Madrid-Bar?a

El ministro de Administraciones P¨²blicas, Jordi Sevilla, intent¨® tranquilizar ayer a Maragall sobre el cu¨¢ndo de la reforma de la financiaci¨®n auton¨®mica que reclama el Gobierno tripartito catal¨¢n: se puede empezar a discutir ya, y culminar¨¢ "cuando tenga que culminar". Pero tambi¨¦n dijo que ser¨¢ condici¨®n sine qua non alcanzar el consenso entre las comunidades aut¨®nomas, lo cual no ser¨¢ f¨¢cil.

Se comprende la prisa de Maragall. La continuidad del tripartito depende de que lo que en teor¨ªa une a los socios (PSC-ERC-ICV) permita desplegar pol¨ªticas de izquierda que demuestren la superioridad de esa f¨®rmula sobre la alternativa latente de Gobierno nacionalista (CiU-ERC). Pero pasan los meses y lo que trasciende de la actualidad catalana tiene menos que ver con pol¨ªticas sociales que con reafirmaciones identitarias: selecciones deportivas propias, rechazo de la Feria de Abril barcelonesa por considerar que "no es cultura catalana" (Carod), prohibici¨®n de contratar bienes y servicios con empresas que no etiqueten en catal¨¢n.

Desde la Generalitat se argumenta que no se ha renunciado a las reformas sociales, pero faltan los recursos necesarios. A la espera de auditor¨ªas sobre el estado real de las cuentas heredadas de Pujol, se adelanta que tan solo la sanidad p¨²blica tuvo el pasado a?o un d¨¦ficit de m¨¢s de 500 millones de euros, y que se necesitar¨ªan unos 1.200 millones (200.000 millones de pesetas) para poner ese servicio a la altura de las necesidades. La sanidad es deficitaria en todas las comunidades, en parte por la forma como se hicieron los traspasos de la competencia, pero no hay evidencias de una financiaci¨®n discriminatoria de la catalana. Seg¨²n un estudio publicado en el n? 48 de la revista An¨¢lisis Local, Catalu?a est¨¢ por encima de la media en gasto sanitario p¨²blico per c¨¢pita. Por delante s¨®lo est¨¢n Arag¨®n, Asturias y Cantabria. Tambi¨¦n est¨¢n por encima de la media Extremadura y Galicia, y por debajo, entre otras, Andaluc¨ªa. Tampoco hay razones para pensar que la calidad del servicio sea inferior al de otras comunidades: seg¨²n el Anuario social de Espa?a que publica La Caixa, y que mide indicadores de bienestar, los servicios sanitarios alcanzan en Catalu?a una valoraci¨®n de nueve puntos sobre 10, siendo 5 la media en el conjunto de Espa?a.

El endeudamiento acumulado en la gesti¨®n del Estado del bienestar en Catalu?a es el principal argumento para reclamar un trato financiero diferenciado. El conseller en cap, Josep Bargall¨®, reclam¨® el jueves pasado, en Madrid, una "negociaci¨®n bilateral", pidiendo al resto de las comunidades que entiendan que "las soluciones sean diferentes". La cuesti¨®n es si los hechos diferenciales que justifican la distinci¨®n entre nacionalidades y regiones implican el derecho a un Estado del bienestar m¨¢s desarrollado. Maragall insisti¨® ayer (en la cadena SER) en su f¨®rmula de pagar por renta y recibir por poblaci¨®n. Sin embargo, con el mismo planteamiento Rafael Simancas hab¨ªa reivindicado la v¨ªspera una reforma del sistema de financiaci¨®n que permita a la Comunidad de Madrid recuperar los 360 millones de euros que, seg¨²n sus c¨¢lculos, deja de percibir con el sistema actual.

Seguramente hay que reformar la financiaci¨®n auton¨®mica, especialmente para ajustar los ingresos a los costes reales de la sanidad. Pero es dif¨ªcil que el modelo resultante sea muy diferente al vigente, a no ser que se quiera pasar a un sistema confederal ultraliberal, en el que las comunidades pobres dejen de percibir las compensaciones que permiten mantener la cohesi¨®n social. Los datos disponibles puede que sean incompletos, pero los que hay permiten descartar la existencia de una situaci¨®n de "expolio fiscal" de Catalu?a, como sostienen los te¨®ricos del soberanismo. Catalu?a contribuye m¨¢s o menos en la medida que corresponde a su renta, y dispone de una financiaci¨®n per c¨¢pita similar a las de las dem¨¢s comunidades, excluyendo las forales. Extender a Catalu?a el sistema de Concierto de Pa¨ªs Vasco y Navarra (y no digamos generalizarlo a todas las comunidades) provocar¨ªa la quiebra fiscal del Estado.

Otra cosa es la subjetividad: seg¨²n una encuesta del CIS, tres de cada cuatro espa?oles piensan que el Gobierno de Espa?a favorece a algunas comunidades frente a otras, y de entre ellos el 87% (y el 91% de los andaluces) consideran que la favorecida es Catalu?a; con el a?adido de que el 61% de los catalanes piensa que a quien favorece es a Andaluc¨ªa.