El Gobierno de Asturias reclamar¨¢ por la v¨ªa judicial los da?os causados por el hundimiento del 'Prestige'

El Gobierno asturiano, integrado por PSOE e IU, reclamar¨¢ por la v¨ªa judicial y ante el Fondo Internacional de Indemnizaci¨®n de Da?os por Contaminaci¨®n Mar¨ªtima (Fidac) los gastos que le ocasion¨® la marea negra originada por el hundimiento del petrolero Prestige. Renunciar¨¢, por tanto, al cobro inmediato de esas cantidades que le hab¨ªa propuesto el Gobierno central, quien pretende que las comunidades aut¨®nomas afectadas renuncien a toda posibilidad de reclamaci¨®n judicial posterior, que s¨®lo podr¨ªa ejercer, a partir de ese momento, el Ejecutivo de la naci¨®n.

A juicio del Gobierno asturiano, tales condiciones son "leoninas e indignas para una comunidad aut¨®noma", en expresi¨®n del consejero de Justicia, Seguridad P¨²blica y Relaciones Externas del Principado, Francisco Javier Garc¨ªa Valledor, quien a?adi¨® que el Principado no puede renunciar a sus derechos ni subrogarlos en favor del Estado porque supondr¨ªa "una irresponsabilidad que no podr¨ªan entender los ciudadanos".

Los gastos en los que incurri¨® Asturias para retirar chapapote de su costa ascienden a casi nueve millones de euros. Esta cantidad no incluye los da?os ecol¨®gicos ni los perjuicios a los sectores tur¨ªstico y pesqueros que supuso la contaminaci¨®n por fuel del litoral de la comunidad. Al prescindir del cobro inmediato para no renunciar al eventual ejercicio posterior de sus derechos, Asturias podr¨ªa tardar varios a?os en percibir la cantidad que reclama.

El Principado de Asturias hab¨ªa propuesto al Gobierno y a su comisionado para el Prestige, Francisco Ur¨ªa, un convenio en virtud del cual la comunidad asturiana pudiera recuperar el importe de los desembolsos realizados para combatir la marea negra, y cuyo coste debe asumir la Administraci¨®n central por ser de su competencia, pero sin que ello supusiera la renuncia por anticipado a cualquier reclamaci¨®n posterior.

El comisionado respondi¨® que el pago por el Estado "habr¨¢ de ajustarse a lo establecido en el real decreto ley" de junio pasado, "sin que sea posible admitir cl¨¢usulas, condiciones o excepciones".