Una apuesta por descentralizar la Generalitat

La descentralizaci¨®n de poder a los municipios es la gran asignatura pendiente en el proceso de construcci¨®n del modelo de Estado que surge de la Constituci¨®n de 1978. Y lo es especialmente en Catalu?a, donde la autonom¨ªa ha servido para desarrollar una Administraci¨®n fuertemente centralizada en las instituciones de la Generalitat, como se evidencia en el reci¨¦n publicado Informe Pi i Sunyer sobre la ampliaci¨®n de competencias municipales. Las cifras son suficientemente elocuentes. Actualmente, en Espa?a el gasto de la Administraci¨®n local representa el 13% del gasto total del sector p¨²blico, mientras que en los pa¨ªses de estructura federal, con los que Espa?a puede compararse, el gasto de las administraciones locales se sit¨²a a un nivel mucho m¨¢s alto: Alemania, 15%; Canad¨¢, 18%; Suiza, 23%, y EE UU, 26%. En el caso de Catalu?a, el peso de la Administraci¨®n local es del 16%, aunque esta cifra no es directamente comparable con las anteriores, al ser aquellas referentes al conjunto de los entes locales de un pa¨ªs y no a entes locales pertenecientes a regiones equiparables econ¨®micamente a Catalu?a.

Descentralizar a los municipios no es un capricho, es un medio para hacer m¨¢s eficaces las prestaciones p¨²blicas

Por otra parte, descentralizar a los municipios no es, ni mucho menos, un simple capricho estad¨ªstico o una mera f¨®rmula para redistribuir el poder pol¨ªtico. Por el contrario, hay un consenso creciente en que descentralizar es en muchos casos un medio para mejorar la eficacia de las prestaciones p¨²blicas. Sin duda es as¨ª en el caso de las pol¨ªticas p¨²blicas para la cohesi¨®n y la integraci¨®n social, en las cuales la proximidad proporciona la necesaria adecuaci¨®n de la actividad p¨²blica a realidades muy diferentes, facilita la participaci¨®n social y hace posible la formulaci¨®n y desarrollo de acciones y pol¨ªticas transversales, imprescindibles para atajar la pobreza, las desigualdades y la marginaci¨®n social. De ah¨ª que resulte altamente aconsejable descentralizar competencias de la Generalitat a los municipios en educaci¨®n, vivienda y pol¨ªticas activas de ocupaci¨®n, pues ¨¦stas son, adem¨¢s de los servicios sociales, las funciones p¨²blicas m¨¢s directamente vinculadas a las pol¨ªticas p¨²blicas para la cohesi¨®n y la integraci¨®n social.

Hay, pues, razones sobradas que aconsejan trasladar a los entes locales muchas de las funciones que actualmente ejerce la Generalitat en materia de educaci¨®n, vivienda y pol¨ªticas activas de ocupaci¨®n. Pero no es una tarea sencilla. No cabe duda de que la Generalitat tiene capacidad jur¨ªdica para hacerlo. Pero es igualmente cierto que la mayor¨ªa de ayuntamientos catalanes no dispone de la capacidad pol¨ªtica y de gesti¨®n necesarias para asumir estas nuevas funciones; sin embargo, para eso est¨¢n comarcas y diputaciones (o futuros consejos regionales): para apoyar, complementar o suplir a los municipios. Se impone, por lo tanto, un proceso de descentralizaci¨®n en una l¨®gica de geometr¨ªa variable: en las ciudades medianas y grandes, las nuevas competencias que propugnamos deben ser para los ayuntamientos; en el resto del territorio, para consejos comarcales, diputaciones o futuros consejos regionales.

Un proceso de estas caracter¨ªsticas, en buena l¨®gica, debe ser gradual, empezando por los ayuntamientos m¨¢s capacitados e interesados y debe proseguir, completando el proceso a medio plazo, en todo el territorio. El instrumento id¨®neo para un proceso de estas caracter¨ªsticas, al menos a corto y medio plazo, es la delegaci¨®n de competencias a favor de los entes locales que lasrequieran, pues esta instituci¨®n facilita la gradualidad, la diversidad de soluciones, la adopci¨®n de compromisos financieros ajustados y el mantenimiento de unas ciertas capacidades de direcci¨®n y control ahora en manos de la Generalitat.

La ejecuci¨®n de este proceso supondr¨¢ una cierta homologaci¨®n en el grado de descentralizaci¨®n con los pa¨ªses federales puestos como ejemplo. As¨ª, con el traspaso de las funciones citadas, el gasto p¨²blico local aumentar¨ªa, de media, en un 23%, pasando el peso de la Administraci¨®n local del 13% actual al 16% en el conjunto estatal, cifra m¨¢s pr¨®xima al peso de los pa¨ªses citados. Para el caso de Catalu?a, se pasar¨ªa del 16% actual al 20%.

L¨®gicamente, el proceso anterior deber¨¢ implicar que los gobiernos locales reciban la financiaci¨®n adicional necesaria para cubrir el aumento de gasto. Este ajuste en la financiaci¨®n deber¨¢ arbitrarse, en buena parte, entre la Administraci¨®n auton¨®mica (titular actual de las funciones a traspasar) y la local, sin olvidar que el Gobierno central tambi¨¦n ha de participar como responsable ¨²ltimo de las principales fuentes impositivas.

Desde el inicio de la etapa democr¨¢tica la Administraci¨®n local ha tenido un papel decisivo en la transformaci¨®n que ha experimentado este pa¨ªs y ha llevado a t¨¦rmino una buena gesti¨®n de los recursos que ha tenido atribuidos. Por tanto, los gobiernos locales est¨¢n legitimados para reclamar un mayor protagonismo dentro del conjunto del sector p¨²blico, dot¨¢ndoles de m¨¢s responsabilidades y de los recursos suficientes para llevarlas a cabo. En definitiva, es la hora de potenciar el poder local y de reforzar su capacidad financiera.

Josep Mir, profesor titular de Derecho Administrativo de la UPF, y N¨²ria Bosch, catedr¨¢tica de Hacienda P¨²blica de la UB. Autores del Informe Pi i Sunyer sobre la ampliaci¨®n de competencias municipales.