La guerra de nervios de los sondeos

La enfermiza hipersensibilidad de los profesionales del poder respecto a los sondeos no se limita a proyectar mec¨¢nicamente sobre el electorado sus estados de ¨¢nimo euf¨®ricos o depresivos. El temor de los pol¨ªticos a que la publicaci¨®n de las encuestas pueda resultar perjudicial para su causa ha dejado igualmente huella en la Ley Electoral, que exige severos requisitos t¨¦cnicos en su elaboraci¨®n y otorga amplios poderes de control a la Junta Electoral Central. Sin duda, la doble necesidad de garantizar el juego limpio entre los partidos concurrentes y la competencia leal entre las empresas demosc¨®picas justifica la adopci¨®n de todo tipo de cautelas destinadas a impedir que la difusi¨®n de los sondeos sea manipulada de manera falaz. Pero el s¨ªndrome de la sondeo-dependencia de los pol¨ªticos se extiende tambi¨¦n al intento de ocultar a los ciudadanos el conocimiento de encuestas preelectorales realizadas en plena conformidad con los requisitos exigidos: as¨ª, el art¨ªculo 69 de la Ley Electoral proh¨ªbe la difusi¨®n de sondeos por cualquier medio de comunicaci¨®n durante los cinco d¨ªas anteriores a la fecha de la votaci¨®n.

La premisa mayor t¨¢cita de esa medida censoria es la influencia supuestamente indeseable ejercida contra la soberana autonom¨ªa del elector por el conocimiento previo de la intenci¨®n de voto de sus conciudadanos recogida en las encuestas de ¨²ltima hora. El argumento hace agua por todas partes: por lo pronto, las repercusiones sobre el comportamiento electoral de los nuevos sondeos que disuenan de las tendencias dominantes hasta entonces en el mercado pol¨ªtico -al estilo del acortamiento de las distancias entre el PP y el PSOE anunciado el pasado fin de semana- son t¨¦cnicamente impredecibles. A escasos d¨ªas del 14-M, ese sobresalto demosc¨®pico puede suscitar un efecto de adhesi¨®n favorable a los socialistas en ascenso o provocar un efecto de rechazo beneficioso para los populares amenazados en su mayor¨ªa absoluta.

La interdicci¨®n legal de la difusi¨®n p¨²blica de encuestas cinco d¨ªas antes de la fecha de las elecciones parece un gesto paternalista de la clase pol¨ªtica, temerosa de que la capacidad de razonamiento de los votantes sea v¨ªctima de un fen¨®meno de alucinaci¨®n colectiva. De existir ese riesgo de secuestro, sin embargo, la causa no ser¨ªan las encuestas protegidas de "falsificaciones, ocultaciones o modificaciones deliberadas" por la Junta Electoral sino los bulos y rumores lanzados de manera intencionadamente maliciosa desde los partidos y los medios de comunicaci¨®n a su servicio casi en v¨ªsperas de la apertura de las urnas. En cualquier caso, tampoco se entiende la raz¨®n de que la prohibici¨®n de la difusi¨®n de los sondeos s¨®lo se haga operativa cinco d¨ªas antes de los comicios: ?por qu¨¦ no una semana, una quincena, un mes, el per¨ªodo electoral, la legislatura entera o toda la vida?

No se trata, sin embargo, de un asunto que los Parlamentos puedan regular a su entera discreci¨®n: el Consejo de Estado franc¨¦s ha tenido ya ocasi¨®n de pronunciarse al respecto. La interdicci¨®n de los sondeos durante el final de la campa?a -una semana en Francia- colisiona en Espa?a con los derechos constitucionales "a comunicar o recibir libremente informaci¨®n por cualquier medio de difusi¨®n" y "a participar en los asuntos p¨²blicos". El abuso de los pol¨ªticos es tanto mas grave cuanto que del tenor literal del art¨ªculo 69 de la Ley Electoral se desprende que las empresas de sondeos conservan el derecho a seguir realizando su trabajo y a comunicar secretamente a sus clientes (el Gobierno, los partidos, los medios informativos o cualquier otra instituci¨®n) los resultados. Desde el martes hasta el s¨¢bado de esta semana, un restringido grupo de operadores del mercado pol¨ªtico tendr¨¢ a su exclusiva disposici¨®n -sin otro l¨ªmite que el dinero disponible- un rico yacimiento de datos demosc¨®picos; mientras los votantes ser¨¢n mantenidos en la ignorancia, los estrategas de los partidos aprovechar¨¢n esa informaci¨®n reservada para tratar de inclinar la balanza en unos re?idos comicios en los que el Gobierno se juega la mayor¨ªa absoluta o cuando menos una c¨®moda investidura presidencial de Rajoy.