Toque judicial

La Audiencia Provincial de Madrid ha dado un primer toque judicial a la reforma del C¨®digo Penal -una de las varias promovidas por el Gobierno en 2003- que prev¨¦ la expulsi¨®n inmediata de Espa?a de los extranjeros que hall¨¢ndose en situaci¨®n irregular sean condenados a penas inferiores a seis a?os de prisi¨®n. El tribunal se ha opuesto a la aplicaci¨®n de esa norma legal a un narcotraficante detenido en Madrid con casi medio kilo de coca¨ªna y al que conden¨® a cinco a?os de prisi¨®n.

Muchos y variados son los argumentos esgrimidos por la Audiencia de Madrid para negarse a la expulsi¨®n, apoyada por el ministerio fiscal, y ordenar el cumplimiento de la condena en Espa?a. Algunos apuntan a principios constitucionales como el de igualdad ante la ley, que podr¨ªa verse vulnerado si unos ciudadanos pueden librarse de cumplir condena, quedando impune su delito, y otros quedan obligados a cumplirla inexorablemente. Otros argumentos cuestionan, aunque sea de modo indirecto, la pol¨ªtica criminal del Gobierno en este punto, pues la expulsi¨®n sin m¨¢s de narcotraficantes extranjeros condenados en Espa?a supondr¨ªa un efecto-llamada "para millones de ciudadanos de pa¨ªses productores de droga, con el se?uelo incluso del viaje gratis de vuelta a su naci¨®n de origen".

La intenci¨®n del Gobierno al promover esta reforma fue cortar de ra¨ªz la costumbre atribuida a inmigrantes sin papeles de cometer delitos menores en Espa?a para eludir su expulsi¨®n administrativa. Pero hay cosas que en un Estado de derecho no pueden hacerse atendiendo s¨®lo a criterios de eficacia y seguridad y que requieren algo m¨¢s de reflexi¨®n, tal como pudo o¨ªr el Gobierno en boca de la oposici¨®n en el debate parlamentario correspondiente. El riesgo que se corre es el de establecer un trato desigual -un agravio comparativo- no s¨®lo entre delincuentes extranjeros y nacionales, sino entre las v¨ªctimas del delito.

Como es impensable que el Gobierno pretendiera tal cosa, la Audiencia de Madrid se?ala, no sin iron¨ªa, la posibilidad de que "debido al exceso de trasiego normativo al que asistimos ¨²ltimamente, el legislador no haya confeccionado un texto legal lo suficientemente claro, meditado y previsor respecto a sus consecuencias reales". Se trata, sin duda, de una muestra del may¨²sculo barullo legislativo que deja tras s¨ª el ¨²ltimo Gobierno de Aznar, mezclando el C¨®digo Penal con leyes del Menor y de Arbitraje y normas sobre inmigraci¨®n y sobre seguridad ciudadana. Todo eso dificulta el trabajo de jueces y abogados, pero crea sobre todo una grave inseguridad jur¨ªdica para los ciudadanos.