El Constitucional da audiencia al Ejecutivo vasco en la impugnaci¨®n del 'plan Ibarretxe'

El Pleno del Tribunal Constitucional acord¨® ayer abrir un tr¨¢mite de audiencia por un plazo com¨²n de 10 d¨ªas para que el Gobierno Vasco y la Mesa de la C¨¢mara de Vitoria, as¨ª como el Gobierno central, formulen alegaciones sobre la impugnaci¨®n del plan Ibarretxe. La apertura de este tr¨¢mite pone de relieve la divisi¨®n en el seno del Tribunal acerca de la admisibilidad de la impugnaci¨®n del Gobierno. Aunque todos los magistrados creen que el plan Ibarretxe es inconstitucional, las dudas surgen sobre si cabe su impugnaci¨®n en una fase tan temprana de su tramitaci¨®n.

La decisi¨®n de abrir un plazo de audiencia para las partes es absolutamente inusual en el tr¨¢mite de admisi¨®n, seg¨²n aseguraron expertos constitucionalistas, que coincidieron en que su simple apertura ya indica que las cosas no est¨¢n tan claras. La providencia del Constitucional solicita a las tres partes implicadas que "aleguen lo que consideren conveniente sobre la concurrencia o no en dichos acuerdos del presupuesto procesal insubsanable de constituir objetos id¨®neos de la impugnaci¨®n regulada en el art¨ªculo 161.2 de la Constituci¨®n y en el T¨ªtulo V de la Ley Org¨¢nica del Tribunal Constitucional".

Seg¨²n las fuentes consultadas la totalidad de los magistrados se muestra de acuerdo con la inconstitucionalidad, en s¨ª, del plan Ibarretxe aunque las principales divergencias se sit¨²an en torno a la admisi¨®n de de los dos acuerdos impugnados por el Gobierno central: el acuerdo de 25 de octubre del Gobierno Vasco, por el que se aprob¨® la llamada "Propuesta de Estatuto Pol¨ªtico de la Comunidad de Euskadi" o plan Ibarretxe y se dio traslado del mismo al presidente del Parlamento Vasco, y el acuerdo de la Mesa del Parlamento Vasco, de 4 de noviembre de 2003, mediante el que se admiti¨® a tr¨¢mite.

Mientras el primero de los acuerdos es una "propuesta" cuyo traslado al Parlamento vasco ya ha sido ejecutado, y su eventual declaraci¨®n de inconstitucionalidad tendr¨ªa una efectividad limitada, su tramitaci¨®n como ley del Parlamento vasco es mucho m¨¢s vulnerable desde el punto de vista de una eventual declaraci¨®n de inconstitucionalidad que conllevar¨ªa su nulidad radical.

La propuesta de resoluci¨®n del magistrado ponente, Guillermo Jim¨¦nez, respaldada por el presidente del Tribunal Constitucional, Manuel Jim¨¦nez, consiste en la admisi¨®n a tr¨¢mite de ambos acuerdos impugnados por el Gobierno.

Suspensi¨®n autom¨¢tica

Sin embargo, todo apunta a que un n¨²mero significativo de magistrados, que podr¨ªa poner en peligro la mayor¨ªa, no se muestra de acuerdo con la propuesta del ponente y se inclinar¨ªa en unos casos por rechazar la totalidad del recurso del Gobierno y en otros, por no admitir a tr¨¢mite el primero de los acuerdos impugnados, el de la aprobaci¨®n del plan Ibarretxe por parte del Gobierno Vasco.

La inadmisi¨®n de uno solo de los dos acuerdos impugnados tendr¨ªa el efecto autom¨¢tico de dejar en suspenso la tramitaci¨®n del plan Ibarretxe por la C¨¢mara de Vitoria durante un plazo de cinco meses, prorrogable, pero que en cualquier caso se prolongar¨ªa hasta despu¨¦s de las elecciones generales del mes de marzo,con lo que se llegar¨ªa a ¨¦stas con el plan en suspenso. As¨ª pues, en realidad, la admisi¨®n de una sola de las impugnaciones tendr¨ªa el mismo efecto suspensivo que la de ambas.

Sin embargo, las principales divergencias entre los magistrados se sit¨²an principalmente en torno a admitir la impugnaci¨®n del plan Ibarretxe, por la dificultad que tiene considerar esa "propuesta" como una "resoluci¨®n emanada" de la comunidad aut¨®noma vasca, -que es la figura jur¨ªdica que cabe impugnar seg¨²n el art¨ªculo 76 de la ley org¨¢nica del Tribunal Constitucional.

A reserva de lo que digan las partes en sus alegaciones, las fuentes consultadas creen que en definitiva se estimar¨¢ al menos la impugnaci¨®n del acuerdo de la Mesa de tramitar el plan Ibarretxe por alto n¨²mero de magistrados, aunque ser¨¢ inevitable que se produzcan votos particulares.

Demandas de indefensi¨®n

Seg¨²n las fuentes consultadas, el tr¨¢mite de alegaciones es una salida temporal que de paso permite al Tribunal cubrirse frente a futuras demandas del Gobierno o el Parlamento vasco de indefensi¨®n ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, por v¨ªa de amparo. Dada la trascendencia que supondr¨ªa la suspensi¨®n de la tramitaci¨®n parlamentaria del plan Ibarretxe, la solicitud de alegaciones supone adem¨¢s una garant¨ªa adicional para el Gobierno y la C¨¢mara de Vitoria.

Adem¨¢s, el tr¨¢mite de alegaciones permite diferir la resoluci¨®n no s¨®lo hasta despu¨¦s de los actos de homenaje al XXV aniversario de la Constituci¨®n, sino incluso hasta despu¨¦s de las vacaciones de Navidad, lo que permite acercar posiciones y reducir la divisi¨®n existente en este momento.

El plazo com¨²n de 10 d¨ªas h¨¢biles, concluir¨¢ el 18 de este mes, en la ¨²ltima "semana jurisdiccional" del Pleno del Tribunal, lo que implica que hasta entrado enero de 2004 no se producir¨¢ la decisi¨®n de admitir o no a tramite la impugnaci¨®n del Gobierno central.

Seg¨²n los expertos consultados, cuando se trata de una resoluci¨®n de admisi¨®n a tr¨¢mite basta con una simple providencia, que habitualmente no tiene m¨¢s de folio y medio, pero si se produce la inadmisi¨®n de uno de los acuerdos impugnados, la resoluci¨®n del Constitucional deber¨¢ revestir al forma de auto, m¨¢s extenso y con explicaciones m¨¢s detalladas de los fundamentos de derecho sobre las alegaciones de las partes.

El auto del Tribunal permite adem¨¢s que se acompa?en al mismo los votos particulares, concurrentes o disidentes con la posici¨®n de la mayor¨ªa.