La granja de monos de Camarles reclamar¨¢ 10 millones al consistorio

La empresa Centre de Recherches Primatologiques, que mantiene un contencioso con el Ayuntamiento de Camarles (Baix Ebre) por una granja de macacos destinados a la investigaci¨®n cient¨ªfica, reclama una indemnizaci¨®n de 10 millones de euros al consistorio si finalmente no logra normalizar su situaci¨®n. Manuel Luque, director general de Medio Natural, asegur¨® el mi¨¦rcoles pasado que la Generalitat iniciar¨¢ un proceso para clausurar definitivamente la granja.

El abogado de la empresa, Antonio Faura, defiende la validez de la licencia de actividad -otorgada por el Ayuntamiento en 2002- y que deber¨¢ ser un tribunal el que determine si el posterior acuerdo municipal que la declar¨® nula es v¨¢lido o no. Por ello Faura considera que la Generalitat no puede legalmente borrar del registro de actividades a esta granja, que es precisamente lo que, seg¨²n Luque, har¨¢ el Gobierno catal¨¢n.

"La empresa llevar¨¢ el recurso contencioso hasta el final", dijo Faura, aunque se?al¨® que, en el previsible supuesto de que ¨¦ste se demore hasta el punto de que a sus clientes ya no les resulte rentable seguir en Camarles, abandonar¨¢ la v¨ªa del contencioso, la empresa se ir¨¢ de Camarles en busca de otro sitio fuera de Catalu?a y reclamar¨¢ una indemnizaci¨®n para recuperar la inversi¨®n y los gastos.

Seg¨²n este abogado, la firma ha invertido ya unos 3,5 millones de euros entre la compra de los terrenos, la edificaci¨®n, los impuestos, los sueldos a sus 20 empleados y un largo etc¨¦tera de gastos corrientes. Adem¨¢s, esta empresa, con sede en las Islas Mauricio, exigir¨ªa el llamado "lucro cesante", es decir, lo que habr¨ªa podido ganar si se le hubiera permitido continuar la actividad, estimado en 6,5 millones. "No lo podremos pagar de ninguna forma", admite el alcalde de Camarles, Carmelo Red¨® (CiU). El presupuesto municipal de esta poblaci¨®n ronda los 2,5 millones de euros.

Actualmente en la granja viven 298 macacos en proceso de engorde para su posterior venta a una empresa alemana de investigaci¨®n, aunque la complej¨ªsima situaci¨®n jur¨ªdica del caso obliga a los propietarios a no admitir ning¨²n ejemplar m¨¢s hasta que se resuelva. Si en un primer momento el Ayuntamiento otorg¨® la preceptiva licencia de actividad en 2002, ¨¦sta fue declarada nula por el pleno municipal tras la presi¨®n de m¨²ltiples manifestaciones vecinales y de protestas de entidades de protecci¨®n de los animales.

La empresa recurri¨® contra la revocaci¨®n de la licencia, que hab¨ªa sido otorgada poco antes de la entrada en vigor de la ley de protecci¨®n de los animales de 2003, que proh¨ªbe expresamente este tipo de centros. Pero, con la licencia en la mano, la empresa logr¨® inscribir su granja en el registro, requisito previo para comenzar su actividad. Deshacer este entuerto puede costar ahora mucho dinero a las administraciones.