M¨¢s de 70.000 jornaleros andaluces se quedan sin subsidio agrario al a?o y medio del 'decretazo'

La reforma del subsidio agrario que aprob¨® el Gobierno central en mayo de 2002, dentro del conocido como decretazo, restringi¨® el acceso a esta prestaci¨®n que cobran jornaleros andaluces y extreme?os. Seg¨²n los datos del Ministerio de Trabajo, recopilados por el Observatorio de Empleo Agrario Andaluz, esa restricci¨®n ha reducido en a?o y medio al menos en un 27,4% los perceptores del subsidio. Si en los nueve primeros meses de 2001 lo cobraron 254.452 jornaleros andaluces, en id¨¦ntico periodo de 2003 s¨®lo lo recibieron 184.797, unos 70.000 menos. La renta agraria, la prestaci¨®n ideada por el ministerio tras varias manifestaciones de protesta para los que se quedaron sin subsidio, s¨®lo ha beneficiado a 9.036 jornaleros en su primer semestre de aplicaci¨®n.

Hasta el decretazo, todos los jornaleros andaluces y extreme?os parados ten¨ªan derecho a cobrar el 75% del salario m¨ªnimo (unos 330 euros al mes) durante un m¨¢ximo de seis meses al a?o, siempre que acreditaran haber trabajado al menos 35 d¨ªas en el campo. De este modo, unos 360.000 trabajadores eventuales del campo lograban una prestaci¨®n m¨ªnima cuando estaban sin trabajo.

El Gobierno del PP ech¨® el candado a este sistema con el decretazo al establecer una nueva limitaci¨®n: desde junio de 2002, s¨®lo pueden acceder al subsidio los jornaleros que lo hayan cobrado en alguno de los tres a?os anteriores, lo que en la pr¨¢ctica supone restringirlo a los que ya lo percib¨ªan. Adem¨¢s, endureci¨® algunos requisitos para conservar al derecho al subsidio, como la obligaci¨®n de acreditar que no pasan m¨¢s de 90 d¨ªas sin echar una peonada y de no trabajar m¨¢s de tres meses en otro sector. La reforma, pues, impide la entrada de nuevos perceptores en el sistema del subsidio agrario y favorece el incremento de bajas por el incumplimiento de estos requisitos.

Como alternativa para los jornaleros que se quedaban fuera del subsidio agrario, el Gobierno ofreci¨®, de modo consecutivo, dos sistemas -cotizar 300 d¨ªas para cobrar una prestaci¨®n de tres meses y el acceso a la renta de inserci¨®n activa-, que los sindicatos consideraron, respectivamente, de imposible ejecuci¨®n e insuficiente. En oto?o de 2002, multitudinarias manifestaciones en Andaluc¨ªa y Extremadura reclamaron la reposici¨®n del subsidio. UGT afirm¨® entonces que el decretazo dejar¨ªa en 2003 a un 40% de los perceptores sin una prestaci¨®n "vital".

Los vaticinios de UGT van camino de cumplirse. El n¨²mero de jornaleros andaluces que cobraban el subsidio agrario, tras un incremento importante entre 1998 y 2000, parec¨ªa haber llegado a su techo antes del decretazo. De hecho, en 2001 lo cobraron menos eventuales que el a?o anterior (320.344 frente a 322.823 de 2000) y en los cinco primeros meses de 2002 se reafirm¨® un ligero descenso, con casi 5.000 perceptores menos. Tras la entrada en vigor del decretazo, en junio de 2002, esa tendencia se aceler¨® de forma vertiginosa. En los ¨²ltimos siete meses de ese a?o, el n¨²mero de perceptores se redujo en casi 15.000 m¨¢s. Y en los nueve primeros meses de 2003, ¨²ltimo dato suministrado por el ministerio al Observatorio de Empleo Agrario Andaluz, baj¨® en otros 50.000 m¨¢s.

Los datos muestran una reducci¨®n del 27,4% en el n¨²mero de jornaleros que cobran el subsidio si se comparan el dato acumulado en los nueve primeros meses de 2003 (184.797) y el mismo periodo de 2001 (254.452), cuando el decretazo no estaba en vigor. Un ritmo de recorte que tiende a incrementarse mes a mes, debido a la dificultad de cumplir con los requisitos para conservar el derecho al subsidio.

El Observatorio de Empleo Agrario Andaluz es un servicio de estudios de la Diputaci¨®n de Sevilla (PSOE). Seg¨²n el vicepresidente de la instituci¨®n, Fernando Rodr¨ªguez Villalobos, los datos "demuestran que el decretazo era un varapalo del PP para el campo andaluz". Rodr¨ªguez Villalobos se?ala que "el cuello de botella" creado para evitar la entrada de nuevos perceptores al subsidio y el endurecimiento de los requisitos a los que lo cobraban "ha dejado ya fuera a uno de cada tres eventuales agrarios que ten¨ªan derecho al subsidio".

El dirigente socialista lamenta que la reforma "haya impedido el acceso de j¨®venes y mujeres" a la prestaci¨®n, cuando el principal problema en el campo es c¨®mo conservar a una poblaci¨®n activa que debe afrontar largos periodos de desempleo. La reforma deja sin una prestaci¨®n m¨ªnima a miles de jornaleros a cambio de ahorrar en gasto p¨²blico: de media, los jornaleros parados cobran el subsidio durante cinco meses (unos 1.650 euros al a?o), por lo que el ministerio habr¨ªa dejado de pagar en 2003 unos 130 millones de euros.

Amenaza de huelga

Con la amenaza de una huelga general en el campo, el ministerio estableci¨® en 2003 un cuarto sistema, la renta agraria, para los jornaleros expulsados del subsidio, que s¨ª cont¨® con el acuerdo sindical y de los Ejecutivos andaluz y extreme?o, a¨²n con reparos. En esencia, la renta agraria garantizaba a los jornaleros la misma prestaci¨®n (el 75% del salario m¨ªnimo) por las mismas condiciones (35 peonadas), con algunas diferencias notables: hay que estar empadronado en Andaluc¨ªa o Extremadura durante diez a?os, los mayores de 45 a?os deben acreditar cinco a?os de pago de la cartilla agraria (los mayores de 52, diez a?os) y el cobro de la renta agraria se limita a un m¨¢ximo de seis a?os.

La renta agraria empez¨® a pagarse en julio de 2003. En el primer semestre en vigor lo cobraron s¨®lo 9.036 jornaleros andaluces. A diferencia del subsidio, cuyo pago es inmediato, el ministerio tarda tres meses en resolver una solicitud. Aun as¨ª, los datos del Observatorio demuestran que la renta agraria no s¨®lo no ha recogido a los que se quedaron fuera del subsidio, sino que el ritmo de altas es menor incluso que el de nuevas incorporaciones al subsidio agrario antes de la reforma (unos 11.000 al semestre). Una situaci¨®n que se corresponde a las dificultades que encuentran para acceder a la renta agraria los colectivos que mayor presencia han ganado en la mano de obra agraria: los inmigrantes (por el requisito de empadronamiento) y las mujeres de mayor edad (por no haber cotizado con anterioridad).