A vueltas con el gasto social

He dejado pasar la pol¨¦mica suscitada en estas ¨²ltimas elecciones catalanas acerca de las cifras de gasto social, en el debate de lo que algunos han venido tildando como "Espa?a va mal y Catalu?a va peor". Sin embargo, ahora desear¨ªa comentar lo siguiente.

1.El que un pa¨ªs tenga un gasto social elevado no quiere decir, en principio, nada. Primero, porque la necesidad de actuar corrigiendo las rentas depende de los condicionamientos con los que ¨¦stas se generen (marco laboral, nivel de salario m¨ªnimo, existencia de prestaciones en especie a cargo del empleador, etc¨¦tera). Segundo, cuanto mejor vaya la econom¨ªa, menor gasto social ser¨¢ necesario. Y aunque ¨¦ste se mantuviera constante, su ratio sobre el PIB ser¨ªa inferior: en el periodo 1992-95 el gasto social en t¨¦rminos de PIB se situaba en el 22% del PIB frente al 20% actual (n¨®tese que cualquier cifra fluct¨²a mucho en funci¨®n de la coyuntura de renta que recoge el denominador del coeficiente). Pero, claro est¨¢, con los niveles de desempleo de aquel periodo, hab¨ªa dos millones de beneficiarios de programas asistenciales, mientras que en la actualidad se registra 1,6 millones (a¨²n computando el aumento actual de pensionistas). A tipo medio de transferencias (transferencias totales sobre renta familiar disponible) el nivel de protecci¨®n resulta id¨¦ntico. No creo, por lo dem¨¢s, que la ciudadan¨ªa valore el cuanto peor (m¨¢s paro, m¨¢s pobreza, menos renta), mejor (m¨¢s gasto social en t¨¦rminos de PIB), sino todo lo contrario.

2. En la valoraci¨®n de la necesidad de intervenci¨®n p¨²blica en la protecci¨®n social conviene adoptar una perspectiva amplia. ?Preocupa la pobreza o la desigualdad? Es sabido que la pobreza disminuye a menudo al coste de aumentar las desigualdades en renta. ?Son en Espa?a ¨¦stas desigualdades ya exageradamente elevadas como para cuestionar el esfuerzo en la creaci¨®n de renta y en su caso en reducci¨®n de la pobreza por la v¨ªa del mayor crecimiento?

3. Las posibilidades de manipular las cifras de comparaci¨®n de gasto social para que el argumento se ajuste al objetivo pol¨ªtico son muchas. Por ejemplo, comparando transferencias monetarias entre pa¨ªses, obviando las prestaciones en especie que el Estado suministra gratuitamente en el momento de acceso. Por ejemplo, entre Francia y Espa?a, a la vista de c¨®mo se provee la sanidad. De modo similar, en lo que se refiere a los t¨¦rminos de comparaci¨®n. Es un ejercicio f¨¢cil mostrar c¨®mo var¨ªa el diagn¨®stico de la situaci¨®n espa?ola en gasto sanitario seg¨²n cu¨¢l sea el nivel medio con el que lo comparemos: con la OCDE (?ponderado por poblaci¨®n?, ojo al dato visto el peso de EE UU) o con la Uni¨®n Europea, contabilizando en la media pa¨ªses que cuentan con sistemas de aseguramiento social, como Alemania, Francia, Holanda, Austria, B¨¦lgica... de los que es sabido que suelen ser m¨¢s caros, al restringir menos la utilizaci¨®n, aunque satisfacen mejor las preferencias de los ciudadanos. Y ello, pese a que a rengl¨®n seguido se desprecien aquellos modelos como menos eficientes. Si esto sirve para mostrar un desfase de dos puntitos de PIB y as¨ª justificar una mayor financiaci¨®n que ciertamente satisfacer¨¢ intereses en presencia, ?adelante! De modo parecido, se puede manipular el argumento a conveniencia seg¨²n cu¨¢l sea el indicador elegido: gasto total o s¨®lo p¨²blico, neto o no de copagos en financiaci¨®n, definido como porcentaje del gasto total (para demonizar, pongamos por caso, el gasto farmac¨¦utico), per c¨¢pita (con lo que mayor ser¨¢ la distancia a la media si no ajustamos por nuestra renta inferior a la europea), etc¨¦tera.

4. Resulta f¨¢cil, acomodaticio con las circunstancias (la necesidad de fijar alg¨²n tipo de protecci¨®n a la dependencia) y demag¨®gico (vista la fuerza pol¨ªtica de nuestras agrupaciones de mayores y pensionistas), declarar que en nuestro pa¨ªs los pobres son los mayores de 65 a?os y entronizar dicho colectivo como objetivo prioritario de las pol¨ªticas p¨²blicas. Entre nuestros mayores, sin duda, los hay muy pobres: a ellos,

toda nuestra atenci¨®n y destino del gasto social. Pero no en general de modo indiscriminado: hay pensionistas con baja renta relativa, pero con mayor patrimonio (poseen piso y otros activos adem¨¢s de su derecho a pensi¨®n). Conviene por ello alertar acerca de los peligros del efecto expulsi¨®n (impacto colateral sobre la equidad) que el envejecimiento puede ejercer sobre el gasto social de otros colectivos mayormente necesitados (mujeres que desean incorporarse al mercado de trabajo, atenci¨®n a los ni?os y a la formaci¨®n de habilidades de cara al futuro, familias monoparentales pobres y colectivos de j¨®venes que no consiguen acceder al mercado de trabajo o a una vivienda).

5. Por lo dem¨¢s, resulta sorprendente el modo en el que algunos valoran el gasto social en Catalu?a ("Catalu?a va peor"), refiriendo las cifras al PIB catal¨¢n. Es de una aritm¨¦tica simple saber que si se acepta que el Estado financie los servicios de bienestar transferidos seg¨²n el peso de la poblaci¨®n, el coeficiente resultante de dicho gasto/PIB para cualquier comunidad con renta per c¨¢pita alta ser¨¢ inferior al ratio estatal. De este modo, valorar el gasto p¨²blico en Catalu?a en I+D, en sanidad, en educaci¨®n, etc¨¦tera, bajo est¨¢ndares europeos, necesita que Catalu?a pueda corregir su d¨¦ficit fiscal o ha de abocar a su ciudadan¨ªa a aumentos adicionales de la presi¨®n fiscal. Contribuir seg¨²n renta y financiarse seg¨²n poblaci¨®n suena bien, pero no arregla el problema del d¨¦ficit social de Catalu?a.

6. Un m¨ªnimo de responsabilidad requiere que cualquier propuesta de incremento de gasto se acompa?e con una identificaci¨®n de qu¨¦ otro gasto disminuye o qu¨¦ impuestos aumentan. La remisi¨®n al d¨¦ficit es insolidaria con las generaciones futuras y de efectos redistributivos cuando menos dudosos.

Guillem L¨®pez Casasnovas es catedr¨¢tico de Hacienda P¨²blica de la UPF