Desaf¨ªo catal¨¢n

El programa de Gobierno firmado por los socialistas, Esquerra Republicana e Iniciativa per Catalunya-Els Verds, que permitir¨¢ a Pasqual Maragall obtener la investidura como presidente de la Generalitat catalana, ha desencadenado un vendaval de cr¨ªticas a las pocas horas de darse a conocer. El conseller en cap del Gobierno saliente, Artur Mas, ha indicado que le parecen demasiado amplios los plazos fijados para la reforma del Estatuto (un a?o y medio), y considera que debe hacerse en seis meses, a pesar de que su partido no quiso abrir este mel¨®n en 23 a?os.

El portavoz del Gobierno de Espa?a, Eduardo Zaplana, ha ido m¨¢s lejos en sus cr¨ªticas -considera que el programa "es inconstitucional"- y ha utilizado la conferencia de prensa destinada a comunicar las resoluciones del Consejo de Ministros para arremeter contra los socialistas por haber firmado un acuerdo que ha calificado de "disparate" y atentatorio contra la idea de Espa?a. Zaplana ha rodeado sus declaraciones de solemnidad y ha expresado la "alt¨ªsima preocupaci¨®n" y el "desasosiego" del Ejecutivo central, insinuando incluso que Maragall podr¨ªa ir a la c¨¢rcel de prosperar su proyecto de consulta sobre el proyecto de Estatuto.

El tripartito de izquierdas est¨¢ ya en la diana antes de iniciar su mandato. La firma de un contrato transparente y minucioso entre los tres partidos, que compromete a los futuros gobernantes ante sus electores, constituye una novedad que debe ser bienvenida desde el punto de vista democr¨¢tico. Pero no va a contar con los cien d¨ªas de gracia. Ni siquiera se ha esperado a escuchar las explicaciones de Maragall en el debate de investidura. La nueva oposici¨®n, dirigida por Artur Mas y Josep Piqu¨¦, ya ha empezado a atacar al tripartito antes de constituirse, algo que no deja de ser l¨®gico en las actuales circunstancias. No lo es tanto, y eso s¨ª suscita "alt¨ªsima preocupaci¨®n" y "desasosiego", la utilizaci¨®n partidista del Gobierno de la naci¨®n y de su portavoz para atacar prematuramente un acuerdo ni siquiera presentado en sociedad. El PP no desaprovecha oportunidad para ampliar sus descalificaciones por supuesta inconstitucionalidad y su lista de sospechosos de poner en peligro lo m¨¢s sagrado de Espa?a.

Es cierto que Maragall y Carod deber¨¢n aclarar algunas de las preocupaciones que suscita la lectura del texto del pacto. Es muy necesario que se preserve la igualdad b¨¢sica de los ciudadanos espa?oles, que la solidaridad interterritorial sea algo m¨¢s que un mero enunciado constitucional y que, por supuesto, se respete escrupulosamente la legalidad al emprender las reformas. Un punto del acuerdo, utilizado como un proyectil por Zaplana, es de redacci¨®n confusa y no debe extra?ar que se interprete, en el sentido del plan Ibarretxe, como una amenaza de convocatoria de un refer¨¦ndum ilegal para el caso de que la propuesta de Estatuto catal¨¢n no sea aprobada en las Cortes. Aunque el PSC ha aclarado que descarta totalmente esta v¨ªa, el PP ya ha empezado a utilizarla para fustigar a Zapatero con vistas a las elecciones generales.

Es una cuesti¨®n que debe ser aclarada sin ambig¨¹edades. Una vez salvado este escollo, habr¨¢ que analizar con m¨¢s detalle la reforma estatutaria y del sistema de financiaci¨®n auton¨®mica. Pero en paralelo a los compromisos asumidos para desarrollar un programa de profundizaci¨®n del "catalanismo", el programa desarrolla un amplio cat¨¢logo de medidas econ¨®micas y sociales que constituyen todo un desaf¨ªo pol¨ªtico al inmovilismo del PP y a sus instintos m¨¢s conservadores. No ser¨¢ f¨¢cil gestionar la coalici¨®n de gobierno que encabeza Maragall, pero puede constituir una oportunidad para consolidar y profundizar el esp¨ªritu que alumbr¨® la Constituci¨®n hace 25 a?os.