C¨®mo los j¨®venes abolieron la mili

La supresi¨®n del servicio militar obligatorio figuraba en el pen¨²ltimo apartado (detr¨¢s del referido a la Uni¨®n Europea y s¨®lo por delante del dedicado al peaje de las autopistas) del pacto de investidura firmado en abril de 1996 por el PP y Converg¨¨ncia i Uni¨®, que permiti¨® a Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar convertirse en presidente del Gobierno. Se a?adi¨® a ¨²ltima hora -lo que el PP prometi¨® en campa?a electoral fue reducir la duraci¨®n de la mili de nueve a seis meses- para diluir la imagen de que el acuerdo era una mera lista de concesiones a Catalu?a. "El actual modelo mixto [de Fuerzas Armadas] se transformar¨¢ gradualmente en uno profesional que ya no exigir¨¢ la prestaci¨®n del servicio militar obligatorio. El plazo de consecuci¨®n de este modelo profesional ser¨¢ el del a?o 2001, siempre y cuando lo permitan las necesidades presupuestarias y las exigencias de la Defensa", dec¨ªa el pacto.

"ART?CULO 30, 2. La ley fijar¨¢ las obligaciones militares de los espa?oles y regular¨¢, con las debidas garant¨ªas, la objeci¨®n de conciencia, as¨ª como las dem¨¢s causas de exenci¨®n del servicio militar obligatorio, pudiendo imponer, en su caso, una prestaci¨®n social sustitutoria"

Lo que ni siquiera sus redactores habr¨ªa creido entonces es que sus previsiones se cumplir¨ªan con toda exactitud: el reclutamiento universal y forzoso fue abolido en Espa?a -legalmente s¨®lo suspendido con car¨¢cter indefinido- el 31 de diciembre de 2001, tras m¨¢s de dos siglos de tormentosa historia. Pero el calendario no se cumpli¨® porque "las necesidades presupuestarias y las exigencias de la Defensa" lo permitieran, sino porque la realidad social se impuso. En su ¨²ltimo a?o de vigencia, s¨®lo 7.000 j¨®venes se incorporaron a filas, una cifra al menos diez veces inferior a la de los objetores.

Cuando se redact¨® la Constituci¨®n, la objeci¨®n de conciencia era todav¨ªa un fen¨®meno relativamente ex¨®tico, iniciado bajo el franquismo por los testigos de Jehov¨¢, a quienes se sumar¨ªa en 1971 Pepe Be¨²nza, primer objetor no religioso. La ley que desarrollaba este derecho constitucional no se aprob¨® hasta 1984, y todav¨ªa hubo que esperar hasta 1989 para que se pusiera en marcha la Prestaci¨®n Social Sustitutoria (PSS), un servicio civil de mayor duraci¨®n que la mili que deb¨ªan cumplir quienes se negaban a empu?ar las armas. Quiz¨¢ ayudada por estos retrasos, la objeci¨®n gan¨® popularidad en Espa?a, hasta convertirse en un fen¨®meno de masas sin parang¨®n en ning¨²n otro pa¨ªs. La cifra de objetores super¨® la barrera de 10.000 anuales en 1988, los 20.000 en 1990, los 50.000 en 1993 y los 100.000 en 1997. Al final del proceso, m¨¢s de un mill¨®n de j¨®venes se hab¨ªan acogido a esta f¨®rmula.

En 1989 apareci¨® un nuevo fen¨®meno: la insumisi¨®n; es decir, la negativa a cumplir no s¨®lo la mili, sino tambi¨¦n la PSS. Aunque nunca alcanz¨® las dimensiones de la objeci¨®n, tuvo un gran impacto social, pues por vez primera en democracia volvieron a existir presos de conciencia en Espa?a. En junio de 1996 hab¨ªa 348 insumisos en las prisiones.

La presi¨®n social empuj¨® a los partidos a tomar una decisi¨®n que, por otra parte, era inevitable y acabar¨ªan adoptado casi todos los pa¨ªses europeos: la profesionalizaci¨®n total de las Fuerzas Armadas. Pero la transici¨®n no s¨®lo fue precipitada, sino que se hizo en el peor momento, cuando la ca¨ªda de la natalidad empezaba a restringir dr¨¢sticamente la cantera del reclutamiento. Muy pronto se vio que la cifra de efectivos prevista en la Ley del Personal de las Fuerzas Armadas de 1999 (entre 102.000 y 120.000 soldados profesionales) resultaba inalcanzable. Defensa recurri¨® a todo tipo de procedimientos para atraer soldados: desde acudir a Suram¨¦rica para reclutar a hijos de espa?oles hasta volver a permitir el ingreso de extranjeros en unidades como la Legi¨®n. Pese a ello, los ej¨¦rcitos s¨®lo cuentan en la actualidad con 70.000 efectivos de tropa, y el objetivo m¨¢ximo para el pr¨®ximo a?o se ha reducido a 80.000.

La otra cara de la moneda es que la mitad de la poblaci¨®n ha podido al fin ejercer "el derecho y el deber de defender a Espa?a" que reconoce a todos los ciudadanos el apartado 1 del art¨ªculo 30. A partir de 1988, primero t¨ªmidamente y luego en condiciones de plena igualdad, las puertas de los cuarteles se han abierto para las mujeres. Ya son m¨¢s del 10% de los militares, aunque, dada la duraci¨®n de la carrera castrense, a¨²n pasar¨¢n algunos a?os antes de que la primera mujer se ponga las estrellas de general.