La Generalitat recurrir¨¢ la Ley de Acompa?amiento de los Presupuestos

La Generalitat estudia presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Acompa?amiento de los Presupuestos del Estado por considerar que invade competencias auton¨®micas relativas a la capacidad de sancionar a los beneficiarios de prestaciones de desempleo que cometan infracciones. El consejero de Trabajo, Josep Maria Ra?¨¦, anunci¨® ayer esta medida en la sede de la UGT tras la reuni¨®n que celebr¨® con la ejecutiva de este sindicato, con la que inici¨® una serie de encuentros con los agentes sociales.

El objetivo de estos encuentros es celebrar "reuniones de presentaci¨®n" con los agentes sociales, aunque el nuevo consejero es de sobras conocido en el mundo laboral, al haber estado vinculado a UGT hasta hace un a?o y medio y ser pr¨¢cticamente el ¨²nico miembro del gobierno en la sombra de Maragall que se ha mantenido como responsable de Trabajo en los ¨²ltimos a?os.

El Ejecutivo catal¨¢n pretende que el recurso de inconstitucionalidad que previsiblemente presentar¨¢ en los pr¨®ximos d¨ªas cuente, indic¨® Ra?¨¦, con el "mismo nivel de entendimiento" con la oposici¨®n que ha habido en ocasiones anteriores, por ejemplo cuando ¨¦sta apoy¨® el recurso presentado por el Gobierno de CiU sobre la formaci¨®n continua.

La competencia de sancionar a los beneficiarios de prestaciones de desempleo que cometan infracciones ha sido un tema que ha causado pol¨¦mica al ser incluida como enmienda, despu¨¦s anulada y finalmente aprobada en la Ley de Acompa?amiento de los Presupuestos Generales del Estado para este a?o.

Esta enmienda, aprobada a finales del pasado a?o por el Gobierno central y que, seg¨²n la Generalitat, afecta a las competencias de Catalu?a, tambi¨¦n era ejercida hasta ahora por Galicia, Canarias, Navarra y la Comunidad Valenciana.

Por otra parte, Ra?¨¦ asegur¨® que los acuerdos entre sindicatos y empresarios presidir¨¢n las relaciones laborales en Catalu?a, con la ¨²nica limitaci¨®n del respeto a la legalidad, y a?adi¨® que el Gobierno ser¨¢ beligerante en el cumplimiento de la ley, "sobre todo si afecta a la vida de las personas".