La Audiencia devuelve el control de las acciones del Atl¨¦tico a Gil

La Audiencia Nacional acord¨® ayer levantar el embargo sobre el 94,5% de las acciones del Atl¨¦tico y devolver su control a Jes¨²s Gil (85,5%) y Enrique Cerezo (9%). La decisi¨®n se produjo despu¨¦s de que ambos restituyesen en julio pasado los 11.721.269,82 euros (1.950 millones de pesetas) en que estaban valorados los t¨ªtulos y que, seg¨²n la sentencia que les conden¨® en su d¨ªa, no abonaron en 1992 para hacerse con ellos. Ese pago fue la condici¨®n de la Sala para autorizar una ampliaci¨®n de capital de 36 millones. El auto mantiene el embargo sobre otros bienes de ambos.

La Secci¨®n Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidi¨® ayer devolver a Jes¨²s Gil, ex presidente del Atl¨¦tico, y a Enrique Cerezo, el actual dirigente del club, el control de las acciones de la entidad que estaban a su nombre -el 85,5% del total en el caso del primero y el 9% en el caso del segundo- que permanec¨ªan embargadas desde abril de 2002 por decisi¨®n del juez Juan del Olmo a causa del llamado caso Atl¨¦tico.

Un acuerdo que no invalida, sin embargo, la sentencia del 14 de febrero de 2003 que conden¨® a Gil y a Cerezo por "apropiaci¨®n indebida" y que ambos recurrieron ante el Tribunal Supremo, cuya resoluci¨®n todav¨ªa est¨¢ pendiente. Tampoco afecta a la intervenci¨®n judicial del club, que se mantiene.

El auto, simplemente, considera que "la responsabilidad civil, en lo que se refiere al delito de apropiaci¨®n indebida ha quedado salvaguardada, y, en consecuencia, procede el levantamiento de algunas de las medidas cautelares acordadas respecto a dichos imputados".

La decisi¨®n mantiene el embargo sobre otros bienes y cuentas bancarias de Gil, Cerezo y Miguel ?ngel Gil Mar¨ªn, hijo del primero y consejero delegado del club. Respecto a la situaci¨®n de ¨¦ste, el auto considera "que no procede el levantamiento de medida cautelar alguna". Adem¨¢s, matiza: "Los bienes que permanecen embargados se considera que pueden ser suficientes para hacer frente al pago de la responsabilidad civil que pueda declararse en su caso, sin necesidad de proceder a nuevos embargos".

En febrero de 2003, la propia Audiencia conden¨® a los dos dirigentes por "apropiaci¨®n indebida" del 94,5% de las acciones del Atl¨¦tico. Se consider¨® probado entonces que ni Gil ni Cerezo pusieron realmente el dinero, 11,7 millones de euros, necesario para hacerse con el control de esos t¨ªtulos cuando el club se convirti¨® en sociedad an¨®nima deportiva en 1992.

Posteriormente, en junio de 2003, el consejo de administraci¨®n de la entidad rojiblanca, presidido por Gil Mar¨ªn, propuso una ampliaci¨®n del capital por valor de 36 millones. La condici¨®n que impuso entonces la Audiencia para autorizar esa operaci¨®n fue que tanto Gil como Cerezo abonasen los mencionados 11,7 millones.

"Con esta sentencia, las acciones vuelven a sus verdaderos due?os", declar¨® ayer Cerezo; "estamos muy contentos porque esto nos permitir¨¢ volver a la sitiuaci¨®n de hace cuatro a?os". A su vez, Gil Mar¨ªn puntualiz¨® que "el d¨ªa a d¨ªa del club no va a cambiar porque sigue estando el interventor judicial".

En enero de 2000, el juez Manuel Garc¨ªa Castell¨®n orden¨® la administraci¨®n judicial del Atl¨¦tico y bloque¨® todas las cuentas bancarias de la entidad. Jes¨²s Gil y su familia fueron sustituidos entonces como rectores por Luis Manuel Rub¨ª. Pero en abril de ese mismo a?o la administraci¨®n se suaviz¨® y pas¨® a ser una intervenci¨®n. Rub¨ª abandon¨® el puesto que ocupaba y Gil volvi¨® a ser el presidente, aunque bajo la tutela y supervisi¨®n del interventor, Luis Romasanta.

M¨¢s tarde, en mayo de 2001, el juez Juan del Olmo decidi¨® levantar parcialmente la intervenci¨®n, lo que permit¨ªa a Gil no dar cuenta de las operaciones financieras por un montante inferior a los 600.000 euros. El 12 de abril de 2002, el propio Del Olmo orden¨® el embargo de las acciones de Gil y le bloque¨® igualmente varias cuentas bancarias.

Finalmente, el 14 de febrero de 2003, la Audiencia conden¨® a Gil y a Cerezo por apropiaci¨®n indebedida. Ese mismo d¨ªa, su abogado, Horacio Oliva, anunci¨® que recurrir¨ªan ante el Tribunal Supremo alegando que en el fallo no se tiene en cuenta "la prescripci¨®n del delito".