El juez absuelve a 50 'okupas' acusados de des¨®rdenes en el desalojo de una f¨¢brica de La Guindalera, en 1997

El desalojo de los okupas que usaban como centro social la antigua f¨¢brica de Confecciones Almudena en Marqu¨¦s de Ahumada, 7 (Salamanca) se sald¨®, el 10 de marzo de 1997, con 158 j¨®venes detenidos. Fueron acusados de usurpaci¨®n de vivienda (as¨ª tipifica el C¨®digo Penal la okupaci¨®n), de des¨®rdenes p¨²blicos y de resistencia a la autoridad. Ese mismo a?o el Juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 15 eximi¨® a todos del delito de usurpaci¨®n. Ayer, siete a?os despu¨¦s, el Juzgado 8 de lo Penal ha absuelto a los 50 acusados de des¨®rdenes p¨²blicos, porque no ha quedado acreditado que fueran los autores de los actos vand¨¢licos cometidos (apedreamiento de sucursales bancarias y veh¨ªculos, quema de contenedores y ataques a la polic¨ªa).

La juez, en su fallo absolutorio, considera acreditado que el d¨ªa del desalojo "se produjo una grave alteraci¨®n del orden p¨²blico" cuya finalidad "era la de atentar contra la paz p¨²blica". Pero matiza que el problema "no es demostrar la existencia del delito, sino probar la participaci¨®n de los acusados en los incidentes". Indica, adem¨¢s, que los agentes que formaron parte del dispositivo policial no supieron identificar a los autores de los des¨®rdenes cuando declararon como testigos. El fiscal hab¨ªa pedido seis meses de prisi¨®n para cada uno de los 50 imputados.

Endika Zulueta, abogado de los acusados, considera que se ha dictado "una sentencia justa que refleja la injusticia cometida por la Delegaci¨®n del Gobierno en marzo de 1997 en una acci¨®n policial que intentaba dar un escarmiento a lo que se consideraba entonces la vanguardia del movimiento de okupaci¨®n".

La actuaci¨®n policial durante el desalojo de la f¨¢brica del barrio de La Guindalera, que llevaba 15 a?os cerrada y en manos del Fondo de Garant¨ªa de Dep¨®sitos, fue tachada de "abusiva" por grupos sociales y de la oposici¨®n. Los 158 detenidos, tras pasar dos noches en comisar¨ªa, presentaron una denuncia por malos tratos que fue archivada. El entonces ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, tuvo que dar explicaciones de lo ocurrido en el Congreso de los Diputados.