El fin y los medios

El derecho de participaci¨®n pol¨ªtica reconocido en el art¨ªculo 23 de la Constituci¨®n es el derecho constitutivo de la ciudadan¨ªa. Somos ciudadanos porque, y en la medida en que, participamos en condiciones de igualdad en la formaci¨®n de la voluntad general mediante el ejercicio del derecho de sufragio. Es un derecho del que somos titulares los espa?oles exclusivamente, mediante cuya titularidad nos diferenciamos de quienes no lo son. Por eso es el derecho constitutivo de la igualdad, que es exclusivamente pol¨ªtica, ya que, como dice el art¨ªculo 14 de la Constituci¨®n, "los espa?oles son iguales...". La igualdad constitucional no es humana, sino pol¨ªtica. Somos iguales los espa?oles en Espa?a, los franceses en Francia y as¨ª sucesivamente. Y somos iguales ¨²nica y exclusivamente por el derecho de participaci¨®n pol¨ªtica, que es, en consecuencia, el derecho mediante el cual el principio de igualdad se proyecta en la arquitectura constitucional del Estado.

?sta es la raz¨®n por la que ning¨²n ciudadano puede verse privado del ejercicio del derecho de participaci¨®n pol¨ªtica, tanto en su vertiente activa como pasiva, si no es mediante sentencia judicial firme. Ninguna circunstancia que concurra en el ejercicio de cualquier otro derecho, expresi¨®n, reuni¨®n, manifestaci¨®n, asociaci¨®n... puede tener como consecuencia la privaci¨®n del ejercicio del derecho de participaci¨®n pol¨ªtica. Ninguna. ?nicamente mediante una conducta penal que lleve aneja la privaci¨®n del derecho de sufragio certificada mediante sentencia firme o mediante la certificaci¨®n, tambi¨¦n por v¨ªa judicial, de la incapacidad personal puede verse un ciudadano privado del derecho de participaci¨®n.

Insisto: una limitaci¨®n del derecho de asociaci¨®n pol¨ªtica no puede proyectarse nunca al derecho de participaci¨®n pol¨ªtica en un Estado democr¨¢tico. Esto es constitutivamente imposible. Supondr¨ªa la negaci¨®n del fundamento en el que descansa el Estado. De ah¨ª que la declaraci¨®n de ilegalidad de un partido no pueda suponer nunca la privaci¨®n del derecho de participaci¨®n para quienes formaran parte del mismo. La disoluci¨®n de Batasuna no ha podido privar del derecho de participaci¨®n a ning¨²n ciudadano, ni siquiera a quienes fueron dirigentes del mismo.

No conozco a nadie, que acepte la democracia como forma pol¨ªtica, que discuta lo que acabo de poner por escrito. Esto se puede discutir desde fuera de la democracia, pero no desde dentro. La democracia es ante todo acuerdo sobre determinados principios que no pueden ser siquiera sometidos a discusi¨®n. ?ste es uno de ellos. El primero que preside la arquitectura del Estado.

Por eso no solamente no puedo entender sino que me repugna intelectualmente que el Tribunal Supremo primero y el Tribunal Constitucional despu¨¦s hayan podido proyectar la declaraci¨®n de ilegalidad de Batasuna a la agrupaci¨®n electoral Herritarren Zerrenda. Una agrupaci¨®n electoral no es resultado del ejercicio del derecho de asociaci¨®n, sino ¨²nica y exclusivamente del derecho de participaci¨®n. Esto es algo que tampoco lo discute nadie. En consecuencia, cualquier ciudadano, que no est¨¦ privado mediante sentencia judicial firme del ejercicio de tal derecho, tiene derecho a constituir una agrupaci¨®n electoral. Y en unas elecciones en las que hay una ¨²nica circunscripci¨®n electoral en todo el Estado, como son las pr¨®ximas europeas, todos los ciudadanos espa?oles tenemos derecho a que esa agrupaci¨®n electoral concurra a las elecciones. No s¨®lo los probables votantes de HZ, sino todos. Mediante sus decisiones, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional no han limitado el ejercicio del derecho de participaci¨®n de unos pocos ciudadanos sino el de todos los espa?oles.

No estamos hablando de cualquier cosa, sino del n¨²cleo esencial del Estado democr¨¢tico. El fin no puede justificar los medios, aunque el fin sea la lucha contra el terrorismo.