El Defensor del Pueblo pide al Gobierno que abra v¨ªas para regularizar a los 'sin papeles'

El defensor del pueblo, Enrique M¨²gica, anunci¨® ayer que no presentar¨¢ recurso de inconstitucionalidad contra la ¨²ltima reforma de la Ley de Extranjer¨ªa. Era lo previsto. Lo que nadie esperaba era el siguiente p¨¢rrafo del comunicado oficial: "[El Defensor del Pueblo] considera necesario que se efect¨²e un adecuado desarrollo reglamentario de la ley que permita, cuando menos, determinar v¨ªas de regularizaci¨®n individual a los extranjeros que permanecen en Espa?a en situaci¨®n irregular. Para ello se tiene previsto iniciar inmediatamente contactos con la Administraci¨®n, a efectos del desarrollo reglamentario de la Ley".

La instituci¨®n basa esta petici¨®n al Gobierno en "razones humanitarias y pragm¨¢ticas". Y no se queda ah¨ª. Tambi¨¦n llama la atenci¨®n al Ejecutivo "sobre la necesidad de buscar f¨®rmulas pr¨¢cticas que permitan dignificar la situaci¨®n de los extranjeros que permanecen en Espa?a y sobre los que pesa una orden de expulsi¨®n que no puede ejecutarse".

A juicio del Defensor, "estas personas no pueden, en principio, trabajar ni acceder a un estatus de residente legal. Obviamente eso les hace candidatos id¨®neos para asumir empleos en la econom¨ªa sumergida -con todo lo que esto supone en cuanto a riego de explotaci¨®n laboral o a la falta de condiciones b¨¢sicas de salud y seguridad laboral- y en algunos casos los lleva a la marginalidad en cualquiera de sus muy variadas formas".

Criterio tradicional

M¨²gica emiti¨® su veredicto pocas horas despu¨¦s de que el Parlamento vasco presentara su propio recurso ante el Tribunal Constitucional. Gracias a ello, pudo justificar su decisi¨®n de no recurrir la Ley en base al "criterio tradicional en la instituci¨®n de no presentar recurso cuando lo ha hecho ya otro de los sujetos legitimados para ello".

Pero, con su postura, el Defensor del Pueblo ha defraudado a m¨¢s de un centenar de entidades e instuticiones que le solicitaron que tramitara el recurso. Entre ellas figuran el Consejo General de la Abogac¨ªa, la Asociaci¨®n Libre de Abogados, los sindicatos CC. OO. y UGT y las ONG Andaluc¨ªa Acoge-Red Acoge y Asociaci¨®n Nacional Pro Derechos Humanos.

El presidente del Consejo General de la Abogac¨ªa, Carlos Carnicer, declar¨® a Europa Press: "Respetamos la decisi¨®n, pero nos hubiera gustado que el defensor presentara el recurso. Esperamos que la Administraci¨®n atienda la solicitud de M¨²gica de desarrollar una regulaci¨®n m¨¢s digna de la situaci¨®n de los inmigrantes". El presidente de la Comisi¨®n de Libertades e Inform¨¢tica, Antonio Farriols, afirm¨® que la reforma "consagra una sociedad con m¨¢s derechos [la formada por los nacionales] y otra con menos [la de los inmigrantes]. Espero", a?adi¨®, "que el Constitucional corrija esta situaci¨®n m¨¢s pronto que tarde". Una portavoz de IU se?al¨®, a la vista del comunicado del Defensor, que "en su fuero interno, M¨²gica reconoce que hay que revisar en el Reglamento aspectos de dudosa constitucionalidad".

El Parlamento vasco ha recurrido la modificaci¨®n de los paratados 3 y 5 del art¨ªculo 17 y la de los art¨ªculos 31, 32, 34, 35, 38, 39 y 40, por considerar que suponen "un nuevo retroceso intolerable en los derechos y libertades que las personas inmigrantes tienen en el Estado espa?ol, fomentan la inmigraci¨®n ilegal y dificultan el desarrollo de planes de integraci¨®n por parte de las comunidades aut¨®nomas, diputaciones y ayuntamientos".

En los mencionados art¨ªculos se consagra, entre otras cosas, el acceso de la polic¨ªa a los datos del Padr¨®n Municipal sin el consentimiento previo del interesado -lo que contraviene la opini¨®n de la Agencia de Protecci¨®n de Datos-, la devoluci¨®n de inmigrantes a sus pa¨ªses sin posibilidad de audiencia ni defensa, se recortan los derechos de los extranjeros en los centros de internamiento, se deja en manos de la compa?¨ªas de transporte la responsabilidad de decidir si sus clientes pueden o no solicitar asilo pol¨ªtico en Espa?a y se niega a los inmigrantes indocumentados la posibilidad de presentar solicitudes a las administraciones p¨²blicas.