Pol¨ªtica criminal sostenible
Hace unas semanas EL PA?S p¨²blico el art¨ªculo titulado Transparencia en las c¨¢rceles suscrito por el se?or I?aki Rivera. En dicho escrito se efectuaban distintas manifestaciones relativas a la opacidad que, seg¨²n su autor, hab¨ªa caracterizado la gesti¨®n de la anterior Administraci¨®n penitenciaria. Asimismo y en otro orden de cosas se hacia referencia a la lamentable muerte de un interno producida a principios de a?o en un centro penitenciario de Catalu?a.
En relaci¨®n con la muerte de un interno habr¨¢ que esperar a la pertinente resoluci¨®n judicial. En cualquier caso, todo parece indicar que los instrumentos de control legalmente previstos en nuestro ordenamiento han actuado y siguen actuando con absoluta correcci¨®n en relaci¨®n con la supervisi¨®n de la actividad penitenciaria.
Las acusaciones de la falta de transparencia de nuestro sistema penitenciario encajan mal en nuestro pa¨ªs con la existencia de jueces de Vigilancia Penitenciaria, fiscales dedicados a la actividad penitenciaria, un S¨ªndic de Greuges especialmente activo respecto a los derechos de los internos y un Parlamento con posibilidades de incidir en el control penitenciario.
La objetividad de tales acusaciones tampoco se sustenta cuando hoy es admitido por todos que el sistema penitenciario catal¨¢n ha desarrollado en los ¨²ltimos a?os una importante pol¨ªtica de apertura de las prisiones a la colaboraci¨®n de entidades sociales.
?C¨®mo se puede hablar de pol¨ªtica de opacidad penitenciaria cuando en la actualidad la que sin duda es la entidad de mayor prestigio en Catalu?a en materia de derechos humanos, el Institut de Drets Humans de Catalunya, est¨¢ elaborando desde el interior de dos prisiones catalanas y con sus propios equipos de investigaci¨®n un informe sobre derechos humanos y condiciones de vida de los internos?
?C¨®mo se puede hablar de falta de transparencia cuando entidades de reconocido prestigio, independencia y sentido cr¨ªtico en relaci¨®n con el mundo de las prisiones, como la Cruz Roja o Just¨ªcia i Pau, junto con otras 45 entidades que agrupan a m¨¢s de 700 voluntarios penitenciarios trabajan regularmente en todos los centros penitenciarios catalanes?
El recurso a la "duda permanente" sobre el mundo penitenciario que algunos gustan de practicar deber¨ªa basarse en elementos m¨¢s s¨®lidos y menos subjetivos para que resulte m¨ªnimamente cre¨ªble. Se trata de un discurso ya antiguo y m¨¢s apropiado para otras latitudes sobre un sistema penitenciario consistente en un mundo oscuro, opaco y necesitado de ser penetrado por no se sabe qui¨¦n para que al final reluzca la verdad. En ese mundo todo indica que los jueces no ven, los fiscales no preguntan, las entidades sociales est¨¢n compradas, los voluntarios no opinan y la Administraci¨®n penitenciaria y sus cientos de profesionales esconden y consienten lo que jam¨¢s deber¨ªa consentirse. En ese mundo todos nos levantamos cada d¨ªa siendo presuntos culpables.
Quienes defienden tales planteamientos que no comparto en absoluto merecen mi respeto en el contexto del debate jur¨ªdico y cient¨ªfico. Su objetivo no es mejorar el sistema penitenciario. Su objetivo es superarlo. Llevan a?os menospreciando e insultando al sistema penitenciario constitucional y a sus profesionales, y solamente en los ¨²ltimos tiempos han adoptado la cautela de la presunci¨®n de inocencia. Llevan a?os con una estrategia que no conduce a ninguna parte. No parecen ser los m¨¢s indicados para juzgar con garant¨ªas a la Administraci¨®n penitenciaria.
Sin embargo, mientras mantenemos tales discusiones, que seguramente aunque lamentablemente a casi nadie interesan, en nuestro pa¨ªs lleva camino de consolidarse un modelo de pol¨ªtica criminal que es sencillamente insostenible. ?ste es el problema. Ah¨ª deber¨ªa situarse el debate.
Con el actual modelo de pol¨ªtica criminal iniciado con el C¨®digo Penal de 1995 y finalizado con gran esplendor en la etapa m¨¢s reciente de un PP con mayor¨ªa absoluta, Catalu?a albergar¨¢ en el a?o 2008 una poblaci¨®n reclusa cercana a los 10.000 internos con la necesidad de construir durante este periodo un m¨ªnimo de cuatro grandes centros penitenciarios. Vamos camino de una Catalu?a penitenciaria. Vamos camino de un modelo insostenible.
En el actual contexto pol¨ªtico, Catalu?a gestiona sus servicios penitenciarios, pero no dispone de competencias en materia de legislaci¨®n penal-penitenciaria. Es decir y simplificando, Madrid elabora y aprueba las leyes y reglamentos y Catalu?a pone los recursos, las prisiones. Una balanza bastante desigual.
La actual insostenibilidad del modelo no es patrimonio exclusivo de nuestro pa¨ªs. Europa sufre id¨¦ntico estr¨¦s penitenciario. La aparici¨®n y ampliaci¨®n de planteamientos como la privatizaci¨®n del servicio p¨²blico penitenciario, las listas de espera o la construcci¨®n de prisiones para extranjeros fuera de las fronteras nacionales est¨¢n cada vez m¨¢s a la orden del d¨ªa. Recientemente Le Monde ha publicado un informe demoledor elaborado este verano por el Comit¨¦ Europeo para la Prevenci¨®n de la Tortura y relativo a la situaci¨®n existente en las prisiones francesas a consecuencia, una vez m¨¢s, de la masificaci¨®n penitenciaria, la m¨¢s negativa de las consecuencias de la actual insostenibilidad.
En Catalu?a partimos de una larga tradici¨®n humanista, europe¨ªsta y progresista tambi¨¦n respecto a la justicia penal. La Generalitat ha impulsado en los ¨²ltimos a?os importantes e innovadoras experiencias desarrolladas en el ¨¢mbito de la ejecuci¨®n penal.
Hoy, y ma?ana, en el contexto de la discusi¨®n de un nuevo Estatut para nuestro pa¨ªs, deber¨ªamos poder manifestar tambi¨¦n si ¨¦ste es el modelo de pol¨ªtica criminal que queremos para Catalu?a, o si por el contrario queremos optar por un modelo propio en la l¨ªnea de las recomendaciones del Consejo de Europa. Un nuevo modelo que, nacido del consenso, resit¨²e en t¨¦rminos aceptables la pena de prisi¨®n y sus formas de cumplimiento, y que d¨¦ entrada con valent¨ªa a nuevas modalidades sancionadoras.
El Parlament y el Departamento de Justicia de la Generalitat tienen por delante una tarea apasionante y necesaria en la que encontrar¨¢n sin duda el apoyo de la mayor¨ªa de los ciudadanos. Limitarse a criticar al PP ya no sirve.
Ram¨®n Par¨¦s Galles, profesor de Derecho Penitenciario de la UB y ex secretario general de Servicios Penitenciarios de la Generalitat.
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