El Gobierno admite que 150.000 'sin papeles' trabajan irregularmente

El delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Antoni Bernab¨¦, admiti¨® ayer en Alicante que la cifra de inmigrantes indocumentados que trabajan en la econom¨ªa sumergida oscila en torno a los 150.000 extranjeros [en todo el territorio nacional se calculan que trabajan 800.000 sin papeles]. Del total, el 50% reside en la provincia de Alicante. Es la primera vez que un responsable del Gobierno reconoce la abultada bolsa de la econom¨ªa clandestina. La cifra facilitada por Bernab¨¦ es ligeramente superior a la manejada hasta ahora por sindicatos y ONG.

Las peculiares caracter¨ªsticas de la econom¨ªa valenciana, basada en la temporalidad y en la demanda de mano de obra intensiva, favorecen el incesante crecimiento de la clandestinidad laboral. Una realidad socioecon¨®mica denunciada reiteradamente por los sindicatos y organizaciones humanitarias y que, por el contrario, los dirigentes pol¨ªticos se han resistido a reconocer. Ayer, el socialista Antoni Bernab¨¦ admiti¨® sin ambages que el volumen de extranjeros empleados de forma clandestina asciende, "con las l¨®gicas reservas", a 150.000 personas. De ellas, la mitad trabaja en la provincia de Alicante. Esta situaci¨®n propicia un grave perjuicio no s¨®lo a los trabajadores, que les empuja indefectiblemente a la precariedad laboral, sino al propio sistema p¨²blico de la Seguridad Social. Jamal Chaibi, responsable de Inmigraci¨®n de CC OO en la provincia de Alicante, apunt¨® ayer que el sistema p¨²blico deja de cobrar mensualmente en Alicante 700.000 euros por este concepto.

Bernab¨¦ se reuni¨® en Alicante con nueve organizaciones que trabajan con inmigrantes para abordar el end¨¦mico colapso que padecen las tres oficinas de Extranjer¨ªa de la Comunidad, singularmente la radicada en Alicante a causa de su "elevado volumen de trabajo". Esta oficina, seg¨²n datos oficiales, acumula un retraso en la tramitaci¨®n de expedientes de 23.870 documentos [al principio de a?o el n¨²mero alcanz¨® los 45.000]. Seg¨²n datos recabados a enero de 2004, la de Valencia ten¨ªa pendientes unos 10.000 documentos; y Castell¨®n, 7.000. La pr¨®xima semana est¨¢ prevista una auditor¨ªa que radiografiar¨¢ la situaci¨®n de la oficina alicantina para aplicar procedimientos que agilicen la tramitaci¨®n. El tiempo medio que el Gobierno precisa para resolver la situaci¨®n de ilegalidad de un inmigrante en el territorio valenciano alcanza el a?o, en el caso de los solicitantes de permisos iniciales -de trabajo o de residencia- y entre seis y siete meses para los que aspiran a renovar la documentaci¨®n. Los sindicatos han denunciado que la demora en la tramitaci¨®n empuja a este colectivo a la exclusi¨®n y a la marginalidad en tanto que, como extranjeros indocumentados, se les priva del derecho a trabajar con plenas garant¨ªas.