Maragall y Zapatero

Uno de los problemas a que tendr¨¢ que enfrentarse Zapatero es el cumplimiento de su compromiso de respaldar la propuesta de reforma del Estatuto catal¨¢n que salga del Parlamento de esa comunidad. Ser¨¢ un asunto espinoso porque el aspecto de m¨¢s dif¨ªcil encaje en la pol¨ªtica general del PSOE es aquel sobre el que existe mayor consenso entre los partidos catalanes: el de la reforma del sistema de financiaci¨®n, de manera que se reduzca la aportaci¨®n catalana a la Hacienda central. CiU lo formula como aplicaci¨®n a Catalu?a del sistema de Concierto de las comunidades forales (Euskadi y Navarra), y Maragall, como equiparaci¨®n a medio plazo de la capacidad de gasto por habitante de Catalu?a a la de esas dos comunidades.

Se conoce la relaci¨®n entre lo aportado a la Hacienda central y los recursos transferidos por ella a cada comunidad: el llamado saldo fiscal. En la serie, Catalu?a ocupa una posici¨®n equilibrada ya que es la tercera en renta per c¨¢pita y la tercera en aportaci¨®n neta por habitante. Acaba de aparecer un trabajo de los profesores ?ngel de la Fuente y Xavier Vives (Pol¨ªticas p¨²blicas y equilibrio territorial. Fundaci¨®n BBVA) en el que la comparaci¨®n se establece en t¨¦rminos de financiaci¨®n per c¨¢pita. Como era de esperar, el Pa¨ªs Vasco y Navarra disponen de recursos muy por encima (un 60%) de la media. Otras seis comunidades superan esa media, y ocho -entre ellas Catalu?a, y tambi¨¦n Andaluc¨ªa- no la alcanzan.

El cuadro resulta espectacular, pero si se deja aparte, por su sistema excepcional, a Navarra y el Pa¨ªs Vasco, y tambi¨¦n a la siguiente en el ranking, Canarias (condicionada por el doble factor de distancia e insularidad), las diferencias no son excesivas. La clave est¨¢, por tanto, en el agravio comparativo que suponen las dos comunidades forales, lo que explica que los pol¨ªticos catalanes planteen su reivindicaci¨®n en t¨¦rminos de equiparaci¨®n con ellas. Sin embargo, esa equiparaci¨®n es imposible. Jos¨¦ V¨ªctor Sevilla (secretario de Estado de Hacienda en el primer Gobierno de Felipe Gonz¨¢lez) ha demostrado que la generalizaci¨®n del sistema de Concierto-Cupo llevar¨ªa a la quiebra fiscal del Estado. Provocar¨ªa un d¨¦ficit (en pesetas de 1997) de unos dos billones. La raz¨®n es que el Cupo (la cantidad pagada a la Hacienda central como contribuci¨®n a la financiaci¨®n de las competencias del Estado) est¨¢ infravalorado; y precisamente porque se calcula sobre una base de gasto estatal que no incluye los fondos destinados a la solidaridad territorial.

Otra posibilidad ser¨ªa que el sistema de concierto vasco no se generalizase a todas las comunidades sino s¨®lo a Catalu?a. Su efecto sobre las finanzas espa?olas ser¨ªa de todas formas considerable, porque el peso de esa comunidad en la econom¨ªa espa?ola (19% del PIB) es mucho mayor que el de Euskadi (6%). Y pol¨ªticamente introducir¨ªa un factor de agravio territorial a¨²n mayor que har¨ªa pr¨¢cticamente inviable el Estado auton¨®mico. Ello lleva a J. V. Sevilla a preguntarse (Revista de libros, n?86, febrero 2004) si la equiparaci¨®n reclamada por Maragall no deber¨ªa entenderse, antes que como aumento de los recursos de su comunidad, como reducci¨®n paulatina de los de Navarra y Euskadi. Algo que tendr¨ªa fundamento constitucional, pero que ning¨²n pol¨ªtico se atrever¨ªa a plantear hoy.

El estudio de Vives y De la Fuente indaga tambi¨¦n sobre los efectos redistributivos de las pol¨ªticas presupuestarias de las administraciones. La conclusi¨®n es que desde la instauraci¨®n del modelo auton¨®mico esas pol¨ªticas han contribuido a la paulatina reducci¨®n de las disparidades de renta entre comunidades. Sin embargo, constata, y es tal vez el dato m¨¢s llamativo, que el 74% de los saldos fiscales (positivos o negativos) tienen su origen en flujos fiscales de car¨¢cter personal; es decir, que no se trata tanto de que las regiones ricas financien a las pobres como de que los contribuyentes que m¨¢s tienen, con independencia de donde residan, contribuyen en mayor medida a sufragar un Estado del bienestar con niveles bastante homog¨¦neos de protecci¨®n social pese a la disparidad de riqueza de las comunidades.

Cabe discutir si tal o cual inversi¨®n en infraestructuras no deber¨ªa atender a criterios de eficiencia, y no s¨®lo de equidad; pero cuesta imaginar a un gobierno de izquierda poniendo los pilares para la liquidaci¨®n de una pol¨ªtica que durante 20 a?os ha demostrado ser eficaz para mantener una cohesi¨®n social b¨¢sica sin la que todo el delicado mecanismo auton¨®mico saltar¨ªa por los aires. Y m¨¢s ahora que los fondos europeos de cohesi¨®n van a esfumarse.