Reformas auton¨®micas

Los gobiernos de siete comunidades han planteado reformas en sus respectivos estatutos que en algunos casos implican modificaciones constitucionales. El debate sobre tales reformas est¨¢ resultando crispado y bastante confuso. A ello contribuye la actitud del Gobierno de Aznar, opuesto, como si se tratase de una cuesti¨®n de principios, a cualquier reforma constitucional y reticente tambi¨¦n a modificaciones estatutarias, incluso cuando se trata de reformas propuestas en el pasado (o en el presente: Valencia y Madrid) por autonom¨ªas gobernadas por su partido o por socios suyos (Canarias).

Sin embargo, no es lo mismo una reforma ventajista y contraria a los principios constitucionales, como la que plantea Ibarretxe, que la defendida desde el respeto a esos principios por Maragall, o que las planteadas en otras comunidades como actualizaci¨®n del consenso sobre el propio autogobierno en el marco de los l¨ªmites de la Constituci¨®n, como las de Andaluc¨ªa, Canarias, Arag¨®n, Valencia o Madrid. La prueba de que no es una cuesti¨®n de principios es que todos los estatutos de r¨¦gimen com¨²n se han reformado, subiendo su techo competencial, aunque es cierto que ello se ha hecho mediando un consenso entre los dos grandes partidos nacionales.

La experiencia indica que es muy dif¨ªcil evitar el efecto contagio de cualquier propuesta de reforma particular que afecte a competencias o financiaci¨®n. De ah¨ª la conveniencia de un acuerdo como m¨ªnimo entre el PP y el PSOE, como ocurri¨® en los ochenta y de nuevo en los noventa. Ese acuerdo es ut¨®pico ahora, en precampa?a y con Aznar al frente; pero estar¨¢ en el orden del d¨ªa de quien gane en marzo, sea Rajoy o Zapatero. La idea de que basta con oponerse a toda reforma con firmeza para que el problema amaine no es realista. S¨ª lo es, en cambio, tratar de fijar su alcance de forma que no se convierta en el comienzo de una nueva escalada de agravios comparativos.

En el documento sobre pol¨ªtica auton¨®mica aprobado el pasado verano en Santillana, los socialistas mostraban su oposici¨®n a "una oleada de reformas estatutarias global o indiscriminada", y establec¨ªan la cautela de que "s¨®lo resulta prudente y aconsejable" plantearlas "all¨ª donde un alto grado de consenso democr¨¢tico las considere oportunas y convenientes". La otra condici¨®n era la "impecable adecuaci¨®n a la Constituci¨®n y sus valores" y el respeto a las "reglas del juego democr¨¢tico". Son cautelas necesarias, sin respetar las cuales ser¨¢ improbable que las reformas cuenten con el necesario refrendo de la mayor¨ªa de las Cortes. Ese refrendo no es una imposici¨®n externa, sino una invitaci¨®n a la negociaci¨®n: a buscar en el seno de cada comunidad un consenso en torno a reformas concretas que refuercen, y no debiliten, la coherencia y eficacia del Estado auton¨®mico. Porque la coherencia del conjunto es la mejor garant¨ªa de cada autogobierno en particular.