Un estudio desvela que s¨®lo el 9% de la oferta de viviendas en Castell¨®n es para alquiler

Las viviendas de alquiler en la provincia de Castell¨®n son "pocas y caras", seg¨²n el estudio presentado ayer por la Uni¨®n de Consumidores (UCE). El an¨¢lisis pone de manifiesto que en la ciudad de Castell¨®n s¨®lo se destina a alquiler el 9% de las viviendas de segunda mano, mientras que en el resto de la provincia alcanza el 28%. Sin embargo, seg¨²n destaca el estudio de los consumidores, si se tiene en cuenta toda la oferta inmobiliaria, tanto de segunda mano como vivienda nueva, el porcentaje de la disponibilidad de pisos en alquiler se reduce al 1%.

M¨¢s del 50% de la oferta es de pisos amueblados, lo que causa reclamaciones

La Uni¨®n de Consumidores de Castell¨®n (UCE) ha realizado un estudio sobre la oferta de viviendas en la provincia en el que concluye que las destinadas al arrendamiento son "pocas y caras", tal como se?al¨® ayer el secretario general del colectivo, Juan Carlos Insa. El an¨¢lisis, que se ha realizado sobre la oferta que efect¨²an directamente los propietarios, se?ala que tan s¨®lo un 9% de la oferta inmobiliaria de viviendas usadas en la capital de La Plana se destina al alquiler, mientras que en el resto de la provincia el porcentaje se eleva hasta el 28%. Este ¨ªndice se queda en un escueto 1% si se computan tambi¨¦n las viviendas nuevas.

La UCE inici¨® el estudio al comprobar el "disparatado" incremento del precio de la vivienda, tanto nueva como de segunda mano, en Castell¨®n. Para la asociaci¨®n de consumidores y usuarios, las razones de este incremento son la "nula pol¨ªtica" de viviendas de protecci¨®n oficial, los bajos tipos de inter¨¦s (que provocan una tendencia a la compra) y el desv¨ªo de capitales al mercado inmobiliario ante los bajos rendimientos que ofrece la renta variable.

Centrado en las opciones de arrendamiento, el estudio se ha fijado en los precios que los propietarios de los pisos reclaman por su alquiler, que var¨ªa dependiendo de si est¨¢ amueblado o no. En el caso de la ciudad de Castell¨®n, el precio medio del piso en alquiler amueblado es de 600 euros al mes, mientras que sin amueblar alcanza los 500 euros. Sin embargo, la UCE ha querido hacer constar las diferencias entre unos barrios y otros, ya que mientras en el centro de la ciudad los precios de los pisos amueblados para alquilar alcanzan los 900 euros, en el distrito mar¨ªtimo los arrendamientos descienden un 15%. A¨²n as¨ª, el inmueble de alquiler m¨¢s barato se ha encontrado en un barrio perif¨¦rico, en el grupo San Lorenzo, en el que se piden 250 euros por el alquiler de una vivienda. En el resto de la provincia, los amueblados tiene un precio medio de 450 euros al mes, mientras que los que se alquilan sin amueblar sit¨²an la media en 400 euros. En cualquier caso, el estudio revela que los precios disminuyen conforme las poblaciones est¨¢n m¨¢s alejadas de la capital de La Plana. Con estos precios, seg¨²n Juan Carlos Insa, los alquileres "quedan fuera del poder adquisitivo de los sectores de la poblaci¨®n que, en principio, deber¨ªan estar m¨¢s interesados en esta f¨®rmula como son los j¨®venes, las personas mayores o los inmigrantes".

Entre las ofertas estudiadas, m¨¢s del 50% corresponde a pisos amueblados lo que, seg¨²n el secretario general de la UCE en Castell¨®n, en muchas ocasiones, provoca reclamaciones sobre el estado en el que se encuentra el mobiliario. Adem¨¢s, "cada vez con mayor frecuencia", el propietario reclama "solvencia" a los arrendatarios, mientras que se ha detectado un incremento del alquiler de habitaciones.

Tras la realizaci¨®n del estudio, la UCE ha presentado unas propuestas encaminadas a incrementar la oferta de viviendas en alquiler. As¨ª, el asesor jur¨ªdico de la UCE, Enric Pallar¨¦s, plante¨® como medidas el acortar los plazos de los procedimientos de desahucio y hacer que ¨¦stos sean preferentes respecto a otros de materia civil. Garantizar el pago de las rentas a los propietarios por parte de la Administraci¨®n, siempre que el procedimiento de desahucio dure m¨¢s de dos meses desde su solicitud y siempre que la renta sea inferior al 75% del salario m¨ªnimo interprofesional, son otras de las posibilidades planteadas por la Uni¨®n de Consumidores.