Catalu?a, Euskadi, Espa?a y la libertad

Algunos l¨ªderes del PP no se percatan de que su manera partidista, con visi¨®n de corto plazo y electoralista, de usar la cuesti¨®n de la Constituci¨®n, el Estado y el riesgo de los nacionalismos tiene una consecuencia fatal: la necesaria cr¨ªtica que provoca en muchos ciudadanos sirve de excusa para obviar el fondo del debate, distorsionarlo y enmascararlo, e incluso llega a servir de argumento para afianzar la bondad, o por lo menos neutralidad, de planteamientos que de otra manera merecer¨ªan un rechazo claro. Y si esos mismos responsables del PP se percatan de todo esto, su irresponsabilidad es imperdonable.

Pero tambi¨¦n es imperdonable que quienes hacen, o debieran hacer, de la cr¨ªtica su oficio y su vocaci¨®n -las gentes de izquierda- se conformen con quedarse impugnando a voz en grito la pantalla ocultadora construida por la torpeza de esos algunos l¨ªderes del PP y no avancen a analizar cr¨ªticamente las cuestiones de fondo. Que no perciban la nocividad de algunas frases hechas que se van instalando en el debate -"cualquier opini¨®n es leg¨ªtima si se plantea por medios pac¨ªficos", "los discursos pol¨ªticos no son actos sociales con consecuencias en el comportamiento de las personas"...- e incluso lleguen a invertir los t¨¦rminos del debate, haciendo ver que la torpeza del PP es la causa de los problemas de fondo que hay que analizar cr¨ªticamente, ocultando as¨ª la verdad de la historia de los ¨²ltimos a?os.

Mucha tinta est¨¢ haciendo correr la fecha del 25? aniversario de la Constituci¨®n espa?ola. La mayor¨ªa de los comentarios van ligados al entramado de problemas relacionados con la cohesi¨®n territorial, con la acomodaci¨®n de los nacionalismos, con el Plan Ibarretxe, con el ascenso electoral de ERC en las recientes elecciones catalanas. Y se discute con denuedo y muchos conocimientos si el Plan Ibarretxe es una reforma estatutaria o una reforma de la Constituci¨®n; qui¨¦n est¨¢ legitimado para iniciar un proceso de reforma constitucional; lo que cabe y no cabe en la Constituci¨®n; qui¨¦n es el culpable de que los nacionalismos se sientan inc¨®modos con la forma en que se ha desarrollado la Constituci¨®n, o con la interpretaci¨®n que de ella han hecho los sucesivos Gobiernos, incluido los de Aznar; si estar¨ªan m¨¢s c¨®modos en la Espa?a plural y federal que proclama Pasqual Maragall, o simplemente les incomoda la Constituci¨®n porque es espa?ola.

Lo que en realidad debiera ser debatido es si la Constituci¨®n espa?ola cumple su funci¨®n b¨¢sica de garantizar la libertad personal y los derechos ciudadanos, y si el Plan Ibarretxe respeta esos derechos y libertades y si los nacionalismos independentistas no los quiebran precisamente. Todas las dem¨¢s cuestiones -las procedimentales, las referidas a la organizaci¨®n territorial del Estado, la plurinacionalidad de Espa?a, la comodidad "debida" a los nacionalismos- deben ser planteados con referencia a los principios de libertad personal y de derecho de ciudadan¨ªa.

La conquista de la Constituci¨®n, aunque despu¨¦s de la muerte de Franco, pero como resultado de la lucha contra la dictadura, signific¨® sobre todo la conquista de la libertad personal y del derecho de ciudadan¨ªa. Los derechos sociales lo son porque sin ellos no se pueden ejercer la libertad y el derecho de ciudadan¨ªa. Y la estructura auton¨®mica del Estado, el reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado sirven y deben servir a la libertad individual y al derecho de ciudadan¨ªa en tanto en cuanto su ejercicio puede exigir y necesitar la referencia a las lenguas, culturas e identidades diferenciadas, y ¨¦stas hacer deseable o exigible instituciones de autogobierno.

Pero los principios de libertad personal y derecho de ciudadan¨ªa siguen siendo la referencia b¨¢sica. Y el respeto a los procedimientos acordados y pactados se entiende como garant¨ªa de esos principios, que son los que quedan en entredicho cuando los nacionalismos independentistas pretenden definir sociedades complejas y plurales como Euskadi y Catalu?a sobre la base de la pertenencia exclusiva de todos sus habitantes a Catalu?a o a Euskadi. ?se es el ¨²nico sentido posible de la independencia, y ¨¦se es el problema del Plan de Ibarretxe, que parte de la definici¨®n de Euskadi desde la pertenencia de todos los ciudadanos a la nacionalidad vasca, y no a una nacionalidad mixta, plural, compleja.

Resulta evidente que la violencia terrorista diferencia radicalmente las situaciones de Euskadi y de Catalu?a. Y el empe?o de algunos l¨ªderes nacionalistas vascos en presentar el Plan de Ibarretxe como la ¨²nica v¨ªa posible para poner fin a la violencia distancia al nacionalismo tradicional vasco de cualquier nacionalismo catal¨¢n. Pero el hecho de que ERC sea un partido pac¨ªfico no significa necesariamente que respete el principio constitucional de la libertad personal y del derecho de ciudadan¨ªa en su significado concreto para la compleja y plural sociedad catalana.

Es importante que en la campa?a electoral catalana los nacionalistas, especialmente ERC, hayan subrayado que lo que importa es el bienestar social, raz¨®n que lleva a exigir m¨¢s autogobierno. Aunque sea discutible, tiene importancia que afirmen que no importa la procedencia de los habitantes de Catalu?a ni que, adem¨¢s de catalanes, se sientan espa?oles. La pregunta es c¨®mo se compadece ese respeto a la pluralidad y complejidad de la sociedad catalana y de sus identidades con la demanda de independencia, que implica exclusividad de pertenencia.

Claro que el nacionalismo tradicional vasco ha mantenido siempre el ideal de la independencia en su discurso, aunque su pr¨¢ctica pol¨ªtica, desde los tiempos de Sabino Arana como diputado foral, haya sido moderada, pragm¨¢tica y adecuada a los marcos jur¨ªdicos vigentes. Pero la falta de reformulaci¨®n de su discurso ha colocado al nacionalismo tradicional vasco en la posici¨®n actual, en la que se muestra incapaz de respetar en la definici¨®n institucional y jur¨ªdica que pretende para Euskadi el profundo pluralismo que caracteriza a la sociedad vasca.Sin renuncia al uso de la violencia no es posible la democracia. Es un requisito necesario. Pero quiz¨¢ no suficiente. Democracia requiere, adem¨¢s, respeto y valoraci¨®n positiva del pluralismo. Por eso una Espa?a democr¨¢tica tiene que ser, adem¨¢s de plural en t¨¦rminos de religi¨®n, de opini¨®n, de ideolog¨ªas, tambi¨¦n plural como Estado plurinacional. Y, en la misma medida, una Catalu?a y una Euskadi democr¨¢ticas tienen que ser en s¨ª mismas plurales, lo cual no se compadece con la pretensi¨®n de constituirlas en sujetos pol¨ªticos que sean la ¨²nica referencia de pertenencia para sus ciudadanos. La democracia como pluralismo implica que los ciudadanos pertenecen a plurales ¨¢mbitos de decisi¨®n.

Democracia, adem¨¢s de no violencia, significa un profundo respeto y una profunda vivencia del pluralismo como condici¨®n necesaria de la libertad personal y del derecho de ciudadan¨ªa. Pluralismo no s¨®lo en la casa del vecino, sino primero en la propia. La cuesti¨®n de la organizaci¨®n territorial del Estado no es una cuesti¨®n constitucional separada y sin referencia a los principios fundamentales proclamados y garantizados por ella. No se puede hablar de la adecuada organizaci¨®n territorial del Estado sin tener en cuenta el pluralismo de Espa?a, de Catalu?a y de Euskadi, y la libertad personal y el derecho de ciudadan¨ªa de los ciudadanos catalanes y vascos.

Los valores de autogobierno, de identidad diferenciada, deben ser entendidos y considerados en el contexto del pluralismo, sin el cual no es posible la libertad y el derecho de ciudadan¨ªa. Esto es lo que supone la cultura constitucional y lo que es preciso defender: la libertad.

Joseba Arregi es ex parlamentario vasco del PNV.