"Vamos a agilizar el divorcio para evitar situaciones de violencia"

Transpira moderaci¨®n hasta en la forma de hablar, pausada, profesoral, en las ant¨ªpodas de aquellas fogosas y atropelladas diatribas de dirigente en la oposici¨®n. Ha pulido las aristas de sus invectivas al PP y ahora se expresa en un tono redondo, reflexivo, ministerial. Juan Fernando L¨®pez Aguilar, de 42 a?os, ministro de Justicia del nuevo Gobierno, se mueve con desenvoltura por un despacho que conoce muy bien de sus tiempos de asesor de anteriores ministros socialistas y de negociador con los dos ¨²ltimos ministros del PP. Detr¨¢s de su mesa ha hecho colocar un retrato de Fernando de los R¨ªos, su antecesor durante la II Rep¨²blica, que ahora preside la estancia.

Pregunta. ?Sigue creyendo en el "esp¨ªritu" que les llev¨® a firmar el Pacto por la Justicia aunque ya no est¨¦ vigente?

"Los homosexuales ahora pueden adoptar, pero tienen que hacerlo como si fueran solteros"

"Los tr¨¢mites de divorcio que ahora duran un a?o se reducir¨¢n a dos meses"

"No habr¨¢ censura previa en las mezquitas, pero potenciaremos el conocimiento del islam"

Respuesta. S¨ª, por coherencia, porque lo hab¨ªamos sostenido en la oposici¨®n y, antes a¨²n, en el Gobierno. Por tanto, buscaremos ahora activamente grandes consensos para promover iniciativas de cambio en leyes que tienen especial complejidad como ser¨¢ el caso de la reforma del proceso penal. Y tambi¨¦n por convicci¨®n, porque en la Justicia inciden muchos sujetos y actores pol¨ªticos y buscar consensos y grandes pactos es imprescindible.

P. Ha mencionado la reforma del proceso penal. ?Cu¨¢les van a ser sus directrices?

R. Adaptarlo a la Constituci¨®n y a m¨¢s de 20 a?os de jurisprudencia constitucional y de los tribunales internacionales que vinculan a Espa?a; delimitar las garant¨ªas del imputado, del acusado y tambi¨¦n del condenado; repartir los papeles de acusador y de garante de las libertades, y para ello proponemos potenciar la facultad directora de la investigaci¨®n criminal del ministerio fiscal, concentrando al juez en la garant¨ªa de las libertades, y por supuesto, en la sentencia. Y desde luego, estamos hablando de la segunda instancia penal, que es la gran cuenta pendiente.

P. ?Tiene en la cabeza alg¨²n procedimiento milagroso para reducir a dos a?os el proceso penal, despu¨¦s del procedimiento abreviado y de los juicios r¨¢pidos?

R. La soluci¨®n no puede provenir de reducir los plazos de la ley, que son plazos cortos y que, sin embargo, son transgredidos con total normalidad. Ni tampoco de decretar en los telediarios que las sentencias se pongan en dos a?os. La soluci¨®n es una combinaci¨®n de buenas pol¨ªticas, de incremento de la planta judicial, de premios al rendimiento, una acci¨®n disciplinaria y sancionadora frente a los retrasos m¨¢s injustificables, la sensibilidad social de todos los actores del proceso y, por supuesto, una fuerte potenciaci¨®n de la evitaci¨®n de los conflictos. Si a esto unimos justicia de proximidad, reforma de la casaci¨®n y concentrar al Supremo en lo que le toca, el resultado deber¨¢ ser un recorte dr¨¢stico de las dilaciones m¨¢s insoportables.

P. ?Justicia de proximidad quiere decir resucitar la antigua justicia de distrito? ?Qu¨¦ jueces se van a ocupar de ella?

R. En el desarrollo constitucional, la realidad no es rebobinable. La realidad de la Espa?a de 2004 es distinta del a?o 1985 en que se suprimi¨® la justicia municipal, pero ahora se plantea la instauraci¨®n de un primer escal¨®n de jurisdicci¨®n con competencias concentradas en pleitos civiles de poca monta y faltas, adem¨¢s de otras de auxilio judicial. Que puede ser un primer destino de jurisdicci¨®n y que, adem¨¢s, sirva de puerta de acceso a jueces que puedan incorporarse a la resoluci¨®n de pleitos desde otras experiencias y fuentes de solvencia complementarias a las del reclutamiento tradicional por oposici¨®n. Lo llevaremos a debate en el Congreso escuchando tambi¨¦n a los jueces.

P. ?Cree que deber¨ªa tenerse en cuenta el cumplimiento del m¨®dulo de trabajo a la hora de promocionar a los jueces?

R. Sin duda, y tenemos que garantizar la objetivaci¨®n de esos m¨®dulos y de su cumplimiento. Que la carrera judicial tenga en cuenta el rendimiento y la calidad, sin subterfugios ni trampas, que siempre las hay. Tenemos que garantizar que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hace su parte del trabajo y que el sistema premia a los mejores, y que no existen incentivos para la acumulaci¨®n de la pendencia ni para el sesteo, pero tambi¨¦n que quienes quieran involucrarse en el rendimiento, a trav¨¦s de las herramientas del conocimiento y la modernizaci¨®n tecnol¨®gica tienen todo el apoyo.

P. ? Cu¨¢l va a ser el estatuto personal del nuevo fiscal general del Estado?

R. Vamos a reformar el Estatuto del Ministerio Fiscal en la primera fase de la legislatura y lo vamos a hacer como condici¨®n previa a la reforma del proceso penal. El fiscal general propuesto por el Gobierno acudir¨¢ al Congreso y se someter¨¢ a un tr¨¢mite previo de audiencia. Tendr¨¢ un mandato tasado en el tiempo y estamos dispuestos a contemplar que sea irreelegible para garantizar su autonom¨ªa, o que sea reelegible por una sola vez, como sucede con el presidente del Consejo General del Poder Judicial. Y estableceremos causas tasadas de remoci¨®n, entre ellas, de manera expresa, el cambio de Gobierno. Este dise?o pretende desactivar cualquier sospecha de sumisi¨®n del fiscal al Gobierno y al partido del Gobierno. Adem¨¢s, es perfectamente posible, sin dar ¨®rdenes, que el Gobierno puede expresar una pol¨ªtica criminal y contar para ello con el fiscal general del Estado. Un ejemplo es cuando el Consejo de Ministros acuerda, a trav¨¦s del ministro de Justicia, manifestar al fiscal general del Estado su inter¨¦s en que d¨¦ prioridad absoluta a la persecuci¨®n de los agresores de mujeres, que vigile al m¨¢ximo el cumplimiento del r¨¦gimen de visitas en las separaciones matrimoniales y que en caso de incumplimiento d¨¦ la orden de alejamiento y desencadene todo el peso de la ley penal contra los agresores, pidiendo arresto inmediato y prisi¨®n provisional.

P. El PP ha dicho que si no sacan ustedes la ley de violencia contra las mujeres en un mes ellos presentan la suya...

R. El PP debe estar tranquilo, que el Gobierno va a cumplir su compromiso en este periodo de sesiones. Deber¨ªa frenar su discurso m¨¢s demag¨®gico so pena de que se le recuerde que en toda la legislatura ha estado votando "no" al impulso que ha protagonizado el Grupo Socialista cara a la adopci¨®n de esta ley integral.

P. ?Que les queda por decir sobre la violencia contra las mujeres?

R. Que nos vamos a comprometer absolutamente a tope. Interesando la prioridad absoluta del fiscal, participando activamente en la ley integral contra la violencia de g¨¦nero e impulsando la formaci¨®n de los jueces. Promoviendo las reformas que atraigan hacia una sola jurisdicci¨®n todos los asuntos de violencia de genero y trayendo a los jueces especializados en el orden penal los asuntos civiles y separaciones litigiosas en las que hay problemas e impulsando el peso de la ley contra los agresores. De manera ejemplar y ejemplarizante. A ese respecto, puedo decir que no habr¨¢ indulto ni gracia para los agresores de mujeres.

P. El PP proyectaba un divorcio en menos de tres meses. ? Con ustedes cu¨¢l ser¨¢ el plazo desde la ruptura hasta el divorcio?

R. Estamos convencidos de que la simplificaci¨®n del r¨¦gimen matrimonial y del r¨¦gimen jur¨ªdico de separaci¨®n y disoluci¨®n no solamente agilizar¨¢ la justicia civil, sino que contribuir¨¢ a desactivar muchas de las situaciones conflictivas que desembocan en violencia. Un alto porcentaje de las situaciones de violencia de g¨¦nero se producen en ese per¨ªodo cr¨ªtico de interminables o ag¨®nicos tr¨¢mites procesales de disoluci¨®n del r¨¦gimen matrimonial y econ¨®mico. Vamos a actuar ah¨ª con fuerza para agilizar, hasta hacer pr¨¢cticamente inmediato el divorcio consensual y simplificar enormemente el divorcio causal por cesaci¨®n del v¨ªnculo afectivo. Actualmente pasan muchos meses, a veces un a?o desde la demanda de separaci¨®n hasta la adopci¨®n de medidas provisionales. Vamos a intentar que lo que actualmente puede durar casi un a?o se pueda producir en menos de dos meses.

P. Tendr¨¢ que regular tambi¨¦n el matrimonio entre personas del mismo sexo... ?Con o sin adopci¨®n?

R. Este es un asunto que vamos a acometer por compromiso con la ciudadan¨ªa y por convicci¨®n, porque estamos hablando de derechos fundamentales de ciudadanos de este pa¨ªs, independientemente de la orientaci¨®n sexual. Vamos a intentar generar un debate presidido por la raz¨®n c¨ªvica y democr¨¢tica, desde la evidencia de que hoy los homosexuales pueden adoptar, pero tienen que hacerlo como si fueran solteros, ocultando sus formas de convivencia en pareja. Es lo que sucede en la pr¨¢ctica. Es preciso, por tanto, abrir paso a una regulaci¨®n por ley de las uniones matrimoniales entre personas del mismo sexo con la normalidad de una sociedad que no discrimina en el ejercicio de derechos fundamentales y civiles en funci¨®n de la orientaci¨®n sexual de las personas. Conllevar¨¢ abrir paso a una forma jur¨ªdica de convivencia matrimonial entre personas del mismo sexo y el objetivo es que signifique la normalizaci¨®n del ejercicio de todos los derechos, con las garant¨ªas debidas a los derechos de los menores y de la infancia.

P. ?Se har¨ªa en una primera fase la regulaci¨®n del matrimonio entre personas del mismo sexo y despu¨¦s las dem¨¢s hip¨®tesis?

R. Lo primero, el matrimonio, y lo traeremos a debate al Congreso y al conjunto de la sociedad. Pero creo que la sociedad tiene derecho a saber que hay muchos menores necesitados de un entorno de cari?o y protecci¨®n que muchas personas est¨¢n deseando ofrecer, independientemente de su orientaci¨®n sexual, sin sufrir ninguna discriminaci¨®n. Y la sociedad tiene derecho a saber que esto ya est¨¢ teniendo lugar en la realidad, s¨®lo que bajo la cobertura de una adopci¨®n en solitario. Este es un sinsentido que no se debe sostener porque no expresa sino una discriminaci¨®n por raz¨®n de orientaci¨®n sexual que es incompatible con la Constituci¨®n.

P. ?El control de los imames en las mezquitas lo va a desarrollar el Ministerio de Justicia?

R. Todo lo que afecte a la relaci¨®n con las confesiones religiosas es competencia del Ministerio de Justicia. Vamos a impulsar las relaciones de cooperaci¨®n con las comunidades isl¨¢micas, sin perder de vista que la Constituci¨®n supedita la libertad religiosa en sus manifestaciones al orden p¨²blico y, consiguientemente, a la seguridad. Y lo vamos a hacer convencidos de que ellas son las primeras interesadas en aislar los focos, muy minoritarios, de integrismo o incitaci¨®n a la violencia. Y, sobre todo, sin amenazar derechos como la libertad de pensamiento, de creencias, de expresi¨®n y de culto. No habr¨¢ censura previa, pero s¨ª potenciaremos el seguimiento y el conocimiento que merece el Islam en Espa?a, en la medida que tiene una presencia socialmente creciente. Hace 20 a?os era muy minoritaria la pr¨¢ctica de esta religi¨®n en Espa?a y hoy congrega a m¨¢s de medio mill¨®n de creyentes en nuestro territorio.

P. ?Va a retocar alguno de los delitos del C¨®digo Penal de la etapa de Michavila?

R. El C¨®digo Penal es una pieza crucial del ordenamiento jur¨ªdico. No debe reformarse por la sola mayor¨ªa, ni siquiera absoluta, de un partido. La mayor¨ªa absoluta del PP en la legislatura anterior nos dio ejemplos insuperables de c¨®mo no se reforma el C¨®digo Penal. Ofreceremos consenso sin aspavientos para revisarlo. Y ofreceremos consensos b¨¢sicos para modificar aquellos excesos de la legislatura anterior de sentido m¨¢s claramente propagand¨ªstico y antisocial, que los hubo.

P. ?Conoce alguna receta para evitar la guerra que mantienen el Tribunal Constitucional y el Supremo?

R. Para reforzar la convivencia entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional se pueden impulsar reformas legislativas. Y lo haremos. La reforma de la casaci¨®n, para garantizar esa funci¨®n que asegura la uniformidad de las leyes, y una reforma del acceso al Tribunal Constitucional por la v¨ªa de amparo. Delimitando mejor las funciones de uno y otro ¨®rgano, en especial en la protecci¨®n de derechos fundamentales, se puede ayudar a que esas situaciones de colisi¨®n, por otra parte contadas en n¨²mero, tiendan a cero.