El nuevo Gobierno crear¨¢ una agencia para evaluar la calidad de los servicios p¨²blicos

El pr¨®ximo presidente del Gobierno, Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero, pretende que el dinero de los ciudadanos que se destina a sufragar pol¨ªticas p¨²blicas tenga un fin reconocible y que sus efectos puedan ser analizados. Asimismo quiere que los servicios p¨²blicos pasen un examen para comprobar que est¨¢n a la altura de lo que un pa¨ªs desarrollado y cohesionado socialmente requiere. Para estos fines se crear¨¢ por ley la Agencia Nacional de Evaluaci¨®n de Pol¨ªticas P¨²blicas, a cuyo frente estar¨¢ un presidente "de reconocido prestigio" e independiente del Ejecutivo, elegido por el Parlamento.

En el desarrollo de esta figura trabaja un equipo de personas, dirigido por el futuro ministro de Administraciones P¨²blicas y responsable de Econom¨ªa de la ejecutiva federal, Jordi Sevilla, y se basa en modelos ya muy experimentados en Noruega, Holanda, Dinamarca, Suecia y Francia. Estos pa¨ªses cuentan desde hace muchos a?os con organismos de control y evaluaci¨®n para conocer de manera permanente la eficacia de sus ampl¨ªsimos servicios p¨²blicos.

Eficacia y eficiencia del gasto p¨²blico y calidad de los servicios p¨²blicos. Estas son las dos bases sobre las que descansa el proyecto de creaci¨®n de la Agencia Nacional de Evaluaci¨®n de Pol¨ªticas P¨²blicas y Servicios P¨²blicos que se crear¨¢ por ley cuando el Gobierno que presidir¨¢ Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero empiece su tarea. El l¨ªder socialista estima que si logra este objetivo Espa?a habr¨¢ dado "un paso revolucionario" en el funcionamiento de su Administraci¨®n. "Se trata de saber si cada euro que los ciudadanos destinan de sus impuestos a pol¨ªticas p¨²blicas, cumple o no los objetivos para los que ha sido asignado y no s¨®lo si su liquidaci¨®n contable se ajusta a la legalidad", se?alan quienes conocen los objetivos de Zapatero.

Para poner un ejemplo de lo que puede hacer esta agencia se cita "la ingente cantidad de dinero" que desde 1997 se dedica a subvenciones para la contrataci¨®n indefinida cuando lo cierto es que la temporalidad no disminuye. Por tanto, ese dinero no se est¨¢ empleando en una pol¨ªtica p¨²blica adecuada. "Habr¨ªa que reorientar ese gasto p¨²blico", indican los autores del proyecto.

La Agencia Nacional, seg¨²n el borrador sobre el que se trabaja, ser¨¢ un organismo independiente, creado por ley, financiado por los Presupuestos Generales del Estado, aunque tendr¨¢ partidas complementarias para programas concretos que haya que evaluar. En principio esta agencia estar¨¢ adscrita funcionalmente a la Presidencia del Gobierno.

Implicaci¨®n auton¨®mica

Un presidente estar¨¢ al frente de esta agencia. "Ser¨¢ un profesional de reconocido prestigio, independiente de los poderes p¨²blicos y de los partidos pol¨ªticos, nombrado por el Parlamento, por per¨ªodos distintos a los legislativos, con imposibilidad de destituci¨®n por decisi¨®n administrativa". Esta descripci¨®n es la que figura en el texto base del proyecto. A este presidente se podr¨¢n dirigir colectivos ciudadanos para solicitar "la puesta en marcha de procesos de evaluaci¨®n de pol¨ªticas p¨²blicas" en funci¨®n de su "singular impacto social".

En el organigrama figura junto al presidente un Consejo Asesor, formado por 10 expertos as¨ª como un Consejo Institucional compuesto por representantes t¨¦cnicos de todas las administraciones de ¨¢mbito nacional y de las comunidades aut¨®nomas con funciones o unidades de evaluaci¨®n y control. Tambi¨¦n habr¨¢ representantes del Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo, Consejo Econ¨®mico y Social, as¨ª como de la Intervenci¨®n General del Estado.

Dada la descentralizaci¨®n casi absoluta de casi todos los servicios que afectan a los ciudadanos, la imbricaci¨®n de las autonom¨ªas en esta agencia nacional es imprescindible para que lleve a buen t¨¦rmino sus cometidos. La principal misi¨®n de la agencia es dise?ar un Sistema Nacional de Evaluaci¨®n de Pol¨ªticas P¨²blicas para hacer real la promesa de Zapatero de que en Espa?a exista cohesi¨®n social y territorial y que todos los ciudadanos gocen de los mismos derechos vivan donde vivan.

La evaluaci¨®n de los servicios sanitarios, educativos, de atenci¨®n a los mayores y a todos aquellos ciudadanos con alguna dependencia y que, por tanto, necesiten apoyo p¨²blico ser¨¢n objeto de estudio y control por parte de esta agencia en su faceta de fiscalizadora de la calidad de los servicios p¨²blicos.

Los te¨®ricos que trabajan en este ambicioso plan se?alan que "no es el tama?o, sino la eficiencia del Estado, lo que hace posible atender la complejidad y diversidad de los problemas que los ciudadanos exigen hoy".

Estos expertos dan por supuesto que las instituciones que hoy existen no garantizan ni son capaces de evaluar la eficacia de las pol¨ªticas que emprenden los poderes p¨²blicos.

La mayor¨ªa de ellos, como los Tribunales de Cuentas, o la propia Intervenci¨®n General del Estado, dependiente de Hacienda, o la Inspecci¨®n General de Servicios del Ministerio de Administraciones P¨²blicas, tienen funciones de fiscalizaci¨®n de la actividad econ¨®mico-financiera y de control de la legalidad de gastos e ingresos. Ahora bien, si son eficaces, si cumplen sus cometidos y si determinados recursos est¨¢n siendo bien utilizados no entran dentro de esta nueva cultura de evaluaci¨®n de lo que hacen las administraciones.

Los t¨¦cnicos que elaboran el proyecto afirman que este modelo "va mucho m¨¢s all¨¢ de los tradicionales procesos de control del gasto", ya que pretende estar acorde con la exigencia ciudadana de recibir de las administraciones servicios p¨²blicos adecuados.