Desastres naturales y responsabilidad social
La primera reacci¨®n cuando se produce un acontecimiento como el registrado los d¨ªas pasados en el litoral malague?o es la de definirlo como un desastre natural, cuyo factor principal se encuentra en las fuerzas desencadenadas de la naturaleza, imprevisibles y dif¨ªcilmente controlables por el hombre. Pero, como tal primera reacci¨®n, no es m¨¢s que una reacci¨®n primitiva, que requiere de una segunda reflexi¨®n para el debate social y la toma de decisiones p¨²blicas.
Puede parecer una obviedad, pero es oportuno recordar que los fen¨®menos definidos como desastres o riesgos naturales reciben su calificaci¨®n de "natural" de los factores que aparentemente los generan, cuando ser¨ªa m¨¢s adecuado calificarlo en funci¨®n no de su g¨¦nesis sino de sus efectos sociales y econ¨®micos. Porque los desastres naturales s¨®lo se cuantifican o miden, s¨®lo importan, en relaci¨®n con la incidencia que tienen sobre la vida humana y las actividades econ¨®micas. Es decir, ni los terremotos ni las inundaciones son objeto de preocupaci¨®n en zonas despobladas, ni provocan desastres, ni constituyen riesgos en ¨¦stas. Son desastres o constituyen riesgos en funci¨®n de sus consecuencias, no de su origen. Y desde esta perspectiva son todo menos naturales.
Dicho esto, no es menos cierto que los territorios ocupados por el hombre y sus actividades econ¨®micas poseen unas caracter¨ªsticas f¨ªsicas y unos condicionantes naturales que en ning¨²n caso pueden ser desconocidos por quienes sobre los mismos han de actuar. De estas caracter¨ªsticas y condicionantes, unas pueden ser consideradas de comportamiento regular y otras de comportamiento epis¨®dico u ocasional; son estas segundas las que generalmente se relacionan con los desastres naturales.
En las condiciones actuales de avances cient¨ªficos y desarrollo tecnol¨®gico, las Administraciones P¨²blicas, a la hora de la toma de sus decisiones, no pueden ser eximidas del conocimiento de la realidad f¨ªsica de sus territorios. Y esto debe valer tanto para la construcci¨®n de las carreteras y las propiedades de los suelos sobre los que han de discurrir, como para establecer niveles de resistencia a los movimientos s¨ªsmicos de edificios y otras construcciones p¨²blicas (puentes, sin ir m¨¢s lejos); para establecer cautelas de ocupaci¨®n de suelos en los sometidos a riesgos de inundaci¨®n o para prever los efectos de una sequ¨ªa prolongada sobre el desarrollo de la vida humana y sus actividades econ¨®micas. Pero s¨®lo nos ocuparemos aqu¨ª de la relaci¨®n con nuestro clima.
Siendo conocido por todos que el rasgo que mejor caracteriza al clima mediterr¨¢neo es su irregularidad pluviom¨¦trica, nuestra sociedad parece haber optado antes por responder al riesgo que puede suponer la sequ¨ªa que estar preparada para responder al da?o que pueden provocar las inundaciones. Y ello resulta tanto m¨¢s sorprendente si se toma en consideraci¨®n que la sequ¨ªa, "la pertinaz sequ¨ªa", es un desastre natural que avisa, que se le ve venir, pues es el resultado del mantenimiento de una prolongada situaci¨®n atmosf¨¦rica, mientras que las inundaciones son episodios espor¨¢dicos, de fuerte impacto en un periodo de tiempo breve. Es decir, nuestra sociedad ha usado importantes recursos econ¨®micos, con importantes efectos ambientales, para garantizarse el abastecimiento de agua; sin embargo, no ha tomado medidas similares en relaci¨®n con el riesgo de las inundaciones.
Es m¨¢s, y aqu¨ª entrar¨ªa otro factor a considerar: en el caso de las inundaciones, todo apunta a la evidencia de que la intervenci¨®n humana, mediante obras de infraestructuras, de correcci¨®n de cauces y/o de urbanizaci¨®n, contribuye a multiplicar los efectos perniciosos de unas lluvias torrenciales. La explicaci¨®n m¨¢s bondadosa de tal situaci¨®n se encuentra en el alto grado de confianza depositadas en las t¨¦cnicas utilizadas para canalizar la escorrent¨ªa natural de las aguas, ya sea para evitar directamente las inundaciones o para hacer posible la ocupaci¨®n del territorio por la ciudad y las infraestructuras, particularmente las de comunicaci¨®n, transversales al discurrir de los r¨ªos. Pero a ello hay que unir un desconocimiento insuficiente del comportamiento de los arroyos y ramblas mediterr¨¢neas, una insuficiente delimitaci¨®n de los cauces y del dominio p¨²blico-hidr¨¢ulico, unas previsiones t¨¦cnicas que no prev¨¦n las grandes avenidas o donde la reducci¨®n de los costes de construcci¨®n llevan a que no se prevean en las condiciones adecuadas y, en fin, una ocupaci¨®n abusiva por la urbanizaci¨®n de tierras bajas y previsiblemente inundables.
Llegados a este punto, parece que se impone la necesidad de fijar determinados l¨ªmites, sin embargo, otro elemento debe ser incorporado al debate: la sociedad, a trav¨¦s de sus normas, debe establecer un acuerdo sobre el nivel del riesgo que est¨¢ dispuesta a cubrir o que est¨¢ dispuesta a correr. El caso de la normativa relativa a los movimientos s¨ªsmicos es bien expresivo de lo que estamos exponiendo. Cuando una normativa fija que los edificios que se construyen en un pa¨ªs han de resistir un terremoto de grado x, significa que la construcci¨®n ha de contemplar entre sus costes los derivados del establecimiento de esa norma y ¨¦se es el nivel de riesgo que queda cubierto. Si el terremoto supera ese grado, se entra en el nivel de riesgo que la sociedad est¨¢ dispuesta a correr y a asumir en t¨¦rminos de declaraci¨®n de zona catastr¨®fica, ayuda a los damnificados, etc¨¦tera.
Sin duda, en el caso del riesgo de inundaci¨®n, la situaci¨®n es m¨¢s compleja y con ello la toma de decisiones p¨²blicas a la hora de adoptar restricciones de usos de suelo y criterios de intervenci¨®n. Pero no es menos cierto que los episodios a los que asistimos ponen de manifiesto que estamos dispuestos a asumir un mayor riesgo (cuya cobertura siempre es soportada por las Administraciones P¨²blicas) que a establecer cautelas, limitaciones y restricciones de uso que cubran un riesgo previsible (que deben asumir los beneficios directos de las actuaciones). Una mal entendida, y menos asumida, ordenaci¨®n del territorio, un mal entendido desarrollo econ¨®mico, la permisividad en relaci¨®n a determinadas actuaciones privadas y una confianza suicida en el "nunca pasa nada" apunten en la direcci¨®n del riesgo que se est¨¢ dispuesto a correr frente al riesgo que se quiere cubrir.
?ste es, en mi opini¨®n, el punto focal del debate socioecon¨®mico en torno al riesgo de las inundaciones en nuestras costas mediterr¨¢neas, sin entrar en consideraciones de car¨¢cter ambiental, que significar¨ªa una clara apuesta por el respeto al discurrir natural de los r¨ªos y por mantener expeditos los cauces ocasionales de los arroyos y ramblas. Urge un nuevo compromiso social en relaci¨®n a este asunto, del que derivar el establecimiento de normas. Y no acordarnos s¨®lo de Santa B¨¢rbara cuando truena.
Josefina Cruz Villal¨®n es secretaria general de Ordenaci¨®n del Territorio y Urbanismo de la Junta de Andaluc¨ªa.
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