Vecinos de la costa de Orihuela denuncian que se les obliga a pagar vigilancia privada en zona p¨²blica

Propietarios de viviendas en la zona de la costa de Orihuela conocida como Dehesa de Campoamor -un espacio que incluye 45.000 viviendas- denuncian la supuesta ilegalidad de un servicio de vigilancia privada, que ronda los 400.000 euros anuales, pese a que se trata de un ¨¢rea abierta y de uso p¨²blico. El Ayuntamiento, que ha ya asumido todos los servicios de la macro urbanizaci¨®n, ampara la iniciativa porque cuenta con el respaldo de la junta general de propietarios. El presidente de la urbanizaci¨®n, Pedro Garc¨ªa, tambi¨¦n se escuda en ese dato y en el benepl¨¢cito de la Subdelegaci¨®n del Gobierno para justificar la medida.

Los propietarios que se oponen a la medida -un 40% de los mismos, seg¨²n los denunciantes, y un 20%, para el presidente de la urbanizaci¨®n- aseguran que ese tramo del litoral oriolano es a todos los efectos "v¨ªa p¨²blica", con m¨²ltiples servicios p¨²blicos -centro m¨¦dico de la seguridad social, farmacia, supermercado, entre otros-. Adem¨¢s, este grupo de propietarios sostiene que el servicio lo contrata la entidad Urbanizaci¨®n Dehesa de Campoamor, ente tutelado por el Ayuntamiento de Orihuela, cuyo objeto social concluy¨®, de acuerdo a sus estatutos y reglamento de Gestiones Urban¨ªsticas, el 31 de diciembre de 1997, cuando el Ayuntamiento asumi¨® los servicios y el cobro de impuestos.

Los denunciantes acusan a la entidad y al administrador de "oscurantismo" a la hora de informar a los propietarios del servicio de vigilancia, que para este a?o se ha presupuestado en 396.000 euros. "A muchos vecinos les amenazan con demandas, si no pagan", dice uno de ellos que prefiere mantenerse en el anonimato. A su entender, el servicio de vigilancia es un claro ejemplo de "duplicidad" de impuestos y denuncian la pasividad de la Administraci¨®n, tanto local como central, que, hasta ahora no se ha hecho eco de sus demandas ni ha paralizado la iniciativa.

El presidente de la entidad justifica la legalidad y necesidad de la medida. Garc¨ªa sostiene que el entorno es un espacio cerrado y que la entidad mantiene su vigencia jur¨ªdica. Mientras, Jos¨¦ Antonio Aniorte, concejal del Ayuntamiento del Orihuela, no pone reparos a la vigilancia privada, "ya que es una decisi¨®n de la junta general de propietarios".