Los afectados por el amianto llevan cinco a?os a la espera de juicio

Los operarios que resultaron intoxicados por inhalaci¨®n de amianto en la extinta factor¨ªa de Fibrocementos de Levante (Sant Vicent del Raspeig) desde finales de los sesenta y hasta finales del pasado mes de septiembre, se someter¨¢n esta semana a la ¨²ltima revisi¨®n m¨¦dica para verificar las secuelas que les dej¨®. Se trata del ¨²ltimo paso para cerrar definitivamente la instrucci¨®n de un caso que colea desde marzo de 1998 y que ya se ha cobrado la vida de 12 trabajadores.

Cinco a?os despu¨¦s, los m¨¢s de 60 afectados, algunos con la enfermedad ya muy avanzada, esperan justicia. El amianto, un silicato sobreutilizado en la d¨¦cada de los sesenta como material de construcci¨®n, ya no se usa. Sin embargo, su huella persiste entre los trabajadores que estuvieron expuestos a este mineral en forma de enfermedad como la fibrosis pulmonar o el c¨¢ncer de pleura. "Estamos cansados, pero no desanimados". La frase es de Francisco Mart¨ªnez, ex operario de la factor¨ªa y una de los afectados que ha abanderado junto a otras seis v¨ªctimas la batalla legal contra Fibrocementos de Levante, del grupo Uralita, por un supuesto delito de seguridad contra los trabajadores. Desde finales de los noventa, unos 60 empleados de la factor¨ªa han contra¨ªdo asbestosis (afecci¨®n pulmonar por aspiraci¨®n de polvo de amianto), de los cuales una docena ha fallecido. Mart¨ªnez abri¨® la v¨ªa penal contra la empresa y, paralelamente, inici¨® otra incansable batalla en diversos ¨®rdenes de la Administraci¨®n.

Cinco a?os m¨¢s tarde, la querella sigue en el juzgado instructor y los ex trabajadores se ven abocados a acudir a la v¨ªa jur¨ªdica para conseguir la invalidez por enfermedad profesional. En el ¨¢mbito administrativo, los afectados han ganado una batalla, quiz¨¢s crucial para el desenlace penal del caso: el Tribunal Supremo reconoci¨® un suplemento del 30% en las pensiones de estos trabajadores alegando que "contrajeron la asbestosis" en la f¨¢brica. Emilio Mart¨ªnez, abogado del grupo de los seis afectados -dos de ellos ya fallecidos- que interpuso la querella, se?al¨® este caso como "otro de los dislates de la Justicia". "La demora no beneficia ni a los imputados ni a los damnificados. Esto no es Justicia", dijo. Todav¨ªa hoy sin concluir la instrucci¨®n del caso, desarrollada por el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 1 de Sant Vicent del Raspeig, ¨¦sta ha sufrido varias interrupciones: unas inherentes a la propia aplicaci¨®n de la justicia (el primer juez instructor archiv¨® el caso al no apreciar indicios de delitos y posteriormente reabri¨® la causa a instancias del ministerio fiscal para delimitar la responsabilidad de los m¨¦dicos de la empresa) y otras, extrajudiciales: el retraso end¨¦mico de este ¨®rgano judicial en la tramitaci¨®n de las causas.

El elevado ¨ªndice de criminalidad de la comarca de L'Alacant¨ª sumado a la falta de medios y a la constante movilidad de los magistrados convierten a este partido judicial en uno de los m¨¢s saturados. Al menos, tres jueces han participado en la instrucci¨®n desde el inicio de las diligencias.

Dos facultativos de la factor¨ªa y un tercero de la mutua de seguros, entonces Ibermutuamur, el jefe de personal y el director de recursos humanos de la f¨¢brica fueron citados a declarar como imputados durante las diligencias preliminares. La acusaci¨®n particular sostiene que ¨¦stos ocultaron datos relativos al estado de salud de los trabajadores.