?Qui¨¦n le teme a Hugo Ch¨¢vez?

"Cuando leo y oigo las expresiones de la jerarqu¨ªa cat¨®lica, me provoca repetir la frase de Cristo en la cruz 'perd¨®nalos, Se?or, porque no saben lo que hacen'; perdona a la jerarqu¨ªa cat¨®lica venezolana por haber olvidado la opci¨®n preferencial por los pobres, perd¨®nalos por haberse alineado con los m¨¢s oscuros intereses que arremeten contra un pueblo". "Perd¨®nalos porque, cual Judas, se alinearon con los m¨¢s nefastos intereses de la oligarqu¨ªa venezolana".

As¨ª se abri¨® la pasada Semana Santa venezolana, con un tronituante serm¨®n dominical del presidente Ch¨¢vez contra una Iglesia que simplemente hab¨ªa reclamado que se cumpliera el acuerdo del 23 de mayo de 2003 entre el Gobierno y la OEA, para realizar un refer¨¦ndum constitucional sobre la revocaci¨®n del mandato gubernamental.

Si esto fuera un episodio aislado, podr¨ªa quedar en el repertorio del folclore pol¨ªtico caribe?o, pero no es as¨ª. Los recientes informes de la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos y de la Sociedad Interamericana de Prensa son documentos que no pueden dejar de preocupar a quien se interese por la suerte de la democracia.

La Comisi¨®n Interamericana concluye que existe una "clara debilidad de los pilares fundamentales para la existencia de un Estado de derecho en un sistema democr¨¢tico", aludiendo concretamente a la militarizaci¨®n progresiva de la Administraci¨®n, a la p¨¦rdida de independencia de la justicia, al acoso permanente a la prensa y a la aparici¨®n de grupos armados parapoliciales. Por esta raz¨®n, el propio presidente calific¨® a los miembros de la Comisi¨®n de "rid¨ªculos" y "protectores de delincuentes" por haber solicitado una medida cautelar para proteger a la empresa de televisi¨®n Globovisi¨®n del secuestro de sus equipos de transmisi¨®n por funcionarios del Estado. El documento de la SIP, por su parte, abunda en ejemplos de esta naturaleza, demostrando con hechos que se ha hecho muy dif¨ªcil el ejercicio libre de la prensa en Venezuela, cercada por multas, juicios de responsabilidad y normas restrictivas de reciente aprobaci¨®n.

Es muy contundente como documento la carta de renuncia del embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas, Milos Alcalay, quien dej¨® su cargo al advertir que no era "posible representar una diplomacia de Estado en un entorno conflictivo como el actual, que niega los derechos humanos, desequilibra la democracia y afecta el di¨¢logo". La carta alude, concretamente, a la represi¨®n desatada el 27 de febrero durante la instalaci¨®n de la Cumbre del G-15, a las notorias restricciones impuestas al refer¨¦ndum revocatorio luego de reunidas las firmas por la oposici¨®n y a los enfrentamientos personales del propio presidente con pa¨ªses como Chile, EE UU, Colombia, Dominicana o Espa?a.

El hecho es que en un clima de crispaci¨®n se trata de que se llegue pac¨ªficamente al famoso refer¨¦ndum revocatorio del presidente, novedad constitucional establecida por vez primera en la Constituci¨®n de 1992, que prohij¨® la Revoluci¨®n Bolivariana. Fueron notables las restricciones impuestas a la recolecci¨®n de firmas, realizadas con un funcionario del r¨¦gimen a la vista y en un papel de seguridad. Aun as¨ª, se reunieron, y a partir de all¨ª se desataron una y otra vez cortapisas, que comenzaron desde el primer d¨ªa de la recolecci¨®n, mientras las colas serpenteaban delante de las mesas electorales en todo el pa¨ªs y el propio presidente denunciaba anticipadamente un "megafraude".

Realmente no se puede tapar el cielo con un harnero. No hay duda de que estamos ante un Gobierno elegido por el pueblo en 1998, como tampoco hay dudas de que existe una movilizaci¨®n opositora en la sociedad que se ha expresado multitudinariamente de mil modos y que hoy lo que reclama es poder votar. Votar conforme a un mecanismo previsto en la Constituci¨®n. Votar conforme a un procedimiento que el propio Gobierno acept¨® en un formal acuerdo con intervenci¨®n internacional.

Hay quienes dan el caso por perdido y hablan de una dictadura ya formalizada. Es evidente que existen hoy hechos y pr¨¢cticas antidemocr¨¢ticas, pero a¨²n existen formalidades que habilitan a salidas pol¨ªticas en t¨¦rminos constitucionales. Ello nos recuerda al caso de Nicaragua, cuando la revoluci¨®n sandinista de 1979 parec¨ªa encaminarse hacia una segunda Cuba y los EE UU se crispaban trat¨¢ndonos de ingenuos a los miembros del Grupo de Contadora, porque intent¨¢bamos preservar la libertad pol¨ªtica fundamental y el recurso democr¨¢tico de las elecciones. Aquello estuvo a punto de ser un nuevo Vietnam, pero culmin¨® felizmente en 1990 con las elecciones que le dieron el triunfo a Violeta Chamorro, viuda de un c¨¦lebre periodista asesinado por la dictadura de Somoza. Lo de Venezuela no es igual porque el sandinismo hab¨ªa emanado de una revoluci¨®n y no de una elecci¨®n, como es el caso de Ch¨¢vez. Aunque se parece, porque el Gobierno ha restringido libertades fundamentales y proclama su derecho a seguir por a?os y a?os. Y se parece, tambi¨¦n, porque la "revoluci¨®n", en este caso bolivariana y con presidente elegido, ha ubicado a los EE UU como enemigo n¨²mero uno, generando a partir de all¨ª la confusi¨®n que suele darse en el mundo cuando esto ocurre.

Varios gobiernos democr¨¢ticos han hecho esfuerzos serios y honestos por preservar la vida democr¨¢tica en Venezuela sin que hayan sido suficientes. A tres meses largos de recolectadas las firmas, se siguen dando volteretas para frustrar su solicitud. ?Esperaremos a que el pronunciamiento se haga irreversible y nos deslicemos definitivamente a la situaci¨®n de facto? El presidente alega un gran apoyo popular, y es verdad que en buena medida lo tiene. ?Por qu¨¦ temerle, entonces, a un refer¨¦ndum que ¨¦l mismo perge?¨® y que ¨¦l mismo acept¨® realizar?

Mientras tanto, la sociedad venezolana sigue resquebraj¨¢ndose; los odios, creciendo, y la econom¨ªa, derrumb¨¢ndose, pese a los espectaculares precios del petr¨®leo. El propio presidente podr¨ªa pensar que ¨¦l mismo no tiene un buen futuro en medio de esa refriega constante que le ha llevado al dispendio de enormes recursos y que su "revoluci¨®n" s¨®lo valdr¨¢ si la legitima en las urnas. Es lo que, a su vez, todos los gobiernos democr¨¢ticos deben asumir, para cumplir su rol, que no es intervenir en la vida interna de un pa¨ªs, pero s¨ª exigirle respeto a los derechos fundamentales y a la institucionalidad democr¨¢tica comprometida internacionalmente. ?sa es una responsabilidad muy especial de los gobiernos proclamados de izquierda, que alguna influencia todav¨ªa poseen y no deben dejarse enredar en la trampa dial¨¦ctica de que resulta aceptable a cualquier precio todo aquello que confronte con los EE UU.

Julio Mar¨ªa Sanguinetti es ex presidente de Uruguay.