El Supremo estudia si Guant¨¢namo viola la legalidad de EE UU

El Tribunal Supremo de Estados Unidos comenz¨® ayer a estudiar la legalidad de las detenciones indefinidas de "combatientes enemigos", tanto en la base de Guant¨¢namo como dentro de EE UU. En una decisi¨®n que tendr¨¢ dimensiones hist¨®ricas, los magistrados deber¨¢n delimitar los poderes del presidente George W. Bush en tiempos de guerra y establecer la frontera entre las libertades civiles y la seguridad nacional, en la lucha global contra el terrorismo. Est¨¢ previsto que se pronuncien en junio.

Ayer se presentaron argumentos del primero de los tres casos enmarcados en ese debate constitucional, referido a si la base de Guant¨¢namo forma parte de la jurisdicci¨®n de EE UU o no, al estar situada en Cuba. El Gobierno de Washington sostiene que no lo es, y por tanto a los cerca de 550 cautivos talibanes y de Al Qaeda no les amparan las garant¨ªas procesales reconocidas en la Constituci¨®n estadounidense. Los abogados de los 16 detenidos que presentaron la demanda que ahora estudia el Supremo creen que s¨ª tienen derecho de apelar ante la justicia de EE UU, dado que Guant¨¢namo es "a todos los efectos" territorio de este pa¨ªs.

El fallo del Supremo tendr¨¢ grandes repercusiones para la pol¨ªtica del Gobierno de Bush contra el terrorismo. Cabe incluso la posibilidad de que tuvieran que desmontar Guant¨¢namo, liberando a los detenidos, traslad¨¢ndolos a otros pa¨ªses o permiti¨¦ndoles que recurran ante la justicia. Esta ¨²ltima opci¨®n ha sido descartada por los observadores, dado que implicar¨ªa delegar en los jueces decisiones de defensa y pol¨ªtica exterior.

Los 12 kuwait¨ªes, dos brit¨¢nicos y dos australianos no piden que les liberen, s¨®lo quieren presentar un recurso de habeas corpus para que un juez, civil o militar, decida si sus detenciones son legales y proceder en consecuencia. Los 16 est¨¢n recluidos desde hace dos a?os junto al resto de los "combatientes enemigos" en un limbo judicial sometidos a constantes interrogatorios, sin haber sido formalmente acusados de nada ni poder recibir visitas de sus familiares. De hecho, ni siquiera conocen a sus abogados, con excepci¨®n del australiano David Hicks, "seleccionado" para comparecer ante un tribunal militar. Y los abogados de Hicks tampoco saben a¨²n cu¨¢les son los cargos en su contra.

La situaci¨®n del penal de Guant¨¢namo, sin precedentes en la historia reciente, ha motivado protestas nacionales e internacionales, a las que el Gobierno de EE UU ha hecho o¨ªdos sordos, a pesar de la credibilidad que les ha restado. Ayer mismo, el Supremo fue escenario de protestas pac¨ªficas. No obstante, el abogado del Estado, Theodore Olson, trat¨® de utilizar como precedente un fallo del Supremo de 1950 afirmando que los tribunales de EE UU carec¨ªan de jurisdicci¨®n para estudiar los casos de dos prisioneros alemanes capturados por EE UU junto a tropas japonesas en China.

Convenci¨®n de Ginebra

La Casa Blanca y el Pent¨¢gono justifican las detenciones afirmando que los sospechosos de terrorismo no pertenecen a un ej¨¦rcito convencional ni responden a una cadena de mando militar, y por ello no les son aplicables los derechos legales reconocidos en la Convenci¨®n de Ginebra para prisioneros de guerra. Bajo ese razonamiento crearon la categor¨ªa de "combatientes enemigos", sobre cuya constitucionalidad tambi¨¦n deber¨¢ pronunciarse el Supremo antes de verano. En concreto sobre los casos de los "combatientes" Jos¨¦ Padilla y Yaser Esam Hamdi, ciudadanos estadounidenses, encarcelados indefinidamente y sin cargos en la base militar de Charleston, Carolina del Sur.

Los argumentos orales de ambos est¨¢n previstos en los pr¨®ximos ocho d¨ªas, y la pregunta central ante los magistrados es si el Gobierno tiene autoridad para detener a un estadounidense, ya sea en el extranjero (Hamdi) o en EE UU (Padilla), y mantenerlo bajo custodia militar con car¨¢cter indefinido. En estos casos s¨ª existe un precedente reconocido. En la Segunda Guerra Mundial el propio Tribunal Supremo de EE UU autoriz¨® al Gobierno a detener a 110.000 estadounidenses de origen japon¨¦s. Uno de ellos, Fred Korematsu, de 84 a?os, ha intercedido a favor de los detenidos de la guerra contra el terrorismo pidiendo a los magistrados que tengan en cuenta que "s¨®lo entendiendo los errores de la historia podemos lograr un presente mejor".

Adem¨¢s de Korematsu, grupos e individuos han intercedido por los cautivos, entre ellos 175 miembros del Parlamento brit¨¢nico. El Gobierno cuenta igualmente con apoyo de varios grupos conservadores, como el Cato Institute. Ir¨®nicamente, quienes tendr¨¢n la ¨²ltima palabra para recortar los poderes de Bush en tiempos de guerra son los mismos magistrados que le auparon a la Casa Blanca tras las disputadas elecciones de 2000.