El Supremo excluye de los convenios colectivos al profesorado de religi¨®n

La confusi¨®n sobre el r¨¦gimen laboral de los profesores de catolicismo no acabar¨¢ con la sentencia dada a conocer ayer por el Tribunal Supremo, en la que se excluye a ese colectivo de los convenios colectivos en la Comunidad de Madrid. El Supremo da la raz¨®n al Gobierno regional del PP y a algunos sindicatos de clase, pero otras comunidades aut¨®nomas, como Catalu?a, Canarias, Cantabria y Pa¨ªs Vasco, entre otras, sostienen la idea contraria y no se ven afectadas, de momento, por el fallo.

La tesis de la Sala Cuarta del Supremo para anular ahora una sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de mayo de 2002, en favor de los docentes de religi¨®n, es que ese profesorado "ostenta un r¨¦gimen de condiciones de trabajo propio y muy sustancialmente divergente del recogido en el mencionado convenio [para el personal laboral de la Comunidad de Madrid], al que en modo alguno le resultan aplicables las normas respecto de la selecci¨®n de personal, provisi¨®n de puestos o movilidad, y tampoco las referidas al tiempo de prestaci¨®n de trabajo".

Desde el pacto suscrito en1998 entre el entonces ministro de Educaci¨®n en el primer Gobierno del PP, Mariano Rajoy, con la Conferencia Episcopal, los docentes de catolicismo son contratados y pagados por el Estado, pero seleccionados y propuestos cada a?o por los obispos. Entre los compromisos arrancados al PP aquel a?o por el episcopado se encontraba el de excluir a los profesores de religi¨®n de toda "posibilidad de negociaciones de convenios colectivos", seg¨²n la "promemoria" redactada tras la reuni¨®n entre el presidente de la Comisi¨®n Episcopal de Ense?anza y Catequesis, Antonio Dorado, y el secretario general de Educaci¨®n, Eugenio Nasarre. El Gobierno no cedi¨® entonces con el argumento de que no contaba con el apoyo de Converg¨¨ncia i Uni¨®. Los prelados lo consiguen hoy por sentencia judicial.

Cruce de sentencias

Cientos de sentencias han refutado desde entonces las consecuencias de aquel pacto tras algunos despidos de docentes por causas como casarse por lo civil o con divorciados, ejercer el derecho de huelga o pertenecer a determinadas organizaciones pol¨ªticas y sindicales. Adem¨¢s, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias se ha dirigido en cuatro ocasiones distintas al Tribunal Constitucional planteando dudas sobre la constitucionalidad de una decena de art¨ªculos de los acuerdos entre la Santa Sede y Espa?a que los sustentan desde 1979.

La sentencia del Supremo conocida ayer coincide en el tiempo con otra del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la segunda en un mes, dictando la anulaci¨®n de parte de un decreto del Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido entonces por Alberto Ruiz-Gallard¨®n, de 31 de agosto de 2000, por el que la Consejer¨ªa de Educaci¨®n creaba nuevos departamentos did¨¢cticos que discriminaban al profesorado de religi¨®n.

Los representantes de los profesores de religi¨®n en la Comunidad de Madrid pusieron ayer el grito en el cielo tras conocer la sentencia del Tribunal Supremo contra su derecho a figurar en los convenios colectivos. "Algunos jueces act¨²an de brazo secular de la jerarqu¨ªa eclesi¨¢stica y creen que los profesores somos unos d¨ªscolos por pedir que se nos apliquen derechos fundamentales que nadie se atrever¨ªa a negar a nadie", dijo un portavoz de la Asociaci¨®n Profesional y Sindical de Profesores de Religi¨®n de Educaci¨®n Secundaria y Primaria.