del juego, es decir, el actual pacto entre el Estado y Euskadi, pacto -repito- al que est¨¢n sujetos los dos seg¨²n el Estatuto de Autonom¨ªa de 1979.

Ibarretxe, en reacci¨®n a la decisi¨®n del Gobierno espa?ol de impugnar la propuesta ante el Tribunal Constitucional, ha invocado su derecho a que se debata su posici¨®n. No hay duda de que ese derecho lo tiene, y lo tienen, m¨¢s a¨²n, partidos democr¨¢ticos como el PNV, EA e IU (que, contra las desafortunadas palabras de Mayor Oreja, no son igual a ETA). Sin embargo, tambi¨¦n otros partidos democr¨¢ticos, como el PP o el PSOE, tienen el derecho a decir que, en una Comunidad en la que hay violencia contra la mitad de la poblaci¨®n, el principal objetivo de un Gobierno que representa a todos es combatir esa violencia, y en especial a ETA. Y tienen derecho a decir que un proyecto constituyente de la envergadura del que ha presentado el Gobierno vasco no se debe plantear en la situaci¨®n de excepcionalidad, de amenaza y de coacci¨®n que vive precisamente la parte de la poblaci¨®n menos proclive a aceptar la derogaci¨®n del Estatuto de Autonom¨ªa que pretende Ibarretxe. Y tienen tambi¨¦n derecho a decir que no es forma de defender un nuevo Estatuto constitucional para Euskadi romper el anterior unilateralmente, contra la mitad de las fuerzas pol¨ªticas, dividiendo a la sociedad y debilitando, por tanto, la necesaria unidad de ¨¦sta contra el terrorismo.

El plan Ibarretxe y sus ideas se pueden debatir en una democracia como lo que ha logrado traer a Euskadi la Constituci¨®n y el Estatuto. Ya se est¨¢ haciendo. El debate es libre. Nadie lo podr¨¢ impedir. En nuestra democracia -lo dec¨ªamos con ocasi¨®n de la aprobaci¨®n de la Ley de Partidos y la ilegalizaci¨®n de Batasuna-, todas las ideas se pueden defender y debatir, salvo las que apoyen la violencia. Se puede defender y debatir el plan Ibarretxe, y hasta la independencia de Euskadi, o la Rep¨²blica.

El debate del plan Ibarretxe -el debate por el debate- es el objetivo del lehendakari para apropiarse de los votos de Batasuna. Y el PP sabemos que lo utilizar¨¢ para convertir la campa?a electoral de las generales en una especie de plebiscito sobre la unidad de Espa?a, tambi¨¦n por razones partidistas.

Pero la cuesti¨®n de fondo, por encima de las pretensiones electoralistas del PNV o del PP, no es si se puede debatir o no el plan secesionista de Ibarretxe. Claro que se puede en una democracia (!). La cuesti¨®n de fondo es que ese plan -lo sabe quien lo hizo y quien lo apoy¨®-, en su contenido y en su esencia, no resulta negociable con el supuesto destinatario de la supuesta negociaci¨®n: las Cortes Generales. Por eso, su destino es el fracaso.

Ibarretxe sabe que ese proyecto es inasumible de ra¨ªz por PP y PSOE. Sabe que es, por ello, un callej¨®n sin salida para el pueblo vasco, al que no quiere decirle la verdad. Y sabe que no puede depender para ello de hipot¨¦ticos ¨¦xitos electorales futuros, porque, en definitiva, ¨¦l se propone romper unilateralmente un pacto pol¨ªtico profundo (el Estatuto), y eso no es admisible ni en Espa?a ni en Europa.

La salida para el Pa¨ªs Vasco es la profundizaci¨®n de su autonom¨ªa en Espa?a y en Europa. Y eso pasa por la profundizaci¨®n en el pacto entre Espa?a y Euskadi que se expresa en el Estatuto, no por su voladura. Y pasa por el di¨¢logo entre el Gobierno de Madrid y el de Euskadi, y no por la irresponsable ausencia de interlocuci¨®n entre La Moncloa y Ajuria Enea.

Por ¨²ltimo, una consideraci¨®n general. El plan Ibarretxe no es el ¨²nico problema de nuestro pa¨ªs. No hay que consentir que la unidad de Espa?a -que no est¨¢ en cuesti¨®n en una democracia consolidada de un pa¨ªs europeo como el nuestro- se convierta en el monotema de la gran decisi¨®n electoral de marzo de 2004.

Diego L¨®pez Garrido es diputado y miembro de la Comisi¨®n Ejecutiva Federal del PSOE.