El Gobierno derogar¨¢ la reforma legal contra el refer¨¦ndum del 'lehendakari'

El Gobierno socialista derogar¨¢ la parte de la reforma del C¨®digo Penal impulsada por el Ejecutivo del PP que posibilita que el lehendakari, Juan Jos¨¦ Ibarretxe, pueda ser condenado a penas de tres a cinco a?os de c¨¢rcel y entre seis y diez a?os de inhabilitaci¨®n si convoca el refer¨¦ndum sobre su plan soberanista sin autorizaci¨®n de las Cortes. Tambi¨¦n derogar¨¢ el art¨ªculo que permite castigar con penas de entre tres a cinco a?os de prisi¨®n por permitir subvenciones con fondos p¨²blicos al grupo parlamentario de formaciones ilegalizadas, como Batasuna.

El ministro de Justicia, Juan Fernando L¨®pez Aguilar, justifica su derogaci¨®n en que fue una "reforma atropellada, unilateral e inaceptable en su forma y en su contenido" por parte del Gobierno del PP y que cont¨® con el rechazo de todos los grupos parlamentarios en su tramitaci¨®n. El Gobierno del PP present¨® esta reforma al final de la legislatura, en el Consejo de Ministros del 29 de noviembre pasado.

La reforma fue introducida en el Senado, a trav¨¦s de una enmienda a la Ley de Arbitraje, y tramitada en 10 d¨ªas por las Cortes sin posibilidad de enmiendas. Fue, finalmente, aprobada en el ¨²ltimo pleno del Congreso de los Diputados, aprovechando la mayor¨ªa absoluta de que dispon¨ªa el PP, antes de la disoluci¨®n de las c¨¢maras, en medio de un gran esc¨¢ndalo pol¨ªtico. El ministro de Justicia recuerda que el PSOE se opuso tajantemente a la reforma con el argumento jur¨ªdico de que violentaba "el principio general de intervenci¨®n m¨ªnima y el de proporcionalidad". "Fue un gran disparate jur¨ªdico y pol¨ªtico", denunciaron los socialistas.

La derogaci¨®n afectar¨¢ al art¨ªculo 506 bis del C¨®digo Penal, que castiga con prisi¨®n de tres a cinco a?os a quien convoque un refer¨¦ndum ilegal; al 521 bis, que castiga con penas de seis meses a un a?o de prisi¨®n o multa a los interventores o a quienes faciliten, promuevan o aseguren el proceso o el refer¨¦ndum ilegal; y al 576 bis, que sanciona con penas de tres a cinco a?os a la autoridad que subvencione con ayudas p¨²blicas a partidos disueltos.

Referendos ilegales

El ministro de Justicia aclara que la derogaci¨®n de estos art¨ªculos del C¨®digo Penal no significa que el Gobierno socialista admita "referendos ilegales como el que propone Ibarretxe". Sigue pensando que es "ilegal", pero asegura que ya existen otras v¨ªas legales para impedir su realizaci¨®n sin necesidad de acudir a estas medidas penales.

L¨®pez Aguilar precisa tambi¨¦n que el Gobierno socialista a¨²n no ha establecido un calendario para proceder a la derogaci¨®n de esta parte de la reforma del C¨®digo Penal, pero aclara que "se adelantar¨¢ y diferenciar¨¢" de la revisi¨®n general del C¨®digo Penal que el Ejecutivo pretende hacer por el "gran atropello" que supuso y el "rechazo generalizado" que origin¨®.

El ministro de Justicia adelant¨® tambi¨¦n que el Gobierno socialista pretende la revisi¨®n del C¨®digo Penal, negociada con los grupos parlamentarios, sin prisa, a lo largo de 2004 y 2005. En esta revisi¨®n, que el ministro justifica por sus 10 a?os de vida -el C¨®digo Penal reformado lo aprob¨® en 1995 el ¨²ltimo Gobierno socialista de Felipe Gonz¨¢lez-, propondr¨¢ la relectura de los m¨¢s de un centenar de art¨ªculos del C¨®digo Penal que el Ejecutivo del PP volvi¨® a reformar, al final de la pasada legislatura en menos de un a?o. L¨®pez Aguilar recuerda que esta parte de la reforma del PP no entra en vigor hasta octubre.

"El Gobierno del PP, en el tramo final de la legislatura pasada, reform¨® el C¨®digo Penal, a golpe de titulares de peri¨®dico, buscando la espectacularidad m¨¢s que la eficacia pol¨ªtica y jur¨ªdica ante el aumento de la delincuencia y la inseguridad ciudadana", precisa el ministro.