El prestigio de la Administraci¨®n exige su "protecci¨®n penal"

El esp¨ªritu que anima el escrito que presentar¨¢ el diputado socialista Jordi Sevilla ante la Fiscal¨ªa General del Estado es que, al margen de los hechos que ya investiga el juzgado de Nules sobre el caso Fabra, Anticorrupci¨®n deber¨ªa abrir pesquisas sobre otros hechos conocidos que no forman parte de dichas diligencias. Y, sobre todo, la instituci¨®n que preside Jes¨²s Cardenal debe apoyar a dicho juzgado con una exhaustiva investigaci¨®n del conjunto de piezas que integran este caso.

El PSOE justifica as¨ª su iniciativa ante Cardenal: "Debido a la naturaleza de los hechos denunciados y la implicaci¨®n de altos cargos del Estado y dado que s¨®lo una parte de los mismos est¨¢n actualmente contemplados en el procedimiento que se sigue en el Juzgado n¨²mero 1 de Nules, resulta necesaria que se asuma por la Fiscal¨ªa especial para la represi¨®n de los delitos econ¨®micos relacionados con la corrupci¨®n la investigaci¨®n de estos hechos". "La necesidad de esta investigaci¨®n de oficio, cobra una mayor significaci¨®n, en tanto que se encuentra bloqueada por el Grupo Popular, mayoritario en la Diputaci¨®n Provincial de Castell¨®n, la necesaria constituci¨®n de una comisi¨®n de investigaci¨®n, solicitada por la totalidad de los restantes grupos de la instituci¨®n", apunta el escrito redactado por el PSOE.

Esta formaci¨®n afirma que los hechos sospechosos del caso Fabra ya conocidos encajan milim¨¦tricamente en la instrucci¨®n de la Fiscal¨ªa General del Estado de enero de 1996 que alertaba de un "ataque pluriofensivo a valores y bienes jur¨ªdicos esenciales en el Estado democr¨¢tico de derecho que deben preservarse mediante su protecci¨®n penal". Tales valores estaban "constituidos tanto por el prestigio de la Administraci¨®n ante los administrados como por el deber de la Administraci¨®n de servir con objetividad los intereses generales, seg¨²n la exigencia del art¨ªculo 103 de la Constituci¨®n, que se traduce en un deber de neutralidad, probidad e imparcialidad de todos aquellos que participan en las funciones p¨²blicas y en el deber de prestaci¨®n eficaz del servicio p¨²blico".