Los inspectores denuncian indefensi¨®n tras la condena al funcionario del 'caso Ardystil'

El portavoz de la Uni¨®n de Progresistas de Inspectores de Trabajo, Adri¨¢n Gonz¨¢lez, denunci¨® ayer la "indefensi¨®n" de los funcionarios imputados en los litigios que se siguen contra las empresas por incumplimiento de las medidas de seguridad. Las cr¨ªticas se producen a ra¨ªz de la condena a seis meses de prisi¨®n por un delito de imprudencia al funcionario Alfredo Ortol¨¢ por el caso Ardystil. El colectivo censura que los jueces condenan a los inspectores como garant¨ªa para que las v¨ªctimas cobren las indemnizaciones de la Administraci¨®n, como responsable subsidiario.

Expertos legales se reunieron ayer en Alicante para analizar el caso de Fernando Ortol¨¢, inspector condenado en primera instancia por el caso Ardystil, s¨ªndrome laboral que cost¨® la vida a seis personas y m¨¢s de un centenar de damnificados. El funcionario, todav¨ªa en activo, fue condenado por la Audiencia de Alicante a seis meses de c¨¢rcel por un delito de imprudencia y al pago de casi 4,1 millones de euros.

El tribunal apreci¨® que Ortol¨¢ se inhibi¨® en sus competencias en materia de seguridad e higiene con motivo de una visita a la f¨¢brica en septiembre de 1990, dos a?os antes de declararse el s¨ªndrome. La sala rechaz¨® el argumento del inspector sobre la inactividad de la industria cuando curs¨® la inspecci¨®n, versi¨®n que tambi¨¦n fue ratificada en el juicio por el subinspector que le acompa?¨®. "Su inhibici¨®n [dec¨ªa la sentencia] posibilit¨® que perdurase una situaci¨®n de grave riesgo para la salud de los trabajadores y que cristaliz¨® finalmente en una grave enfermedad, causante de varias muertes".

Ortol¨¢, cuya defensa (un experto en penal) fue sufragada mediante una colecta entre sus compa?eros con el apoyo de la Administraci¨®n central, recurri¨® la sentencia al Tribunal Supremo. Mientras el Alto Tribunal resuelve, los titulares de la Secci¨®n Tercera de la Audiencia de Alicante ya han reclamado al funcionario que se?ale sus bienes para hacer frente a las cuantiosas indemnizaciones. Adri¨¢n Gonz¨¢lez interpret¨® as¨ª el fallo: "En realidad lo que se buscaba era asegurar una responsabilidad subsidiaria a trav¨¦s de la condena al funcionario". Y agreg¨®: "Lamento que para conseguir este objetivo se tenga que arruinar la vida a un trabajador". De ser ratificado el fallo, Alfredo Ortol¨¢ permanecer¨¢ suspendido de empleo y sueldo durante seis meses y pasar¨¢ a tener un historial delictivo. Adem¨¢s, en caso de que la Generalitat valenciana no asuma el importe de las indemnizaciones -pese a su compromiso-, sus bienes ser¨¢n embargados. A juicio de Gonz¨¢lez, "se pueden haber forzado determinados argumentos jur¨ªdicos para obtener las indemnizaciones".

Por ello, el colectivo reclama, por un lado, un seguro de responsabilidad civil que haga frente este tipo de indemnizaciones. Por otro, derecho a una asistencia jur¨ªdica gratuita. El caso de Ortol¨¢ es el primero en los cien a?os de historia de este colectivo.