El S¨ªndic denuncia el vac¨ªo legal de la videovigilancia privada

Las videoc¨¢maras de vigilancia de uso privado (las que se instalan en comercios o entidades bancarias, por ejemplo) proliferan a un ritmo acelerado sin que una normativa las regule y evite que su uso incorrecto vulnere el derecho al honor, a la intimidad o a la imagen. As¨ª lo advierte el s¨ªndic de greuges, Anton Ca?ellas, quien pide una regulaci¨®n urgente del uso de estos dispositivos por parte de la empresa privada.

La regulaci¨®n de la videovigilancia en la esfera privada es competencia del Gobierno central. Por ello, el S¨ªndic de Greuges ha pedido al Defensor del Pueblo que inste al Ejecutivo espa?ol a elaborar una normativa ante el "preocupante vac¨ªo legal " que existe. El s¨ªndic, Anton Ca?ellas, recuerda que la Ley Org¨¢nica de 1997 que regula el uso de las videoc¨¢maras instaladas en la v¨ªa p¨²blica con fines policiales "establec¨ªa que en el plazo de un a?o se elaborar¨ªa una normativa" similar para las c¨¢maras instaladas en empresas privadas, como entidades bancarias, aparcamientos o comercios. Siete a?os despu¨¦s, lamenta el s¨ªndic, la normativa no se ha elaborado todav¨ªa.

Ca?ellas hace estas consideraciones en un estudio sobre la videovigilancia que forma parte del informe anual del S¨ªndic correspondiente a 2003 y que ayer fue entregado a la Mesa del Parlament.

Anton Ca?ellas se?ala que las c¨¢maras de vigilancia en lugares privados se est¨¢n extendiendo con gran rapidez. "Cualquier observador puede constatar que el n¨²mero de videoc¨¢maras utilizadas para la vigilancia privada supera con mucho el de las instaladas por las fuerzas y cuerpos de seguridad" en la v¨ªa p¨²blica, afirma. En su informe, el S¨ªndic considera "imprescindible" regular el uso de las c¨¢maras de v¨ªdeo en los locales privados, "con la m¨¢xima diligencia posible", mediante una ley como la que existe para las c¨¢maras instaladas en la v¨ªa p¨²blica, ya que "en uno y otro supuesto los derechos fundamentales potencialmente lesionados son los mismos". Ca?ellas cita algunos derechos que pueden ser vulnerados por un uso incorrecto de estos dispositivos, entre ellos el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

En el mismo informe, Ca?ellas defiende una modificaci¨®n de la normativa catalana sobre videoc¨¢maras para el control del tr¨¢fico a fin de que obligue a advertir a los conductores de la presencia de estos dispositivos en el punto de la carretera donde est¨¢n instalados. Esta obligaci¨®n ya existe para las c¨¢maras de la calles o espacios urbanos para uso policial. Su presencia se indica con un logotipo. El s¨ªndic cree que es necesario hacer extensiva esta obligatoriedad para las videoc¨¢maras de control del tr¨¢fico, ya que la finalidad de ¨¦stas es "prevenir y no ¨²nicamente detectar a los infractores".

Respecto a las videoc¨¢maras situadas en calles o espacios urbanos para garantizar la seguridad ciudadana y utilizadas por la polic¨ªa, el S¨ªndic pide a la Generalitat que retire los dispositivos que siguen funcionando pese a haber caducado su autorizaci¨®n. ?sta se otorga para un a?o y puede ser prorrogada si los ayuntamientos lo solicitan y "si persisten los motivos por los que fueron instaladas". En la pr¨¢ctica, se?ala Ca?ellas, no se solicita dicha renovaci¨®n y las c¨¢maras siguen funcionando sin licencia.

Vivienda e inmmigraci¨®n

El informe anual del S¨ªndic aborda varios campos, entre ellos el de la vivienda. Ca?ellas censura la d¨¦bil intervenci¨®n de las administraciones a la hora de potenciar la vivienda de alquiler o la de protecci¨®n oficial.

En el apartado dedicado a la inmigraci¨®n, Ca?ellas advierte de que la nueva ley que permite a la polic¨ªa acceder a los padrones municipales s¨®lo debe utilizarse para pedir informaciones muy concretas, pero no para realizar "un peinado masivo" de la base de datos.

En materia sanitaria, el S¨ªndic constata una mejora del funcionamiento de los servicios de hospitalizaci¨®n psiqui¨¢trica, pero lamenta que esta evoluci¨®n positiva no se haya producido en la potenciaci¨®n de los recursos para la reinserci¨®n social y laboral de los enfermos mentales. Ca?ellas considera muy positiva la creaci¨®n de la Unidad Hospitalaria Psiqui¨¢trica Penitenciaria en la c¨¢rcel de Brians, as¨ª como la puesta en marcha de un programa de intercambio de jeringuillas para presos toxic¨®manos en Tarragona.