No volver¨¢n a Regi¨®n

La idea, aparentemente inocua, de incluir entre las reformas de la Constituci¨®n la denominaci¨®n de las 17 comunidades aut¨®nomas puede tener efectos colaterales que comprometan la viabilidad del conjunto de la reforma. En el debate de investidura, el portavoz de CiU, Duran Lleida, hizo la propuesta (a la que d¨ªas despu¨¦s se adhiri¨® Maragall) de aprovechar la ocasi¨®n para especificar cu¨¢les de las 17 son nacionalidades y cu¨¢les regiones. De esta manera se introduce el debate que se quiso evitar en 1978: una distinci¨®n neta entre ambos conceptos de la que derivasen derechos.

Durante a?os, un argumento para no plantear reformas constitucionales sobre cuya necesidad hab¨ªa un principio de acuerdo (como la del Senado) ha sido el temor a que, una vez abierta esa brecha, los nacionalistas intentasen replantear algunas de las bases esenciales del modelo: la generalizaci¨®n auton¨®mica y el no establecimiento de techos competenciales diversos, m¨¢s all¨¢ de los derivados de la existencia de hechos diferenciales. Fue una opci¨®n discutible, pero hoy sabemos que dif¨ªcilmente evitable: de haberse limitado el acceso al autogobierno a las llamadas comunidades hist¨®ricas o establecido dos categor¨ªas de autonom¨ªa con diferentes derechos no habr¨ªa habido manera de impedir una din¨¢mica de agravios comparativos, y el Estado resultante habr¨ªa sido poco funcional en lo administrativo e ingobernable en lo pol¨ªtico.

Pero aquella decisi¨®n es sobre todo irreversible. Una vez desplegado todo el mapa auton¨®mico, por v¨ªa lenta o r¨¢pida pero con b¨¢sicamente las mismas competencias potenciales, la vuelta atr¨¢s es imposible. Y algunas de las de v¨ªa lenta ya se definieron, en las reformas de sus estatutos de los a?os noventa, como nacionalidades. La protesta de los nacionalistas contra la generalizaci¨®n es incoherente. Por una parte, la autonom¨ªa de los dem¨¢s es garant¨ªa de la propia frente a eventuales reacciones involucionistas, y no se ve en qu¨¦ puede perjudicar a las propias competencias el que tambi¨¦n las tengan otras comunidades; por otra, a mayor extensi¨®n de la autonom¨ªa, menor poder del Estado central, luego m¨¢s posibilidades de desarrollar pol¨ªticas aut¨®nomas, no condicionadas. Pero adem¨¢s, la constitucionalizaci¨®n de los hechos diferenciales ha hecho compatible la igualaci¨®n competencial b¨¢sica con la existencia de asimetr¨ªas de hecho entre las comunidades con fuerte conciencia de singularidad y el resto. Como alguna vez ha dicho Miquel Roca, lo que de verdad distingue a las nacionalidades es que en ellas los partidos nacionalistas suelen tener fuerte presencia pol¨ªtica y electoral. Lo que se traduce en un ejercicio de las competencias con arreglo a prioridades y valores singulares.

Entonces, ?por qu¨¦ la insatisfacci¨®n de los partidos nacionalistas, principales beneficiarios del sistema auton¨®mico? ?Existe la posibilidad de dar satisfacci¨®n a sus aspiraciones, aumentando sus competencias, como propone Maragall? Con todas las competencias propias de Estado del bienestar transferidas, no parece haber mucho margen. A no ser que, bajo la apariencia de una discusi¨®n competencial, de lo que se trate sea de cambiar el sistema de financiaci¨®n. Pero en esto tampoco hay mucho margen. El catalanismo pol¨ªtico ha acabado formulando su aspiraci¨®n mediante la f¨®rmula "pagar por renta y recibir por poblaci¨®n". Pero eso ya ocurre. Si se except¨²a a las comunidades forales, Pa¨ªs Vasco y Navarra, que se benefician de unos ingresos per c¨¢pita muy superiores a la media, el resto se mueve en un margen bastante estrecho. Maragall parece ser consciente de esa realidad cuando, a la hora de concretar su propuesta, explica (La Vanguardia, 23-4-2004) que se trata de que "un ciudadano vasco y uno catal¨¢n, que probablemente tengan una renta per c¨¢pita similar, paguen y reciban lo mismo".

El problema no es, por tanto, que Catalu?a contribuya m¨¢s de la cuenta, sino que, pese a ser tan nacionalidad como Euskadi, no tiene unas posibilidades financieras comparables. ?se es el problema, y no la indefinici¨®n constitucional sobre la diferencia entre naci¨®n y regi¨®n. Pero al introducir esa cuesti¨®n ahora, con las 17 comunidades consolidadas y una fuerte resistencia ciudadana a cualquier planteamiento que se perciba como discriminatorio, se hace casi imposible alcanzar un consenso comparable al de 1978: condici¨®n, seg¨²n el expreso compromiso de Zapatero, para llevar adelante la reforma.