La nueva Ley de Extranjer¨ªa obliga desde hoy a los transportistas a informar sobre los pasajeros
Hoy entra en vigor la tercera reforma de la Ley de Extranjer¨ªa que el Gobierno acomete en esta legislatura. Las principales ONG la saludan con pesimismo y alguna anuncia recursos de inconstitucionalidad. Coinciden en que elimina o reduce derechos b¨¢sicos de los inmigrantes y en que aumenta su discriminaci¨®n. Esta reforma es consecuencia de una sentencia del Supremo que el pasado marzo pulveriz¨® 11 art¨ªculos clave del Reglamento que desarrolla la ley. Entre otras cuestiones, la nueva ley obliga desde hoy a las compa?¨ªas de viajeros a informar sobre los pasajeros procedentes de los pa¨ªses ajenos al acuerdo de Schengen -que suprimi¨® los controles fronterizos en 15 pa¨ªses europeos, incluida Espa?a- o de Ceuta y Melilla.
Para tapar las v¨ªas de agua abiertas por los jueces, el Gobierno decidi¨® modificar cuatro leyes: la de Extranjer¨ªa, la de Procedimiento Administrativo, la de R¨¦gimen Local y la de Competencia Desleal. Para no quedarse solo en este nuevo intento de reelaborar una norma que en tres ocasiones ha quedado fuera de combate a los pocos meses de su entrada en vigor, el Ejecutivo admiti¨® 20 de las 24 enmiendas presentadas por el PSOE.
Las enmiendas socialistas posibilitan, entre otras cosas, que un empresario que contrate trabajadores legalmente pueda denunciar por competencia desleal a otro que lo haga de forma irregular. Tambi¨¦n introducen la creaci¨®n de un visado de tres meses para que los extranjeros puedan buscar empleo en Espa?a. Y establecen la posibilidad de que un c¨®nyuge v¨ªctima de violencia de g¨¦nero pueda acceder a un permiso de residencia independiente al de su pareja a partir del momento en que obtenga una orden de protecci¨®n. Pero, en conjunto, la reforma supone un endurecimiento de la legislaci¨®n sobre inmigrantes. Estos son los puntos m¨¢s contestados por las ONG:
- Acceso policial al padr¨®n
"La inscripci¨®n en el Padr¨®n Municipal (...) deber¨¢ ser objeto de renovaci¨®n peri¨®dica cada dos a?os cuando se trate de la inscripci¨®n de extranjeros no comunitarios sin autorizaci¨®n de residencia permanente". "(...) La Direcci¨®n General de la Polic¨ªa acceder¨¢ a los datos de inscripci¨®n padronal de los extranjeros existentes en los padrones municipales, preferentemente por v¨ªa telem¨¢tica." (Modificaci¨®n de la Ley Reguladora de las Bases del R¨¦gimen Local: art¨ªculo tercero y disposici¨®n adicional s¨¦ptima).
El empadronamiento es imprescindible para obtener la tarjeta sanitaria, que permite el acceso de los inmigrantes irregulares al derecho universal a la salud. M¨¦dicos Sin Fronteras (MSF) recuerda que la poblaci¨®n inmigrante tiende a percibir las instituciones p¨²blicas m¨¢s como una amenaza que como una fuente de protecci¨®n. La confidencialidad de los datos del padr¨®n hab¨ªa permitido hasta ahora a ONG, sindicatos, comunidades aut¨®nomas y ayuntamientos animar a extranjeros en situaci¨®n irregular a que se empadronasen. "Es evidente que cualquier norma que cuestione la confidencialidad del padr¨®ntraer¨¢ como consecuencia el ocultamiento de los inmigrantes irregulares y con ello la p¨¦rdida de derechos b¨¢sicos".
En el mismo sentido se manifiestan Amnist¨ªa Internacional (AI) y SOS Racismo. Esta ¨²ltima a?ade que la modificaci¨®n de la Ley de Bases supone "una vulneraci¨®n de la autonom¨ªa de los ayuntamientos y de la Ley de Protecci¨®n de Datos" y "la segregaci¨®n jur¨ªdica y la indefensi¨®n de los extranjeros ante la Administraci¨®n".
La Comisi¨®n Espa?ola de Ayuda al Refugiado (CEAR) considera este punto "uno de los m¨¢s preocupantes". Y a?ade que supone "la puesta en marcha de un estado policial con respecto a la inmigraci¨®n", "incide en una mayor criminalizaci¨®n de los inmigrantes" y alienta "una sospecha generalizada que supuestamente obliga a establecer unos controles que no se exigen a los espa?oles".
- Sanciones a transportistas
"(...) Toda compa?¨ªa, empresa de transporte o transportista estar¨¢ obligada, en el momento de la finalizaci¨®n del embarque y antes de la salida del medio de transporte, a remitir a las autoridades espa?olas encargadas del control de entrada la informaci¨®n relativa a los pasajeros que vayan a ser trasladados, ya sea por v¨ªa a¨¦rea, mar¨ªtima o terrestre, y con independencia de que el transporte sea en tr¨¢nsito o como destino final, al territorio espa?ol. La informaci¨®n ser¨¢ comprensiva del nombre y apellidos de cada pasajero, de su fecha de nacimiento, nacionalidad, n¨²mero de pasaporte o del documento de viaje que acredite su identidad. Toda compa?¨ªa (...) estar¨¢ obligada a enviar a las autoridades espa?olas (...) la informaci¨®n comprensiva del n¨²mero de billetes no utilizados por los pasajeros que previamente hubiesen transportado a Espa?a (...). Lo establecido en este art¨ªculo se entiende tambi¨¦n para el caso de que el transporte a¨¦reo se realice desde Ceuta o Melilla hasta cualquier otro punto del territorio espa?ol". (Art¨ªculo 66 de la Ley de Extranjer¨ªa). Su incumplimiento es considerado infracci¨®n muy grave. ?stas son sancionadas con multas de hasta 6.000 euros por cada viajero y con los gastos de vuelta de los rechazados en frontera (Art¨ªculos 54 y 55 de la Ley de Extranjer¨ªa).
Para el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), "los transportistas no tienen capacidad para identificar casos que pudieran necesitar la protecci¨®n de los instrumentos internacionales de refugiados, ni pueden desarrollar competencias de ¨¢mbito estatal". CEAR, que anuncia que promover¨¢ un recurso de inconstitucionalidad contra estos art¨ªculos, hace una an¨¢lisis similar: "Supone en la pr¨¢ctica trasladar a los transportistas la responsabilidad de examinar los motivos que el extranjero se propone alegar en la solicitud de asilo al llegar a Espa?a. Con el riesgo de que a la m¨ªnima duda, y ante la amenaza de una fuerte multa, el empleado de la compa?¨ªa rechazar¨¢ a cualquiera con documentaci¨®n defectuosa. El resultado es la quiebra del sistema de asilo". AI recuerda que la Comisi¨®n de Derechos Humanos de la ONU ha determinado que las sanciones a las compa?¨ªas pueden violar el art¨ªculo 12 del Pacto de Derechos Civiles y Pol¨ªticos de 1996, que recoge el derecho de toda persona a salir de su propio pa¨ªs.
Principios de la Constituci¨®n
- Imposibilidad de regularizar la estancia en Espa?a. "La autoridad competente para resolver inadmitir¨¢ a tr¨¢mite las solicitudes [de residencia y de trabajo] relativas a los procedimientos regulados en esta ley, en los siguientes supuestos: (...) Cuando se trate de solicitudes manifiestamente carentes de fundamento. Cuando se refieran a extranjeros que se encontrasen en Espa?a en situaci¨®n irregular (...)". (Disposici¨®n adicional cuarta de la Ley de Extranjer¨ªa). Aunque la norma establece excepciones de car¨¢cter humanitario y de arraigo, SOS Racismo considera que, en la pr¨¢ctica, supone "la imposibilidad de regularizaci¨®n para quien no tiene papeles y se encuentra en Espa?a, aunque tenga una oferta de trabajo".
- Trabas administrativas. "Los procedimientos regulados en la Ley [de Extranjer¨ªa] se regir¨¢n por su normativa espec¨ªfica, aplic¨¢ndose supletoriamente la presente Ley [de Procedimiento Administrativo]". (Disposici¨®n adicional decimonovena de la Ley de Procedimiento Administrativo). Para CEAR, el sentido de esta modificaci¨®n es "eludir las garant¨ªas establecidas con car¨¢cter general para todos los administrados, estableciendo un tratamiento diferenciado que contradice principios generales recogidos en la Constituci¨®n". Por ejemplo, los extranjeros y sus empleadores habr¨¢n de presentar personalmente las solicitudes de residencia y de trabajo. Esto supone para CEAR "invalidar para los extranjeros determinados procedimientos administrativos establecidos en nuestra legislaci¨®n con car¨¢cter general, como el mecanismo de registro ¨²nico, la validez del correo administrativo certificado o la posibilidad de nombrar un representante para ejecutar los procedimientos".
- Freno a la reagrupaci¨®n familiar en cadena. "Los extranjeros que hubieran adquirido la residencia en virtud de una previa reagrupaci¨®n podr¨¢n, a su vez, ejercer el derecho de reagrupaci¨®n de sus propios familiares, siempre que cuenten ya con una autorizaci¨®n de residencia y trabajo obtenidas independientemente de la autorizaci¨®n del reagrupante y acrediten reunir los requisitos previstos en esta ley org¨¢nica [de Extranjer¨ªa]". (Art¨ªculo 17 de la Ley de Extranjer¨ªa).
En su sentencia de marzo, el Supremo afirm¨® que exigir un segundo permiso de residencia propio para que un extranjero que ha obtenido la regularizaci¨®n por reagrupaci¨®n familiar pueda ejercer ese derecho con sus propios familiares limita el derecho de las personas en esa situaci¨®n. De ah¨ª que SOS Racismo considere esta modificaci¨®n "un aut¨¦ntico fraude jur¨ªdico". "En vez de acatar la sentencia, el Gobierno convierte en ley los puntos anulados". CEAR a?ade que la obtenci¨®n de un permiso independiente puede "perpetuar situaciones de explotaci¨®n o abusos por parte de los reagrupantes, como presenciamos diariamente, que utilizar¨ªan la dependencia administrativa como un chantaje para la consecuci¨®n de sus fines".
"Un varapalo"
El consenso alcanzado entre el Gobierno y el PSOE para reformar la Ley de Extranjer¨ªa ha provocado que varias asociaciones de defensa de los inmigrantes critiquen la actitud de los socialistas, a los que acusan de apoyar la pol¨ªtica del Ejecutivo. Para los socialistas, el acuerdo no puede interpretarse como el pacto de Estado que reclama desde el comienzo de la legislatura. "Hemos realizado aportaciones de alcance, no contempladas en el proyecto gubernamental, y ¨¦stas son las que permiten calificar el texto resultante como satisfactorio y relevante para la pol¨ªtica de inmigraci¨®n", afirma la secretaria de pol¨ªticas sociales y migratorias del partido, Consuelo Rum¨ª.
Los socialistas recuerdan que la reforma es "hija de un doble varapalo: el que proporcion¨® la sentencia del Supremo contra 11 art¨ªculos del Reglamento de Extranjer¨ªa y la constataci¨®n de que la reforma de 2000 no serv¨ªa para frenar la inmigraci¨®n irregular".
Aquella reforma fue abordada por el Gobierno al comienzo de la legislatura. Consisti¨® en un endurecimiento radical de la primera ley, que hab¨ªa defendido el entonces ministro de Trabajo, Manuel Pimentel, y que provoc¨® su salida del Ejecutivo. Aqu¨¦lla incid¨ªa m¨¢s en la integraci¨®n de los extranjeros, se cambi¨® por otra de marcado car¨¢cter policial. Poco m¨¢s tarde, el Gobierno la endureci¨® a¨²n m¨¢s al reformar el C¨®digo Penal para consagrar la expulsi¨®n inmediata de los inmigrantes acusados de delitos o faltas castigados con penas inferiores a seis a?os.
Esta reforma fue muy criticada porque establece un doble rasero: mientras los ciudadanos espa?oles tienen que cumplir sus penas de prisi¨®n, los inmigrantes s¨®lo tienen que abandonar Espa?a y pierden la presunci¨®n de inocencia.
Rum¨ª desvincula al PSOE de cualquiera de esas dos reformas anteriores: "Nuestro acuerdo se ha ce?ido al texto de esta reforma. No nos compromete respecto a otros aspectos de la Ley de Extranjer¨ªa que hemos recurrido ante el Constitucional. Seguimos muy cr¨ªticos con la p¨¦sima gesti¨®n migratoria del Gobierno".
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