Ancha es Espa?a

Las descalificaciones lanzadas ayer por Arzalluz contra el nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia del Pa¨ªs Vasco son inseparables de la campa?a de deslegitimaci¨®n del poder judicial, relacionada a su vez con el proyecto de creaci¨®n de un poder judicial propio, pieza esencial del plan de desconexi¨®n progresiva de Euskadi respecto a las instituciones espa?olas. De ah¨ª, tal vez, la desconfianza con que sectores no especialmente predispuestos contra el PSOE han acogido la propuesta de ese partido de que la ¨²ltima instancia judicial sean los tribunales auton¨®micos.

De las 6.000 personas que respondieron a una pregunta sobre esa propuesta planteada en El PA?S digital la pasada semana, dos de cada tres dijeron que no estaban de acuerdo. Aunque no sea una encuesta cient¨ªfica, es llamativo un rechazo tan mayoritario para una medida que en principio se limita a desarrollar una previsi¨®n constitucional. La explicaci¨®n de que se debe a la tergiversaci¨®n de la propuesta por parte del PP (al identificarla con el plan Ibarretxe) tiene fundamento, pero resulta insuficiente.

Lo que plantea el programa socialista es que en los Tribunales Superiores de las comunidades se agoten "todas las instancias procesales salvo la casaci¨®n". Casar -de cassus, nulo- significa anular. Alude a la posibilidad de revocar una sentencia confirmada en segunda instancia (por ejemplo, por un Tribunal Superior auton¨®mico) por no adecuarse a la doctrina establecida por el Supremo al interpretar el ordenamiento jur¨ªdico. Mientras que la propuesta de Ibarretxe incluye entre las competencias del Tribunal Superior Vasco "los recursos de casaci¨®n o la ¨²ltima instancia que proceda en todos los ¨®rdenes de la jurisdicci¨®n". Es evidente, por tanto, que no cabe la equiparaci¨®n.

Sin embargo, la propuesta socialista incide inevitablemente en el debate. Entre los objetivos planteados por Ibarretxe en septiembre de 2002 figuraba ya "la configuraci¨®n de un poder judicial vasco aut¨®nomo" en el que "se agoten todas las instancias judiciales" y la "sustituci¨®n del Estado en la Administraci¨®n de justicia en nuestra comunidad". La resistencia de Atutxa a obedecer al Tribunal Supremo ser¨ªa un ensayo de aplicaci¨®n pr¨¢ctica de ese objetivo. En el texto articulado presentado en octubre pasado se planteaba ya abiertamente la creaci¨®n de un Consejo Judicial Vasco, que asumir¨ªa en el ¨¢mbito de la comunidad las funciones del CGPJ, incluyendo la selecci¨®n, provisi¨®n y formaci¨®n de jueces y fiscales "teniendo en cuenta el car¨¢cter preferente del conocimiento del derecho vasco y del euskera".

El modelo auton¨®mico actual hace compatible la descentralizaci¨®n de los poderes ejecutivo y legislativo con la centralizaci¨®n del poder judicial. Pudo haberse optado por otra f¨®rmula, pero esa garantiza unos equilibrios que compensan la ausencia de otros mecanismos de cohesi¨®n pol¨ªtica como los existentes en el federalismo alem¨¢n, por ejemplo. La existencia de una jurisdicci¨®n ¨²nica que atribuye al Supremo la ¨²ltima palabra en la interpretaci¨®n de la ley ha sido, junto al Tribunal Constitucional, una garant¨ªa defensiva de los ciudadanos no nacionalistas frente a los abusos del poder nacionalista, a menudo disfrazados de discriminaci¨®n positiva con el pretexto del idioma.

Experiencias como la de la antigua Yugoslavia o de rep¨²blicas ex sovi¨¦ticas como Estonia indican que s¨®lo mediante pol¨ªticas de limpieza ¨¦tnica (o ideol¨®gica) puede mantenerse un proyecto nacionalista radical que, como el de Ibarretxe, carece de suficiente consenso social. Por ello, y con independencia de que la f¨®rmula quepa o no en la Constituci¨®n, trasladar a los tribunales de ¨¢mbito auton¨®mico esa espec¨ªfica funci¨®n del Tribunal Supremo no puede dejar de ser visto con inquietud por los no nacionalistas; como una desprotecci¨®n adicional frente al proyecto de pasar de la discriminaci¨®n positiva de los nacionalistas a la depuraci¨®n (del censo) de los no nacionalistas. Parece una exageraci¨®n, pero en noviembre de 1996 Xabier Arzalluz invit¨® a los jueces que no sab¨ªan euskera (como el 70% de los ciudadanos vascos) a abandonar Euskadi y "dejar el sitio" a quienes s¨ª lo saben y "entienden mejor el Pa¨ªs". "Ancha es Espa?a", les dijo.