Dos ONG piden a los ayuntamientos que recurran la Ley de Extranjer¨ªa
Las ONG Andaluc¨ªa Acoge y Pro Derechos Humanos (Apdh) iniciaron ayer en C¨¢diz y en Jerez una campa?a, que se extender¨¢ por el resto de Andaluc¨ªa, para pedir a los ayuntamientos que se dirijan a la Junta y al Defensor del Pueblo para que recurran el nuevo texto de la Ley de Extranjer¨ªa. Ambas organizaciones creen que esta normativa es "inconstitucional".
La reforma de la ley recoge la devoluci¨®n a sus pa¨ªses de origen de aquellos inmigrantes que pretendan entrar ilegalmente en Espa?a, lo que conlleva la prohibici¨®n de entrada en territorio espa?ol por un plazo de tres a?os como m¨¢ximo. "Esto es una medida sancionadora", explican las asociaciones, "que no tiene posibilidad alguna de audiencia ni contradicci¨®n por parte de los extranjeros, lo cual vulnera de forma flagrante los art¨ªculos 24 y 105 de nuestra Carta Magna".
El art¨ªculo 24 recoge que todas las personas "tienen derecho a obtener tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses leg¨ªtimos, sin que, en ning¨²n caso, pueda producirse indefensi¨®n". El 105 regula "la audiencia de los ciudadanos, directamente o a trav¨¦s de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley, en el procedimiento de elaboraci¨®n de las disposiciones administrativas que les afecten".
La reforma tambi¨¦n prev¨¦ que los ayuntamientos tengan que dar a la polic¨ªa los datos del padr¨®n municipal si ¨¦sta los solicita. "Esto vulnera el derecho a la intimidad de las personas", explic¨® ayer Rafael Lara, coordinador de Apdha. "Esos datos son reservados, y no se pueden dar sin una resoluci¨®n judicial". Ambas asociaciones piden a los ayuntamientos que rechacen las peticiones de cesi¨®n de datos del padr¨®n municipal a otras administraciones p¨²blicas, "excepto si as¨ª lo ordenase una resoluci¨®n judicial".
Lara asegura que muchos inmigrantes dejar¨¢n de empadronarse por miedo a ser expulsados. "El padr¨®n acerca a los inmigrantes a muchos derechos sociales, como la vivienda, la sanidad o la educaci¨®n". Derechos Humanos y Andaluc¨ªa Acoge creen que unos 800.000 inmigrantes podr¨¢n perder estos derechos por miedo, "con lo que se convertir¨ªan en ciudadanos de tercera categor¨ªa".
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