Los jueces dan un varapalo a cinco proyectos emblem¨¢ticos del PP

Los tribunales de justicia han propinado fuertes varapalos a proyectos y decisiones adoptadas por los gobiernos del PP en la Generalitat y en los ayuntamientos de Valencia y Alicante. En los tres primeros meses de 2004 se han anulado las compensaciones por las expropiaciones de Terra M¨ªtica y su entorno, la privatizaci¨®n de la televisi¨®n p¨²blica valenciana, o se ha confirmado la paralizaci¨®n cautelar de planes urban¨ªsticos en torno al Palacio de Congresos de Alicante y la prolongaci¨®n de Blasco Ib¨¢?ez en Valencia. Tambi¨¦n se ha validado el t¨ªtulo de Filologia Catalana.

Cuatro sentencias han rectificado la pol¨ªtica de expropiaci¨®n de terrenos para Terra M¨ªtica

La Generalitat ha tenido que modificar la Ley de Patrimonio para realizar sus planes

Los reveses han llegado en alguos casos por pol¨ªticas desarrolladas por anteriores cargos pol¨ªticos del PP, como el ex presidente Eduardo Zaplana, y pr¨¢cticamente han coincidido en el tiempo con la v¨ªctoria del PSOE en las elecciones generales.

El alcalde de Alicante, Luis D¨ªaz Alperi, del PP, tras topar reiteradamente contra la Justicia ha reculado, aunque inicialmente de manera parcial, en su empe?o de levantar un palacio de congresos en la ladera del monte Benacantil, hito del patrimonio hist¨®rico-art¨ªstico de la ciudad que corona la fortaleza ¨¢rabe de Santa B¨¢rbara. El auto de hace dos semanas del TSJ, que anulaba parcialmente el Plan Especial de Protecci¨®n del Castillo de Santa B¨¢rbara y manten¨ªa la suspensi¨®n cautelar de cualquier obra en ese flanco, coincide, en parte, el discurso de la oposici¨®n y de los colectivos vecinales, y apunta al barrio de La Sangueta como emplazamiento para la anhelada dotaci¨®n. Alperi opta por esta nueva ubicaci¨®n por su cercan¨ªa a la fachada mar¨ªtima de la ciudad.

En el ¨¢nimo de Alperi ha pesado tambi¨¦n la presi¨®n de los sectores econ¨®micos y tur¨ªsticos de la ciudad que reclaman con insistencia la dotaci¨®n y veladamente han exigido una alternativa a ra¨ªz del ¨²ltimo auto del TSJ.

Con todo, Alperi ha dado ¨®rdenes para recurrir la resoluci¨®n. El primer edil, admite que el litigio en los tribunales se puede prolongar por espacio de cinco a?os, "y la ciudad no puede estar ese tiempo sin palacio de congresos", precisa. De ah¨ª que haya optado por cambiar de ubicaci¨®n. Pero en el supuesto de que finalmente ganara la batalla jur¨ªdica a los partidos en la oposici¨®n, PSPV y EU, y la plataforma c¨ªvica Salvem el Benacantil, Alperi propone levantar en el Benacantil una dotaci¨®n menor, una especie de auditorio.

La repentina marcha atr¨¢s de Alperi ha llenado de gozo a los portavoces del PSPV y EU, Blas Bernal y Susana S¨¢nchez, respectivamente. "En nueve a?os no tenemos palacio de congresos por la cabezoner¨ªa del alcalde", dice Bernal. "Han sido las resoluciones judiciales lo que le ha hecho [al alcalde] recapacitar", a?ade S¨¢nchez. Ambos reclaman consenso, al igual que el exultante Francisco Huesca, portavoz del colectivo Salvem el Benacantil, que all¨¢ por 1997 inici¨® la batalla judicial. Huesca, no obstante, insisti¨® en que el monte quede a salvo del pico y la pala, "ni palacio ni auditorio, nos opondremos a cualquier construcci¨®n en el monte", remarca.

La alcaldesa de Valencia, Rita Barber¨¢, por su parte, ha afirmado que la sentencia del Tribunal Supremo que desestima su recurso y avala la decisi¨®n del TSJ de paralizar el derribo de la zona de viviendas protegida de El Cabanyal para prolongar Blasco Ib¨¢?ez hasta pronunciarse sobre la legalidad del plan, "no hace variar la situaci¨®n actual del proyecto". Asegur¨® que seguir¨¢ desarrollando el 98% del proyecto.

Los obst¨¢culos para llevar a cabo estos dos planes urban¨ªsticos de Alicante y Valencia han motivado la decisi¨®n de la Generalitat de introducir modificaciones en la Ley de Patrimonio aprobada por las Cortes durante el mandato popular.

Tambi¨¦n esta semana se ha dado a conocer la sentencia del TSJ que considera injustificada la decisi¨®n de la Generalitat de excluir la titulaci¨®n de Filologia Catalana como forma de acreditar conocimientos en valenciano y as¨ª evitar la prueba en las oposiciones a Secundaria y otros cuerpos. El consejero de Educaci¨®n, Esteban Gonz¨¢lez Pons, ha declarado que recurrir¨¢ la sentencia si es posible.

A estos fallos se unen las cuatro sentencias del TSJ -la ¨²ltima el 29 de enero- que han dado al traste con la pol¨ªtica de expropiaciones de la Generalitat para la construcci¨®n de Terra M¨ªtica y el entorno l¨²dico y hotelero. Los 17, 9 millones de euros que la Administraci¨®n pag¨® por los diez millones de metros cuadrados afectados se han convertido en casi 100 millones. El sobrecoste tendr¨¢ que salir de las endeudadas arcas p¨²blicas para compensar a los propietarios que recurrieron la valoraci¨®n de lo terrenos del Jurado Provincial de Expropiaciones Forzosas de Alicante. Este organismo calific¨® dicha superficie, en su mayor¨ªa arrasada por un incendio en 1992, como forestal. En reiteradas ocasiones, el TSJ ha dejado claro que la Generalitat, presidida entonces por Eduardo Zaplana, recalific¨® despu¨¦s los terrenos como urbanizables para poder ejecutar el proyecto. Y ello supon¨ªa que se privaba a los propietarios del beneficio de la explotaci¨®n. La misma pol¨ªtica se ha seguido en proyectos a¨²n en desarrollo como La Ciudad de la Luz en Alicante y el Aeropuerto de Castell¨®n, lo que ya han generado las primeras impugnaciones.

El 11 de febrero, la titular del juzgado contencioso-administrativo n¨²mero dos de Valencia, estim¨® el recurso de UGT contra el acuerdo del consejo de administraci¨®n del ente p¨²blico que permiti¨® el 31 de marzo de 2003 la convocatoria de tres concursos para privatizar 1.884 horas de programaci¨®n, los servicios informativos y la gesti¨®n de la publicidad. La juez sentenci¨® que tal acuerdo vulneraba la Constituci¨®n, la Ley del Tercer Canal, el Estatuto de Autonom¨ªa y la Ley de Creaci¨®n de R¨¤dio Televisi¨® Valenciana (RTVV).