Del barrio al reformatorio y... viceversa

Por el taller de ??igo, en el barrio madrile?o de San Ferm¨ªn, pasan a diario multitud de malhechores. Hay quien dice que aquello, m¨¢s que un taller de mec¨¢nica, es un "taller de delincuentes". Porque por all¨ª van j¨®venes como Susana, de 16 a?os, que llega con un parte de expulsi¨®n del instituto porque ha tirado una puerta abajo. O como Diego, que a sus 14 a?os en noviembre a¨²n no hab¨ªa conseguido plaza en un centro de la zona porque est¨¢n saturados de chicos conflictivos como ¨¦l y se pasa el d¨ªa "por ah¨ª, con los colegas del barrio". O como Alfonso que, a sus 18 a?os y reci¨¦n salido del centro de reforma donde cumpli¨® su ¨²ltima medida de seis meses, ha vuelto al barrio y ahora tiene una causa abierta m¨¢s grave: "Entr¨¦ con una beca de ladr¨®n y he salido con un doctorado de asesino", dice. Seg¨²n ??igo Ortiz, responsable de estos talleres de garant¨ªa social gestionados por la asociaci¨®n Alucinos, tienen 186 causas abiertas de chicos como ¨¦sos.

"Ocho a?os aqu¨ª es mucho tiempo para un joven de 14 o 16", dice el director de un centro

"Entr¨¦ con una beca de ladr¨®n y sal¨ª con un doctorado de asesino", asegura un menor

Sus nombres son ficticios, pero sus historias son tan reales como la vida misma y sus fechor¨ªas han vuelto a cuestionar la Ley del Menor, en vigor hace tres a?os.

Son menores con historiales delictivos labrados desde la m¨¢s temprana adolescencia y cuyas familias, repletas de problemas econ¨®micos, de drogas, de encarcelamientos y de muertes, no han sabido o no han podido llevarles por un camino mejor y ahora est¨¢n ah¨ª: en el barrio, en la calle.

La mayor¨ªa responde fielmente al perfil del menor delincuente, el mismo de los asesinos de Sandra Palo -violada, atropellada y quemada viva el pasado mayo en un barrio de Madrid por cuatro j¨®venes-. "Varones de entre 16 y 17 a?os, de nacionalidad espa?ola, que no han alcanzado el t¨ªtulo de graduado en ESO", en palabras de Jos¨¦ Mar¨ªa Alonso, consejero de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, donde hoy funcionan ocho centros de reforma (cuatro en r¨¦gimen cerrado, tres en semiabierto y uno terap¨¦utico para drogodependencias) y hay 151 plazas, todas ocupadas en la actualidad. En toda Espa?a hay 68 centros, con entre 15 y 40 plazas, seg¨²n el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Aunque casos tan aberrantes como el de Sandra Palo pusieron inmediatamente en cuesti¨®n la benevolencia o no de la Ley Org¨¢nica 5/2000 de Responsabilidad Penal del Menor y su posible reforma, son los menos frecuentes. "Los delitos que se llevan la palma son los robos con violencia, ya sea verbal, de grupo o con armas, y los robos con fuerza", dice J. Andr¨¦s Fern¨¢ndez Salagre, inspector jefe del GRUME, unidad de menores de la Brigada Provincial de Polic¨ªa Judicial. ?l, con a?os de experiencia, asegura que la ley, al incluir como menores infractores a los j¨®venes de entre 16 y 18 a?os, ha supuesto multiplicar por tres las detenciones: "Hemos pasado de 50 al mes, a entre 150 y 180", dice.

El Sindicato Profesional de Polic¨ªa (SUP) difundi¨® recientemente sus cifras sobre la delincuencia juvenil que se resum¨ªan en un titular: "Los j¨®venes cometen m¨¢s delitos y m¨¢s graves que hace 10 a?os, y los que m¨¢s aumentan son los robos con violencia o intimidaci¨®n (en m¨¢s de un 90%)". Seg¨²n los datos de la Fiscal¨ªa General del Estado, el a?o pasado hubo 24.641 delitos de ese tipo cometidos por menores, mientras que los "delitos contra la vida" (con o sin resultado de muerte) fueron 111.

Los expertos realizan diversas lecturas sobre el incremento de la delincuencia juvenil: uso de menores por mafias, falta de vigilancia adulta, inmigraci¨®n y marginalidad... Este aumento de casos y la virulencia de algunos han reabierto el debate sobre la Ley del Menor en el que se enfrentan dos derechos: el de los menores a ser protegidos y el de la sociedad y las v¨ªctimas a estarlo tambi¨¦n.

Las preguntas que surgen de esa pol¨¦mica son varias: ?hasta d¨®nde llega la responsabilidad del menor?, ?ha de limitarse su castigo al aislamiento o debe ir acompa?ado de una acci¨®n socioeducativa?, ?son las medidas tipificadas en la ley suficientes?, ?son aplicables con los recursos existentes?; si el objetivo es la reinserci¨®n, ?son los centros de reforma los sitios adecuados para este fin?, ?podr¨ªan evitarse muchos de los delitos?...

En lo que ata?e a la responsabilidad, la ley lo dice bastante claro: "Se establece inequ¨ªvocamente el l¨ªmite de los 14 a?os para exigir este tipo de responsabilidad sancionadora a los menores de edad penal, y se diferencian dos tramos, de 14 a 16 y de 16 a 18 a?os".

Sin embargo, y pese a que, seg¨²n fuentes policiales, los delitos de j¨®venes de 14 a?os no son los m¨¢s significativos en la lista de infracciones cometidas por menores, algunos opinan que ese l¨ªmite de edad es err¨®neo. "??C¨®mo es posible que la ley se plantee la impunidad total de los menores de 14 a?os?!", pregunta Esteban Ibarra, presidente del Movimiento Contra la Intolerancia. "Apoyamos los principios de resocializaci¨®n, pero no sancionar a un menor de 14 a?os si delinque no es educativo, sino que fomenta la delincuencia".

Tambi¨¦n Fern¨¢ndez Salagre advierte de esa circunstancia: "Se deber¨ªa cambiar el grado de responsabilidad de los menores inimputables (menores de 14 a?os), porque eso s¨ª que les da sensaci¨®n de impunidad y genera despu¨¦s una din¨¢mica delincuencial".

Una respuesta a esta cuesti¨®n la aportan algunos de los art¨ªfices de la actual ley, como el fiscal F¨¦lix Pantoja: "Se trata de una decisi¨®n pol¨ªtica, igual que decidimos no dar plenos derechos hasta los 18. La teor¨ªa del discernimiento, que consiste en medir la madurez de los menores para calcular su grado de responsabilidad en los delitos, exist¨ªa en el C¨®digo Penal de 1870 y estaban las c¨¢rceles llenas de cr¨ªos. Pero la actual ley incluye un modelo de progreso social".

El esp¨ªritu de la vigente ley, con el que todos los entrevistados se muestran de acuerdo, se basa en el castigo por la comisi¨®n de un delito, pero con un importante componente socioeducativo. Es decir, se trata de aprovechar la sanci¨®n para dotar de instrumentos al menor que le permitan vivir y entender el mundo sin tener que recurrir al comportamiento delictivo.

Pero a este respecto tambi¨¦n el debate est¨¢ servido, ya que hay quienes piensan que la ley es excesivamente ben¨¦vola y otros la ven suficientemente dura. Analizarlo implica ir al lugar en el que los menores cumplen sus "penas" (medidas): los centros de reforma, m¨¢s conocidos como reformatorios.

El Madro?o, con 15 internos, es uno de estos centros en Madrid. Es un edificio de dos plantas con una peque?a finca alrededor en la que hay huerta y granja, que cuidan los internos, y varios talleres.

Lo primero que se le entrega a cada nuevo interno es el horario y el reglamento, que recoge sus derechos y deberes y las consecuencias de su incumplimiento. En Madrid, por ejemplo, una falta grave es una amenaza y puede conllevar el encierro con llave en la habitaci¨®n por un m¨¢ximo de tres d¨ªas.

El horario est¨¢ lleno de actividades y el ocio programado. "Est¨¢bamos todo el d¨ªa haciendo algo. Picando en la huerta, en el taller..." , recuerda Alfonso. "Tenemos comprobado que un ocio de m¨¢s de dos horas al d¨ªa -incluyendo una hora de descanso solitario en la habitaci¨®n- supone mayor conflictividad. El horario les da seguridad porque, acostumbrados a una vida ca¨®tica, les tranquiliza", dice Socorro Alonso, coordinadora de los centros de la Comunidad. "Ocho a?os, que es la pena m¨¢xima, en un centro de ¨¦stos es mucho tiempo para un chaval de 14 o 16 a?os. Son edades cruciales en el desarrollo de una persona", dice el director de El Madro?o.

Pese a que las v¨ªctimas consideran que se trata de medidas "rid¨ªculas" y proponen un incremento de las penas, los organismos implicados, desde los fiscales hasta los educadores, consideran que son suficientes y que lo que no se consiga en ocho a?os (m¨¢s 10 de libertad vigilada) con un menor, no se consigue despu¨¦s. Los educadores sostienen que no hay que olvidar el contexto social del que provienen la mayor¨ªa de los menores. "Han sido v¨ªctimas de situaciones que no eligieron y ahora se les convierte en verdugos", dice Alonso. "No podemos poner al mismo nivel el dolor de las v¨ªctimas y las razones de los t¨¦cnicos". Pero esos argumentos no convencen a Maribel Laca?ina, que encontr¨® a su madre cosida a pu?aladas en su casa y pill¨® in fraganti a los menores (sus propios vecinos) que perpetraron el crimen. "Las medidas que les ponen son penosas. Hay ni?os que no lo son. Por m¨ª, que les caiga cadena perpetua, aunque all¨ª dentro hagan lo que quieran para recuperarlos. La ley est¨¢ hecha para defender al menor y no a la v¨ªctima".

Los expertos coinciden en que la falta de recursos y de coordinaci¨®n echa a perder el trabajo realizado en los reformatorios al perderse de vista la prevenci¨®n y el seguimiento de los casos. "Hay que prevenir el delito e ir a los focos y a las causas de esa desestructuraci¨®n familiar, de ese fracaso escolar, de esa falta de referentes y de valores, y ah¨ª es donde est¨¢ la labor de los ayuntamientos. Hace falta m¨¢s trabajo de calle", dice Pedro N¨²?ez Morgades, defensor del Menor. "Si no podemos encauzar a un ser que a¨²n no tiene formada su personalidad, no es que falle la ley, fallamos nosotros".

Seg¨²n Alonso, un 20% de los j¨®venes que ingresan en los centros vuelven hacerlo despu¨¦s. Pero, ?y los que no vuelven, como Alfonso? La respuesta es un¨ªvoca: vuelven al barrio y a delinquir y pronto son mayores de edad e ingresan en prisi¨®n directamente, su reinserci¨®n es cada vez m¨¢s complicada, y su carrera delincuencial, m¨¢s s¨®lida. "Con algunos s¨®lo hacemos un trabajo de seis meses, que es lo que dura su medida. Hacemos lo que podemos Pero luego vuelven al barrio sin m¨¢s apoyo, la normalizaci¨®n de sus vidas se complica. Nuestro trabajo se termina cuando salen". El paso por los centros se convierte en un viaje con billete de ida y vuelta: del barrio al reformatorio y... viceversa.