Guerras, mentiras y corrupci¨®n

El concepto de guerra preventiva no ha sido inventado en 2002 por Condoleezza Rice. Fue invocado en 1945 ante el Tribunal Militar Internacional de N¨¹remberg por la defensa de los principales jerarcas del Tercer Reich acusados del crimen de agresi¨®n.

La Carta de las Naciones Unidas s¨®lo autoriza a los Estados miembros el uso de la fuerza en dos casos: para preservar o restablecer la paz y la seguridad, previa autorizaci¨®n del Consejo de Seguridad, y como respuesta a una agresi¨®n anterior, hasta que la Organizaci¨®n adopte las medidas pertinentes. Ante la ausencia de un previo ataque de Irak al que responder, y no habiendo conseguido del Consejo de Seguridad la anhelada autorizaci¨®n, los ide¨®logos del desaf¨ªo de las Azores desempolvaron (desconociendo, suponemos, su antig¨¹edad y origen) esa tercera categor¨ªa, la guerra preventiva, que hab¨ªa estado guardada tantos a?os, y aseguraron al mundo que tambi¨¦n ella legitimaba el uso de la fuerza: ataques anticipatorios para prevenir un riesgo inminente y grave.

Aunque no existe una definici¨®n universalmente aceptada del crimen de agresi¨®n ni de sus supuestos de hecho, se admite generalmente su configuraci¨®n negativa: constituye agresi¨®n cualquier acci¨®n militar no necesaria para la defensa, propia o de la comunidad. Seg¨²n la sentencia de N¨¹remberg, se trata "del m¨¢s grave de los cr¨ªmenes internacionales, porque en ¨¦l se comprenden todos los dem¨¢s".

El problema que enfrentan estos d¨ªas George W. Bush, Tony Blair y Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar es que las razones invocadas hace un a?o para justificar la guerra se van desvaneciendo como el humo. Sabemos ya que no hab¨ªa armas de destrucci¨®n masiva en Irak, que Sadam Husein no dispon¨ªa de laboratorios m¨®viles, que no hab¨ªa comprado uranio a N¨ªger y que no preparaba ninguna acci¨®n militar. Era s¨®lo un dictador, uno de tantos, cuyo poder estaba desgastado por la guerra del Golfo y por una d¨¦cada de embargo y de bombardeos anglo-norteamericanos. ?Por qu¨¦, entonces, nos llevaron a la guerra? ?Mintieron deliberadamente los gobiernos norteamericano y brit¨¢nico, secundados por el espa?ol, al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y a la opini¨®n p¨²blica mundial?

Confrontados a la inconsistencia de las razones argumentadas en su momento, Bush y Blair han decidido endosar la responsabilidad a sus servicios de inteligencia y constituir comisiones de investigaci¨®n (Aznar no lo ha considerado necesario). A pesar de ello, las declaraciones del director de la CIA, de los responsables norteamericanos de la inspecci¨®n de armas a Irak, del que fuera jefe de los inspectores de la ONU, Hans Blix, y los datos revelados tras el tr¨¢gico final del cient¨ªfico brit¨¢nico David Kelly, indican que los servicios de inteligencia apuntaron la sospecha de la existencia de las armas, pero nunca dijeron que supusieran un peligro inminente. Fueron presionados, y sus informes, manipulados y exagerados.

As¨ª pues, si no fue por las armas, ?por qu¨¦? ?Para deponer al tirano y devolver la libertad a los iraqu¨ªes, como ahora sostiene sin sonrojarse el presidente Bush? Obviamente, no: s¨®lo en el ¨¢rea del golfo P¨¦rsico hay al menos una docena de reg¨ªmenes dictatoriales, cuya p¨¢gina de derechos humanos es tan negra como su petr¨®leo, que no son molestados en absoluto.

Las verdaderas causas de la guerra parecen encontrarse donde cab¨ªa sospechar desde el principio: en el petr¨®leo. Irak dispone de reservas estrat¨¦gicamente vitales para el funcionamiento regular de la industria norteamericana, y Sadam Husein hab¨ªa comprometido a partir de 1995 la explotaci¨®n de tan extraordinarios recursos con la empresa rusa LukOil y la francesa Total; norteamericanos y brit¨¢nicos, empe?ados en el embargo por decisi¨®n de Bill Clinton, no participaban del banquete.

Los datos que se van conociendo indican que la decisi¨®n de invadir Irak fue muy anterior a la desautorizaci¨®n de las inspecciones de la ONU, y a la puesta en escena de Colin Powell ante el Consejo de Seguridad; anterior incluso a los atentados del 11 de septiembre de 2001, y presumiblemente no fue decidida en el contexto de la seguridad nacional, sino en el de la elaboraci¨®n del Plan Energ¨¦tico Nacional que Bush encomend¨® a su vicepresidente, Dick Cheney, en enero de 2001, nada m¨¢s llegar a la Casa Blanca.

Dos organizaciones no gubernamentales han reclamado a Cheney la documentaci¨®n del Plan Energ¨¦tico y las actas de las reuniones secretas que mantuvo en la primavera de 2001 con los directivos de Enron y de otras compa?¨ªas (entre ellas, Halliburton, la que Cheney presidi¨® hasta 2000). Despu¨¦s de dos a?os de proceso judicial, una de las demandantes, Judicial Watch, ha conseguido la desclasificaci¨®n de algunos documentos: conten¨ªan mapas de los campos petrol¨ªferos iraqu¨ªes, de sus oleoductos y refiner¨ªas, y detalles de los proyectos de explotaci¨®n y de las empresas extranjeras que pretend¨ªan contratos de Sadam Husein. Cheney se ha negado a publicar las actas, ha sido demandado judicialmente y condenado a divulgar todos los datos, pero ha apelado al Tribunal Supremo. All¨ª, el recurso debe ser resuelto, entre otros, por el magistrado Antonin Scalia, amigo personal del vicepresidente. Scalia ha sido recusado, pero se ha negado a abstenerse porque, seg¨²n ¨¦l, el caso no afecta personalmente a Cheney, sino a la funci¨®n p¨²blica que ¨¦ste desempe?a.

Para Enron, el Plan Energ¨¦tico era cuesti¨®n de supervivencia. Arrastrada a la insolvencia por la gesti¨®n fraudulenta de sus directivos, necesitaba una urgente inyecci¨®n de liquidez mediante la concesi¨®n gubernamental de nuevas centrales de energ¨ªa y prospecciones petrol¨ªferas. La ayuda no lleg¨® a tiempo, la quiebra se precipit¨® y los directivos de Enron, incluido el amigo personal de George W. Bush y financiador de su campa?a electoral, Kenneth Lay, enfrentan graves cargos criminales. Por el contrario, para Halliburton la guerra ha supuesto enormes beneficios: ha obtenido contratos en Irak por valor de entre 12.600 y 16.800 millones de d¨®lares.

El de Dick Cheney no es el ¨²nico caso de confusi¨®n entre pol¨ªtica y negocios en el Gobierno norteamericano: son conocidos los v¨ªnculos de la familia Bush con el petr¨®leo (el propio presidente fue socio en el golfo P¨¦rsico de los familiares de Osa

-ma Bin Laden); Condoleezza Rice fue ejecutiva de Chevron, y Donald Rumsfeld es uno de los catorce miembros de la Casa Blanca que pose¨ªan acciones de Enron y tuvieron la clarividencia de venderlas con grandes ganancias poco antes de la quiebra. Todos ellos enfrentan ahora un problema adicional: nadie quiere ya responsabilizarse de una guerra que ha costado a los norteamericanos, hasta la fecha, 566 soldados muertos y 125.000 millones de d¨®lares. El que fuera coordinador antiterrorista hasta hace un a?o, Richard Clarke, acaba de declarar ante la comisi¨®n de investigaci¨®n de los atentados del 11 de septiembre de 2001 que Bush estaba obsesionado con Sadam Husein desde antes de esa fecha, que le presion¨® para buscar un v¨ªnculo, que no consigui¨® encontrar, entre Sadam y Al Qaeda, y que Rumsfeld propuso al Gabinete bombardear Irak en lugar de Afganist¨¢n el d¨ªa despu¨¦s del 11-S. El Pent¨¢gono, por su parte, se ha visto obligado a retener los pagos e iniciar varias investigaciones a Halliburton al conocerse que la empresa del vicepresidente Cheney suministr¨® alimentos en mal estado a los soldados norteamericanos, y vendi¨® al Ej¨¦rcito en Irak gasolina del vecino Kuwait a precios exagerados.

El Tribunal de N¨¹remberg rechaz¨® el argumento de los all¨ª acusados que, como ahora Bush, Blair y Aznar, alegaron que la suya hab¨ªa sido una guerra preventiva: les conden¨® se?alando que "una acci¨®n preventiva en territorio extranjero no se justifica m¨¢s que en casos de una necesidad inmediata y urgente de defensa que no permita en modo alguno escoger los medios ni deliberar siquiera... lo que no ofrece paridad alguna con la dilatada premeditaci¨®n y preparaci¨®n de las agresiones incriminadas en autos".

La guerra de Irak no es comparable, por muchas razones, con la Segunda Guerra Mundial. Los principios jur¨ªdicos, sin embargo, son -tienen que ser- los mismos: la guerra de agresi¨®n es un crimen, con independencia de la dimensi¨®n del conflicto. Para las v¨ªctimas (m¨¢s de 13.000 muertos, seg¨²n BBC News), es indiferente perder la vida en una guerra peque?a o grande. El fiscal brit¨¢nico en N¨¹remberg, sir Hartley Shawcross, afirm¨® en 1945 que aquel juicio deb¨ªa servir "como advertencia para los gobernantes del futuro". El norteamericano, Robert H. Jackson, aseguro entonces: "No podemos imponer a otros normas penales que no aceptemos que puedan ser tambi¨¦n invocadas contra nosotros".

La doctrina vigente indica, pues, que cualquier acto de agresi¨®n constituye un delito internacional, y que tal conducta s¨®lo puede quedar exenta de responsabilidad penal si quienes la cometen act¨²an amparados por una causa de justificaci¨®n tan grave, al menos, como la conducta misma. La fabricaci¨®n incontrolada por Irak de armas qu¨ªmicas o nucleares y su voluntad de usarlas indiscriminada e inmediatamente, o de cederlas con el mismo fin a grupos terroristas, hubiera justificado la conducta agresiva anglo-norteamericana, y tambi¨¦n la de sus cooperadores necesarios. No existiendo ese peligro, no siendo desde luego inminente, la conducta no es excusable.

Persistir¨ªa a¨²n en tal caso la posibilidad de un error que tambi¨¦n podr¨ªa excluir la responsabilidad penal. ?Actuaron los gobiernos de la coalici¨®n en la creencia err¨®nea pero fundada de que exist¨ªa un peligro inminente, aunque a posteriori se haya comprobado que no era as¨ª? En ese punto del debate estamos en estos momentos.

Si Bush, Blair y Aznar no actuaron equivocados, creyendo de buena fe que se encontraban ante una emergencia vital; si s¨®lo actuaron, especialmente el primero, para asegurar a su pa¨ªs una posici¨®n de ventaja en el mercado petrol¨ªfero, su conducta ser¨ªa delictiva y estar¨ªa ayuna de cualquier justificaci¨®n exculpatoria. ?Ser¨¢ el contrato firmado por Sadam Husein con la empresa rusa LukOil para la extracci¨®n de 70.000 millones de barriles de petr¨®leo, m¨¢s de la mitad de las reservas iraqu¨ªes, lo que nos condujo a la guerra?

Si resultara, finalmente, que quienes tomaron las decisiones ejecutivas no hubieran perseguido siquiera intereses econ¨®micos estrat¨¦gicos, sino el lucro de sus empresas, el crimen ser¨ªa de gravedad extrema, y nos enfrentar¨ªa a una realidad terrible respecto a qui¨¦nes y c¨®mo nos est¨¢n gobernando.

En Espa?a, la lectura del art¨ªculo 590 del C¨®digo Penal arroja despu¨¦s del 11 de marzo una sombra dram¨¢tica sobre el Gobierno de Aznar: "El que con actos ilegales o no debidamente autorizados... exponga a los espa?oles a experimentar vejaciones o represalias...".

La impunidad se caracteriza por el vac¨ªo de jurisdicci¨®n: existen las normas, pero no se aplican. Es el agujero negro de la justicia. Aun cuando, en aplicaci¨®n del derecho nacional e internacional, pudiera construirse una acusaci¨®n partiendo de los hechos ya demostrados, aunque pudiera sostenerse que se cometi¨® un crimen contra la paz y que se violaron deliberadamente los tratados vigentes, es improbable que alg¨²n tribunal en el mundo administre justicia en este caso. Alemania y Jap¨®n fueron vencidos antes de ser juzgados. No puede intervenir la Corte Penal Internacional, porque el crimen de agresi¨®n no ha sido desarrollado en el Estatuto de Roma, ni lo ser¨¢ hasta 2009. Tampoco cabe esperar un tribunal ad hoc como los constituidos para la ex Yugoslavia o Ruanda, porque cualquier iniciativa en ese sentido recibir¨ªa los vetos norteamericano y brit¨¢nico en el Consejo de Seguridad. A los tribunales nacionales les suponemos carentes de la independencia y del poder que requerir¨ªa un proceso de esa naturaleza.

Presumiblemente, pues, el ¨²nico tribunal que puede juzgar la guerra de Irak es el de la opini¨®n p¨²blica, cuyo veredicto, en las sociedades democr¨¢ticas, se pronuncia en las urnas. Espa?a ya ha juzgado. En Estados Unidos, la sentencia se conocer¨¢ en noviembre.

Carlos Castresana Fern¨¢ndez es fiscal Anticorrupci¨®n y profesor visitante de la University of San Francisco, California.