La Audiencia Nacional rechaza la petici¨®n de 71 etarras para acceder a la semilibertad

El juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, Javier G¨®mez Berm¨²dez, rechaz¨® ayer, en resoluciones individuales, la petici¨®n de 71 reclusos de ETA para progresar al tercer grado penitenciario (semilibertad) y luego acceder a la libertad condicional. El magistrado argumenta que los presos etarras que han solicitado los citados beneficios penitenciarios no cumplen los requisitos legales para obtenerlos puesto que no han satisfecho las indemnizaciones a las v¨ªctimas y no han dado signo alguno de haber abandonado los fines y los medios terroristas.

Seg¨²n los autos notificados ayer a los reclusos implicados y al fiscal, el juez G¨®mez Berm¨²dez especifica:

- No constan satisfechas las responsabilidades civiles ni se ha ofrecido compromiso de hacer frente a las mismas.

- No se ha dado signo alguno de hacer abandonado los fines y medios terroristas en ninguna de las formas permitidas por la ley: colaboraci¨®n activa con la Justicia, declaraci¨®n expresa de repudio de sus actividades delictivas y de abandono de la violencia y una petici¨®n expresa de perd¨®n a las v¨ªctimas de sus delitos.

- Tampoco existe informe alguno que acredite que el preso est¨¢ desvinculado de la organizaci¨®n terrorista y del entorno y actividades de asociaciones y colectivos ilegales que la rodean o de su colaboraci¨®n con las autoridades.

- Respecto de la libertad condicional, no cumplen los requisitos del art¨ªculo 90 del C¨®digo Penal, puesto que no est¨¢n clasificados en tercer grado, no observan buena conducta y no hay un pron¨®stico individualizado y favorable de reinserci¨®n social.

Por todo ello, el magistrado precisa que "no se vislumbra sobre qu¨¦ base reclama el preso su progresi¨®n en grado ni su libertad condicional".

El juez Central de Vigilancia Penitenciaria destaca que "no existe un pretendido derecho a progresar en grado o a obtener la libertad condicional una vez extinguida una determinada parte de la condena impuesta en sentencia", sino que la progresi¨®n depende del tratamiento penitenciario y la evoluci¨®n del delincuente, puesto que, agrega el juez, "las penas se imponen para ser cumplidas". Y de aceptarse las tesis de los presos de ETA, "la pena impuesta en sentencia firme se convertir¨ªa no en una pena justa, sino en una especie de pena m¨¢xima o l¨ªmite m¨¢ximo de cumplimiento por debajo del cual todo es posible cualquiera que sea la evoluci¨®n del preso, su reeducaci¨®n (correcci¨®n de los factores de la personalidad que le llevaron a delinquir, entre ellos el respeto a los derechos humanos) y sus posibilidades de reinserci¨®n (la asunci¨®n de los valores de una sociedad democr¨¢tica)".

Los 71 presos que reclamaron su progresi¨®n de grado lo hicieron por medio de un formulario del que, seg¨²n la resoluci¨®n, parece deducirse la afirmaci¨®n de que no se puede aplicar retroactivamente la ley org¨¢nica 7/2003, que modifica las condiciones para obtener la libertad condicional.

Petici¨®n simult¨¢nea

El juez G¨®mez Berm¨²dez asegura que los preceptos de la citada ley no se est¨¢n aplicando retroactivamente, pues no se trata de reclusos que ya se encontraran en tercer grado o en libertad condicional y se les ha revocado. Pero incluso en el caso de que se estimara que la aplicaci¨®n tiene car¨¢cter retroactivo, "¨¦sta ser¨ªa legal por cuanto no se trata de normas sancionadoras ni restrictivas de derechos individuales".

La petici¨®n simult¨¢nea de 71 etarras de progresi¨®n de grado anunciada en el diario Gara, en la l¨ªnea ideol¨®gica de respaldo a la izquierda abertzale, se interpret¨® como un gesto hacia el colectivo de presos y sus familiares y como una campa?a de desprestigio de los ¨®rganos del Estado. En medios de la Audiencia Nacional se interpret¨® como una forma de tomarle la medida al juez Central de Vigilancia Penitenciaria que acababa de ser nombrado para resolver los los incidentes en prisi¨®n de los presos de la Audiencia Nacional. Ahora, ya saben a qu¨¦ atenerse.