La agenda auton¨®mica de la Espa?a plural

De nuevo, Espa?a en el coraz¨®n del debate pol¨ªtico. La angustia nacional que dijera Tusell o la invertebrada de Ortega. La articulaci¨®n de Espa?a como Naci¨®n y su construcci¨®n moderna e integradora de nacionalismos diversos y antag¨®nicos, como gusta decir Fusi, sigue atravesando un eje central de nuestra pol¨ªtica. No son pocos los que creen que las tensiones territoriales son mayores que nunca, impulsadas por una peligrosa exacerbaci¨®n de los sentimientos identitarios y una utilizaci¨®n cada vez m¨¢s partidista de la pugna patri¨®tica.

Aznar se parapeta en una Constituci¨®n p¨¦trea e intocable para cerrar el debate. Ibarretxe y el PNV la desprecian y la desnaturalizan para conseguir sus prop¨®sitos soberanistas. Maragall y su nuevo Gobierno nos anuncian una tabla reivindicativa de calado. Varias comunidades aut¨®nomas anuncian reformas estatutarias. Zapatero propugna una nueva etapa de impulso auton¨®mico. ?D¨®nde estamos y qu¨¦ debemos hacer?

1. Un balance de 20 a?os largos.

Cualquiera que sea el color del cristal con el que miremos la Espa?a auton¨®mica desarrollada desde el T¨ªtulo VIII de la Constituci¨®n, podemos sentirnos orgullosos de sus logros. Citar¨¦ cuatro destacados: a) Una descentralizaci¨®n pol¨ªtica del gasto p¨²blico y de las competencias, semejantes a los modelos federales (50% Gobierno central, 35% comunidades aut¨®nomas y 15% ayuntamientos). b) Las comunidades aut¨®nomas llamadas hist¨®ricas por su ratificaci¨®n estatutaria en el periodo republicano han alcanzado un nivel de autogobierno como jam¨¢s tuvieron. c) La generalizaci¨®n del proceso auton¨®mico a 17 comunidades aut¨®nomas ha sido un acierto pleno. La transformaci¨®n territorial de Espa?a incorpora una moderna concepci¨®n del principio de subsidiariedad y ha configurado una s¨®lida cultura de autogobierno en todas las autonom¨ªas. d) Las viejas y grandes diferencias econ¨®micas entre las regiones espa?olas se han atenuado y la fuerza pol¨ªtica de las autonom¨ªas ha sacado del rinc¨®n peninsular a regiones espa?olas secularmente marginadas y minusvaloradas.

2. Lo que viene, nos guste o no.

Viene otra etapa auton¨®mica. A Rajoy o a Zapatero les tocar¨¢ abordar un amplio cap¨ªtulo de negociaciones y reformas al modelo territorial. Cinco son los temas que necesariamente integrar¨¢n la agenda de los pr¨®ximos a?os: a) El modelo de financiaci¨®n de las CC AA y su paulatina aproximaci¨®n en resultados al modelo foral (que mantiene una ventaja financiera per c¨¢pita sobre el resto de las CC AA del r¨¦gimen com¨²n que algunos estudios cifran en casi un 40%). b) Una presencia de las CC AA en la Uni¨®n Europea m¨¢s acorde con el reparto competencial de nuestro pa¨ªs (como le ha ocurrido al ministro Ca?ete, necesitado de la presencia de los consejeros de Pesca del Cant¨¢brico para negociar y acordar las cuotas de pesca. c) Una reforma del Senado que permita a la C¨¢mara alta convertirse en una C¨¢mara territorial, imprescindible para un modelo que, de hecho, es un modelo federal. d) Las reformas de algunos estatutos de autonom¨ªa, surgidos de un amplio consenso pol¨ªtico, para mejorar el nivel de autogobierno o reformular algunos aspectos internos o competenciales. Y e) fortalecer los mecanismos de cooperaci¨®n y de equilibrio entre las CC AA, asegurar la igualdad constitucional de todos los espa?oles y garantizar los principios constitucionales a todos los territorios y para todos los ciudadanos.

3. Lo que debemos hacer.

Negarse a abordar estas cuestiones es cerrar los ojos y negar la luz. Si el PP de Rajoy sigue la senda inmovilista y de regresi¨®n auton¨®mica de Aznar, el modelo territorial saltar¨¢ por ineficacias, desequilibrios y tensiones. Una nueva etapa de di¨¢logo auton¨®mico debe ser posible para avanzar en el autogobierno de nuestras CC AA y para perfeccionar nuestro modelo constitucional estatutario. Para ello conviene hacer algunas precisiones pol¨ªticas de principio.

La primera es considerar aplicable al conjunto de los territorios las reformas que adoptemos con algunos de ellos. Es conocida la teor¨ªa de quienes creen que al generalizar el modelo auton¨®mico hemos limitado las posibilidades pol¨ªticas y t¨¦cnicas de solucionar la demanda de los nacionalismos catal¨¢n y vasco. El "caf¨¦ para todos" con el que se descalificaban las sucesivas reformas estatutarias que equipararon el nivel auton¨®mico de las 17 comunidades fue, seg¨²n ellos, un error pol¨ªtico que devalu¨® la autonom¨ªa de las nacionalidades hist¨®ricas y estrech¨® los m¨¢rgenes para la negociaci¨®n de su desarrollo. Quienes esto sostienen recomiendan ahora que distingamos, de una vez, la soluci¨®n auton¨®mica y negociemos con las comunidades nacionalistas f¨®rmulas no extrapolables al conjunto, que nos permita resolver el encaje de esos nacionalismos sin resquebrajar las capacidades unitarias del Estado.

El debate no es sencillo, pero s¨®lo puede haber una respuesta: las reformas que introduzcamos en el marco competencial deben ser extensibles a aquellas CC AA que as¨ª lo deseen y concierten los consensos necesarios para ello. Todo ello sin perjuicio de los hechos diferenciales reconocidos en la Constituci¨®n. Gregorio Peces-Barba insist¨ªa, con raz¨®n constituyente, en esta tesis en un reciente art¨ªculo en estas mismas p¨¢ginas al exigir a las reformas estatutarias que se ajusten a la Constituci¨®n y que sean susceptibles de generalizaci¨®n.

La segunda se refiere al qu¨¦ y al cu¨¢nto de un nuevo impulso auton¨®mico. Los comentaristas del Gobierno rasgan las vestiduras de la Espa?a Unitaria al calificar como inconstitucionales algunas de las demandas auton¨®micas planteadas en Catalu?a o en Euskadi, o en Galicia y Andaluc¨ªa. En mi opini¨®n, hay recorrido auton¨®mico en nuestro modelo de reparto competencial y lo hay sin necesidad de reforma constitucional. No me parece incompatible mantener el car¨¢cter estatal y ¨²nico del Poder Judicial y agotar en los tribunales superiores los recursos, manteniendo en el Supremo la unificaci¨®n doctrinal, o delegar en Consejos Judiciales auton¨®micos algunas facultades de gesti¨®n del Consejo General del Poder Judicial. No tiene por qu¨¦ afectar a la Unidad del Sistema Fiscal la organizaci¨®n territorial de la Agencia Tributaria. La caja de la Seguridad Social no dejar¨¢ de ser ¨²nica aunque determinados actos del sistema sean ejecutados por las CC AA, de la misma manera que ¨¦stas no dejan de ser Estado, sino todo lo contrario, si representan a ¨¦ste en su territorio bajo la modalidad de Administraci¨®n ?nica.

Podr¨ªamos seguir. Naturalmente hay cosas que no puedenser transferidas, incluso se pueden revocar competencias si el funcionamiento de los servicios b¨¢sicos lo requiere. Debemos incorporar la cultura federalista de la doble direcci¨®n en los traspasos. Si es m¨¢s correcto centralizar la Protecci¨®n Civil, porque la experiencia nos demuestra riesgos de eficacia ante cat¨¢strofes supracomunitarias, debi¨¦ramos hacerlo, como los norteamericanos centralizaron la lucha contra la droga o los alemanes han podido unificar la investigaci¨®n en el marco de la Uni¨®n Europea. La lealtad del modelo exige reflexi¨®n y generosidad rec¨ªproca entre CC AA y Estado.

La tercera es materia delicada. Las tensiones pol¨ªticas con el Gobierno vasco y con el plan Ibarretxe han puesto de manifiesto algunas carencias. La apelaci¨®n al art¨ªculo 155 de la Constituci¨®n genera no poca confusi¨®n y general desasosiego. La reciente reforma del C¨®digo Penal con nocturnidad (Ley de Arbitraje) y alevos¨ªa (sin los informes preceptivos y sin debate legislativo) es un desprop¨®sito total. Sin embargo, no podemos negar que los problemas y los supuestos que, aunque sea torpemente, se quieren abordar siguen existiendo. Si una comunidad aut¨®noma no cumple sus obligaciones constitucionales o atenta gravemente al inter¨¦s general, se le puede aplicar el 155. Pero ?c¨®mo?, ?con qu¨¦ medidas?, ?en qu¨¦ casos?, ?con qu¨¦ consecuencias?, ?por cu¨¢nto tiempo? Creo que, llegados a este punto, debemos concluir en la necesidad de desarrollar el art¨ªculo 155 de la Constituci¨®n con una Ley Org¨¢nica que establezca con claridad transparente los supuestos de conflicto institucional grave y las medidas que el Estado puede tomar en cada caso, con las garant¨ªas y la legitimaci¨®n democr¨¢tica que sean exigibles. La cuesti¨®n no es s¨®lo la convocatoria unilateral de un refer¨¦ndum. En Euskadi hay cada vez m¨¢s ciudadanos que exigen sus derechos constitucionales en caso de imposici¨®n identitaria sobre los no nacionalistas. Esa Babel multiidentitaria y biling¨¹ista que es Euskadi corre desde hace unos a?os demasiados riesgos etnicistas y excluyentes que no pueden ser tolerados por nuestra Constituci¨®n y por el Estado.

Por ¨²ltimo, en el cap¨ªtulo del ?qu¨¦ hacer?, destaca la necesidad de fortalecer la cohesi¨®n y la equidad de nuestro sistema territorial. A la cooperaci¨®n entre CC AA ayudar¨¢ un Senado reformado y el reforzamiento de las Conferencias Sectoriales. Al entendimiento entre el Gobierno central y las CC AA le vendr¨¢ bien un mecanismo de reuniones peri¨®dicas a modo de Conferencias de Presidentes. En general, son precisas tambi¨¦n medidas que favorezcan y garanticen la prestaci¨®n de los servicios b¨¢sicos en igualdad de condiciones para todos los espa?oles, cualquiera que sea su lugar de residencia.

4. ?C¨®mo hacerlo?

Conviene recordar c¨®mo lo hemos hecho hasta ahora. Todo el desarrollo del Estado auton¨®mico, desde su implantaci¨®n hasta la sucesiva reforma de los estatutos, ha sido hecho por consenso entre los grandes partidos del arco parlamentario, sobre la base de un acuerdo previo entre PSOE y PP.

La dimensi¨®n de las materias de esta agenda y los riesgos que se vislumbran en el horizonte pol¨ªtico aconsejan un m¨¦todo semejante. No s¨®lo porque algunas de las propuestas pueden exigir reforma constitucional y ¨¦sta s¨®lo puede abordarse con un consenso igual o superior al del 78, sino porque, adem¨¢s, la dial¨¦ctica reivindicativa desde las autonom¨ªas debe encontrar una respuesta coherente sobre el Estado resultante, el respeto al esp¨ªritu y a los principios de la Constituci¨®n y el inter¨¦s general de Espa?a.

Los partidos de ¨¢mbito estatal deben ofrecer as¨ª una respuesta com¨²n que delimite el campo de juego, que determine el qu¨¦, el cu¨¢nto y el c¨®mo de la remodelaci¨®n auton¨®mica, asegurando la compatibilidad de un avance auton¨®mico con un Estado cohesionado y garante de los principios constitucionales para todos los espa?oles.

Por eso, el consenso debe tener su mejor comienzo en las comunidades desde las que se proponen reformas. Incorporar al PP catal¨¢n y andaluz a las propuestas estatutarias de Maragall y Chaves favorecer¨¢ extraordinariamente este camino.

Una estrategia positiva y de consenso hacia estas reformas dejar¨¢ en evidencia las pretensiones extremas del nacionalismo vasco, al que se le ofrecer¨¢ una v¨ªa pragm¨¢tica de negociaci¨®n auton¨®mica como v¨ªa alternativa al soberanismo imposible. ?sta es una manera mucho m¨¢s inteligente y creo que eficaz de derrotar al plan Ibarretxe.

Pero, para que esta v¨ªa se abra, hace falta que el PP abandone su pol¨ªtica inmovilista en esta materia. Que deje de mezclar, en un totum revolutum de p¨¦simas intenciones, Catalu?a con Euskadi y Maragall con Ibarretxe. Que supere la tentaci¨®n electoralista de un antinacionalismo f¨¢cil y la exacerbaci¨®n identitaria espa?ola frente a las otras identidades nacionales. Que incorpore una concepci¨®n plural y diversa de Espa?a. Una Espa?a integradora de sus nacionalismos y enriquecida por su diversidad cultural y su pluralidad pol¨ªtica.

Ram¨®n J¨¢uregui Atondo es diputado del PSOE por ?lava y portavoz de Pol¨ªtica Social y Empleo en el Congreso.