El gran negocio de los mercenarios en Irak

Ej¨¦rcitos privados de alquiler est¨¢n suplantando a las Fuerzas Armadas regulares en conflictos alrededor del mundo. Irak es s¨®lo un ejemplo entre m¨¢s de 50 pa¨ªses. La proliferaci¨®n en la ¨²ltima d¨¦cada de cientos de corporaciones mercenarias ha creado un poderoso mercado b¨¦lico global con capacidad para alterar el balance de poder entre las esferas p¨²blica y privada, civil y militar, nacional e internacional.

Las eufem¨ªsticamente llamadas "empresas de servicios militares" (PMF, en sus siglas en ingl¨¦s) pueden mantener secretas sus actividades y clientes al no estar reguladas por ninguna normativa internacional, a pesar de ser ej¨¦rcitos sin fronteras. El poder que se deriva de ese invisible protagonismo es tan enorme como sus ganancias: generan cerca de 150.000 millones de d¨®lares anualmente. Y ¨¦sa es una cifra previa a la guerra de Irak.

Los paramilitares no responden a la cadena de mando militar ni a la justicia civil

El Pent¨¢gono ha admitido la subcontrataci¨®n de ciertos interrogatorios

Su ¨¦xito depende de la demanda, es decir, de la erupci¨®n de nuevos focos de violencia y de que contin¨²en los que existen. "Tienen incentivos para prolongar sus contratos", en opini¨®n de Peter Singer, autor del libro Corporate warriors y analista de Brookings Institution. Tambi¨¦n prosperan fomentando misiones de pacificaci¨®n, antidroga u otro tipo de servicios militares y de seguridad.

Sus servicios incluyen el mantenimiento de sistemas defensa o la modernizaci¨®n de Ej¨¦rcitos en los cinco continentes, a caballo de la ola internacional de privatizaci¨®n militar que ide¨® el vicepresidente Dick Cheney en 1992. Y otros de protecci¨®n de minas de diamantes y pozos petroleros, cuyo control aliment¨® las guerras de Sierra Leona y Angola. En este ¨²ltimo pa¨ªs se han repartido contratas m¨¢s de 70 empresas militares, trabajando para todos los bandos.

Las PMF se encargan esencialmente de lo que los Estados ricos no quieren hacer o los pobres no pueden hacer. Permite a los ricos reducir sus presupuestos de defensa concentr¨¢ndose en guerras prioritarias para su seguridad y subcontratando el resto, y hace asequible a los pobres un nivel de poder¨ªo militar del que carecen. "La realidad es que Occidente no quiere comprometer sus Ej¨¦rcitos en zonas como ?frica y de la ¨²nica manera que los pa¨ªses pueden adquirir capacidad militar para poner fin a sus guerras es contratar los servicios", dice Doug Brook, presidente de la Asociaci¨®n de Operaciones Internacionales de Paz, una organizaci¨®n formada por varias PMF que promueve misiones de pacificaci¨®n.

El problema es que los Estados no son los ¨²nicos clientes, la lista abarca todo el espectro moral: desde dictadores, movimientos rebeldes o carteles de droga a Gobiernos leg¨ªtimos, empresas y organismos multinacionales e incluso ONG, de acuerdo a Singer. Al alcance de todos ellos est¨¢ el comprar la estabilidad o inestabilidad.

Otra realidad es que los ej¨¦rcitos de alquiler puedan ser utilizados por los Estados como veh¨ªculos clandestinos de pol¨ªtica exterior. Lo cual explica en parte la apat¨ªa pol¨ªtica por establecer leyes transnacionales que impusieran alg¨²n tipo de control. Es lo que Singer califica de una "tercera v¨ªa" que permita a los Gobiernos "evadir restricciones legales". Como las que intent¨® burlar el Reino Unido en 1997 cuando contrat¨® a la PMF Sandline para intervenir en Sierra Leona y poder esquivar el embargo de la ONU de exportaci¨®n de armas. (Sandline fue, junto con la surafricana Executive Outcome, la pionera de las empresas mercenarias de combate).

No hay nada que indique que EE UU, con su larga tradici¨®n de operaciones encubiertas, no haya privatizado parte de ellas. Especialmente la guerra global contra el terrorismo provee un campo abierto para este tipo de servicios. De hecho, el Pent¨¢gono admite subcontratar ciertos interrogatorios. Un macabro caso ha salido a la luz en Irak con los abusos de reclusos en la c¨¢rcel de Abu Ghraib, en los que algunos de los participantes eran interrogadores civiles. ?stos, a diferencia de los soldados implicados, no han sido despedidos ni objeto de la ira social que han provocado las torturas, lo cual contribuye a reforzar la l¨®gica de usar PMF para trabajos oscuros.

La posibilidad de negar la existencia de las operaciones clandestinas forja un grado de complicidad entre los Gobiernos y las empresas. Relaci¨®n que en el caso de EE UU viene dada casi de forma natural, en primer lugar, porque las PMF son una prolongaci¨®n de servicio para miles de agentes y militares retirados. MPRI s¨®lo recluta a ex militares, ex fuerzas especiales o ex esp¨ªas; SAIC y Betac se inclinan por esa opci¨®n, pero otras como DynCorp, Armor Group o Vinnell reclutan alrededor del mundo.

Y en segundo lugar, porque Washington requiere legalmente que les pidan permiso para intervenir en cualquier conflicto, no sea que potencien al bando que no interesa. Aunque hacen excepciones. El Departamento de Estado cedi¨® ante la presi¨®n de MPRI (cuyo director, Ed Soyster, hab¨ªa sido jefe de inteligencia del Pent¨¢gono) para que operara en Guinea Ecuatorial. MPRI amenaz¨® con cancelar las labores que hac¨ªa en otros puntos del planeta, incluidos Colombia, Kosovo, Nigeria y Angola.

Otros trabajos encargados secretamente a PMF salieron a la luz por accidente y Washington se vio obligado a dar la cara. En Colombia, la empresa de Florida Airscan coordin¨® las explosiones de un pueblo en el que murieron 18 civiles. Y en Per¨², una empresa contratada por la CIA, Aviation Development Corporation, derrib¨® un avi¨®n ocupado por misioneros.

EE UU es, junto al Reino Unido y Sur¨¢frica, el epicentro de la industria privada militar, que debe su prosperidad al Nuevo Orden Mundial proclamado por George Bush padre tras el desplome de la Uni¨®n Sovi¨¦tica. Del hipermilitarismo de la guerra fr¨ªa se pas¨® a la desmantelaci¨®n de gran parte de los aparatos militares, tanto en las potencias enfrentadas como en los pa¨ªses de sus respectivas ¨®rbitas pol¨ªticas, pero el peligro de enfrentamientos no hab¨ªa desaparecido. Se transform¨® en violencia ¨¦tnico-religiosa en regiones que hab¨ªan salido del radar de los gobiernos de la nueva era porque ya no representaban un inter¨¦s estrat¨¦gico.

El resultado fue un creciente vac¨ªo en la seguridad internacional (empeorado por el resurgimiento de terroristas, mafias y otras fuerzas desestabilizadoras) que la nueva casta de firmas mercenarias vio la oportunidad de llenar. Y empezaron a reclutar soldados y agentes de fuerzas especiales entre los millones que se hab¨ªan quedado en paro al reducirse los Ej¨¦rcitos, as¨ª como ex esp¨ªas. Son de diferentes nacionalidades, desde gurkas de Nepal o soldados de Fiji -como los que contrat¨® recientemente la empresa Global Risk Strategies para transportar la nueva divisa iraqu¨ª-, a boinas verdes norteamericanos, o ex agentes del KGB. Pero tienen en com¨²n la lealtad al dinero como ¨²nica patria.

En paralelo al proceso de formaci¨®n de las corporaciones mercenarias, en Estados Unidos se gestaba otro de privatizaci¨®n del aparato militar, impulsado por el entonces ministro de Defensa y actual vicepresidente, Dick Cheney. A mediados de 1992 le encarg¨® a Brown & Root Services un plan para privatizar los servicios militares en zonas de guerra, por el que le pag¨® cuatro millones de d¨®lares. A fines de ese a?o, poco antes de que Bill Clinton se instalara en la Casa Blanca, le pag¨® otros cinco millones para que actualizaran el plan de privatizaci¨®n. Brown & Root Services es una subsidiaria de Halliburton, empresa que Cheney dirigi¨® desde 1994 hasta que se incorpor¨® a la vicepresidencia.

El plan de Cheney se ha ejecutado. El Ej¨¦rcito de Estados Unidos se ha reducido de 2,1 millones a 1,4 millones, y cientos de miles de esos puestos han pasado a manos privadas. De acuerdo con el Centro para la Integridad P¨²blica, el Pent¨¢gono ha gastado 300.000 millones de d¨®lares en 3.016 contratas de servicios militares que han ido a parar a 12 empresas entre 1994 y 2002 (las cifras excluyen las contratas de armamento).

Irak es la consumaci¨®n de ese largo proceso. Se ha convertido en el gran bazar de los ej¨¦rcitos privados, y Halliburton y sus subsidiarias, en las empresas m¨¢s favorecidas, entre las cerca de 40 que operan en Irak, entre las que no faltan las habituales: MPRI, SAIC, Armor Group, Blackwater, Erinys, Vinnell, Global Risk Strategies, TASK, Ariscan y DynCorp, Kroll Security... Desempe?an en teor¨ªa todas las funciones militares menos las de combate propiamente dicho, aunque una vez sobre el terreno la frontera entre sus funciones y las de los soldados regulares se vuelve m¨¢s difusa. Una de esas situaciones ocurri¨® hace un mes en Nayaf, cuando ocho empleados de la firma militar Blackwater Security Consulting repelieron un ataque. En otros pa¨ªses entrar en combate forma parte de su misi¨®n.

La diferencia clara entre los 135.000 soldados estadounidenses en Irak y los m¨¢s de 20.000 paramilitares es que ¨¦stos no responden a la cadena de mando del Ej¨¦rcito de EE UU y pueden abandonar el puesto sin temor a un consejo de guerra. Si desertan, a lo sumo pierden el suculento salario de entre 500 y 2.000 d¨®lares diarios.

Tampoco tienen en general que temer a la justicia civil. Una de las mayores proveedoras del Pent¨¢gono, DynCorp, est¨¢ implicada en delitos sexuales en Bosnia por los que nunca fue procesada, a pesar de que hab¨ªa v¨ªdeos que lo probaban. DynCorp tiene actualmente contratas de 1.000 millones de d¨®lares para entrenar a la polic¨ªa de Irak y proteger al presidente afgano, Hamid Karzai.

El presidente Dwight Eisenhower advirti¨® a sus compatriotas antes de dejar la Casa Blanca que tuvieran cuidado con el "complejo militar industrial". Probablemente nunca imagin¨® hasta d¨®nde llegar¨ªa.