Los socialistas ejercer¨¢n la acusaci¨®n en el caso Cartagena

El PSPV ejercer¨¢ la acusaci¨®n popular en el caso de las primas ¨²nicas suscritas entre los a?os 1988 y 1989 por el ex consejero de Obras P¨²blicas Luis Fernando Cartagena con el entonces Banco de Santander. Para el PSPV, la firma de los contratos, denominados de nuda propiedad en el ¨¢mbito financiero, cuya finalidad era asegurar la opacidad fiscal de dichas operaciones -en el caso de Cartagena ascendieron a algo m¨¢s de dos millones de euros- podr¨ªa estar relacionada con la adjudicaci¨®n de la contrata de recogida de basuras a la firma Cubiertas y Mzoz, ahora Necso.

El secretario general del PSPV de Orihuela, Francisco Garc¨ªa Ortu?o, mantiene que la clave de la investigaci¨®n judicial, que se prolonga desde hace m¨¢s de una d¨¦cada, es aclarar el origen del capital que permiti¨® a Cartagena suscribir los oscuros fondos, precisamente en unas fechas coincidentes con la firma del contrato a Necso, "una adjudicaci¨®n leonina para los intereses del Ayuntamiento", precisa Ortu?o. El Ayuntamiento de Orihuela, presidido por Luis Fernando Cartagena, y la firma Necso firmaron el contrato de adjudicaci¨®n del servicio de basuras el 18 de octubre de 1988. La concesi¨®n del servicio era para 20 a?os, prorrogables por otros tantos m¨¢s.

Entre los beneficiarios de las primas ¨²nicas tambi¨¦n se encontraba supuestamente el gerente de Necso, con 144.000 euros. ?ste ¨²ltimo, ajeno a la investigaci¨®n judicial debido a que la supuesta deuda fiscal no superaba los 100.000 euros, siempre ha negado ese extremo. El directivo de Necso, en base a un error en el DNI, alega que el verdadero tenedor de las primas ¨²nicas es un abogado de Madrid, del mismo nombre y apellidos.

Con todo, la personaci¨®n del PSPV en el caso tendr¨¢ que esperar a que los jueces decidan cu¨¢l es el ¨®rgano instructor. La ¨²ltima decisi¨®n de la Audiencia Nacional fue trasladar la causa al Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 6 de Alicante. El titular de este juzgado ha devuelto la causa a la Audiencia. El juez considera que el juzgado competente para instruir la causa tiene que ser uno radicado en Orihuela.