Concierto en segundo plano

Las administraciones central y vasca cerraron en febrero de 2002 la ¨²ltima versi¨®n del Concierto Econ¨®mico vasco, que por vez primera ten¨ªa car¨¢cter indefinido. Aquellas negociaciones se retrasaron dos meses sobre la fecha prevista de cierre por la reiterada exigencia del Gobierno vasco de incluir en el texto la presencia de Euskadi en el Consejo de Ministros de Econom¨ªa y Finanzas (Ecofin) que traten temas fiscales. Ha pasado m¨¢s de un a?o y el PNV, la principal fuerza del Ejecutivo tripartito, no ha renunciado a esta pretensi¨®n. M¨¢s a¨²n, la ha ampliado. El presidente del PNV, Josu Jon Imaz, se?al¨® en los proleg¨®menos de la campa?a electoral, que se ver¨¢ a Euskadi sentado en los Consejos de Ministros de la UE, sin detallar para qu¨¦ cuestiones o de qu¨¦ manera.

La posibilidad de que las comunidades aut¨®nomas puedan estar dentro de la representaci¨®n de Espa?a en los Consejos de Ministros es una cuesti¨®n que no rechazan en principio el PSOE ni el PP. Pero ambos partidos no quieren sistemas particulares. La exigencia nacionalista en temas fiscales llega por un doble motivo. Por un lado, Euskadi y Navarra son las dos ¨²nicas comunidades que cuentan con capacidad normativa plena, no delegadas. Por otro lado, en los ¨²ltimos siete a?os actuaciones derivadas del Concierto han sido investigadas por la Comisi¨®n Europea y se encuentran hoy pendientes de sentencia en el Tribunal de las Comunidades Europeas.

El debate del Concierto Econ¨®mico, el principal instrumento del autogobierno vasco, y su relaci¨®n con Europa qued¨® superado con la entrada en escena del plan Ibarretxe. En enero de 2000 se cerr¨® la judicializaci¨®n del Concierto tras la firma de la paz fiscal entre Madrid y Vitoria. Aquel acuerdo supuso la retirada por la Administraci¨®n central de los recursos pendientes, a cambio de la derogaci¨®n de los incentivos fiscales a la inversi¨®n, entre ellos las minivaciones fiscales para empresas de nueva creaci¨®n, que conllevan una reducci¨®n en la base imponible del 99%, el 75%, el 50% y el 25% en los cuatro primeros a?os, y el cr¨¦dito fiscal del 45% a las inversiones de m¨¢s de 2.500 millones de pesetas. Ese acuerdo y la firma del Concierto definitivo cerraron el c¨ªrculo de prioridades de los nacionalistas vascos. Se terminaron las declaraciones institucionales de apoyo al Concierto y los mensajes dram¨¢ticos sobre los riesgos del autogobierno. Se olvid¨® la propuesta de la Diputaci¨®n de Vizcaya para que los tratados de la Uni¨®n reconocieran el r¨¦gimen de Concierto en igualdad con el resto de los sistemas fiscales europeos.

La propuesta soberanista del Gobierno del lehendakari Ibarretxe dej¨® todo en un segundo pplano y la reivindicaci¨®n de estar en Europa en defensa de las cuestiones fiscales se convirti¨® en una reivindicaci¨®n m¨¢s amplia. La pol¨¦mica sobre el Concierto queda ahora limitada a la guerra de descuentos entablada desde hace un a?o entre ambos gobiernos. El Ejecutivo vasco descont¨® unilateralmente del cupo 32,2 millones de euros, interpretando que le corresponden por

la liquidaci¨®n de los gastos sanitarios de 2002, y el Gobierno central ha respondido con la misma medida.

Los presuntos riesgos europeos del Concierto parece que ya preocupan menos en Euskadi. La cara de la pol¨¦mica sobre la necesidad de disponer de una representaci¨®n propia ante los ¨®rganos de decisi¨®n de la UE para preservar el Concierto en la UE ha sido la vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia. Su ¨²ltima aparici¨®n en defensa de esta tesis nacionalista fue en septiembre de 2002, en un viaje a Bruselas para entrevistarse con el comisario de la Competencia, Mario Monti. All¨ª traslad¨® al comisario la voluntad de las instituciones vascas de cumplir las resoluciones contra los incentivos fiscales vascos a la inversi¨®n, considerados por Bruselas ayudas ilegales, pero con cierta flexibilidad para no perjudicar a las empresas que se beneficiaron de ellas. Al final de aquel encuentro, que no trajo consecuencias sobre las sanciones impuestas, Zenarruzabietia destac¨® que la reuni¨®n hab¨ªa servido para demostrar ante Madrid que las instituciones vascas son capaces de defender "directamente" en Bruselas sus propios intereses.

Ahora todo el mundo conf¨ªa en que los largos plazos de resoluci¨®n de los asuntos por parte del Tribunal de Luxemburgo y la posibilidad de recurrirlos ponga sordina sobre la cuesti¨®n pendiente de la devoluci¨®n de los incentivos a la inversi¨®n considerados "ayudas de Estado". Y la renuncia de las diputaciones a seguir utiliz¨¢ndolos hace que el del Concierto se vea como un problema del pasado.