El registro de pisos tur¨ªsticos en Canarias se dispara un 21% desde que se anunci¨® una nueva regulaci¨®n
El n¨²mero de plazas que ofertan este tipo de alojamientos supera a las de los hoteles
La vivienda vacacional mantiene su crecimiento descontrolado en Canarias a la espera de la entrada en vigor de la ley que regular¨¢ esta actividad. El n¨²mero de pisos tur¨ªsticos en las islas alcanza los 65.265 pisos censados, seg¨²n el registro auton¨®mico. Esto supone un crecimiento del 21% desde el pasado abril, cuando el Gobierno de Canarias sac¨® a consulta p¨²blica el anteproyecto de la futura norma. Se da la circunstancia de que el d¨ªa 20 de aquel mes se produjeron tambi¨¦n las multitudinarias manifestaciones contra el turismo de masas que, entre otras reclamaciones, exig¨ªan un freno a la vivienda vacacional.
El crecimiento registrado en apenas diez meses ha permitido que el n¨²mero de plazas que ofrecen estos alojamientos se haya incrementado en un 25% y que estas hayan sobrepasado ya a las hoteleras en el total de las siete islas: 274.556 frente a 251.308. La oposici¨®n asegura que el Gobierno se ha limitado a descargar responsabilidades sobre los ayuntamientos y que la tramitaci¨®n ha generado un efecto llamada. El Gobierno auton¨®mico niega este extremo. ¡°El ¨²nico efecto llamada es la rentabilidad que ofrece este negocio¡±, afirma el viceconsejero de Turismo, Jos¨¦ Manuel Sanabria, designado por el Partido Popular.
La consejera de Turismo y Empleo, Jessica de Le¨®n (Partido Popular), entreg¨® a finales de a?o en el Parlamento de Canarias el proyecto de la Ley de Ordenaci¨®n Sostenible del Uso Tur¨ªstico de Viviendas (LOSUTV). Este texto admite que el crecimiento de la oferta vacacional ¡°es una de las causas de disminuci¨®n del potencial mercado de viviendas de car¨¢cter permanente y habitual¡±. Y aunque a?ade que tambi¨¦n influyen otros factores, justifica por ello que ha de haber un ¡°necesario cambio en el marco normativo referido al uso tur¨ªstico de viviendas, estableciendo l¨ªmites principalmente cuantitativos, urban¨ªsticos, territoriales y ambientales¡±.
La norma canaria limitar¨¢, una vez se apruebe en el Parlamento auton¨®mico, que se pueda dedicar un m¨¢ximo del 10% de la ¡°edificabilidad residencial prevista¡± de un n¨²cleo de poblaci¨®n a viviendas vacacionales. En La Palma, La Gomera y El Hierro ese porcentaje ser¨¢ del 20%. Adem¨¢s, las viviendas deber¨¢n tener al menos 35 metros cuadrados de superficie y diez a?os de antig¨¹edad. Uno de los aspectos centrales de la ley es que no podr¨¢n implantarse nuevas viviendas vacacionales hasta que cada planeamiento urban¨ªstico municipal lo habilite expresamente durante los pr¨®ximos cinco a?os. ¡°Queremos que los ayuntamientos decidan el cu¨¢ndo, c¨®mo y d¨®nde¡±, sentencia Sanabria. ¡°Lo que no puede ser que es que la iniciativa del crecimiento de la actividad tur¨ªstica est¨¦ en manos del propietario¡±. Y concluye: ¡°Honestamente, este no es un tema ideol¨®gico: es urban¨ªstico, es de sentido com¨²n¡±.
Ni la forma ni el fondo han sido del agrado de la oposici¨®n socialista. El diputado regional Gustavo Santana asegura que, para empezar, se tendr¨ªa que haber recurrido al decreto ley para acelerar los plazos. ¡°El problema de antes era tan grave como el de ahora, y el Gobierno lo que ha hecho es generar un efecto llamada que ha logrado incrementar la presi¨®n y subir a¨²n m¨¢s el precio de la vivienda¡±, denuncia. Santana critica, a su vez, que se ponga el peso en el ordenamiento municipal: ¡°Esto supone una liberalizaci¨®n, porque se descarga la responsabilidad sobre los ayuntamientos y los cabildos¡±. Y apunta tambi¨¦n a la falta de recursos en materia de inspecci¨®n.
Oscar Perelli, vicepresidente ejecutivo de Exceltur, que aglutina a grandes hoteleras como Meli¨¢, Riu, Iberostar o Minor (antigua NH), s¨ª ve con buenos ojos la legislaci¨®n propuesta por el Ejecutivo aut¨®nomo. Estima, sin embargo, que la norma, al haber sido tramitada como proyecto de ley, ha sido modificada parcialmente y eso ha generado un efecto llamada: ¡°Hay personas que han querido adelantarse a la aprobaci¨®n de futuras restricciones¡±. De la misma opini¨®n es Jorge S¨¢enz, gerente propietario de la inmobiliaria grancanaria CVH. ¡°Muchos propietarios se apresuraron a dar de alta sus pisos en el registro, aunque no los estuviesen destinando al alquiler vacacional, para no quedarse fuera si en alg¨²n momento dado se cerraba el grifo¡±. Un gestor de propiedades de Tenerife, que reclama no ser identificado, es, incluso, m¨¢s gr¨¢fico en su descripci¨®n. ¡°Se colaps¨® todo. Todos quer¨ªan estar en el registro, no sea que luego se cerrase todo¡±.
Emergencia habitacional
Esta ley llega a la segunda comunidad con el salario medio m¨¢s bajo, en la que se ha declarado la emergencia habitacional. Las islas son la comunidad con la mayor proporci¨®n de viviendas tur¨ªsticas frente al total censado (4,71%), seg¨²n el INE. La situaci¨®n se ha agravado en los ¨²ltimos meses. Si se toma como referencia noviembre de 2023, cuando se abri¨® el primer plazo de consultas para la elaboraci¨®n de la ley, las plazas han crecido el 33,12%, seg¨²n los datos del propio Sanabria extra¨ªdos del registro ¨Da esta base de datos se accede mediante una declaraci¨®n responsable, y no significa que necesariamente est¨¦n comercializados en plataformas¨D. Lanzarote y Tenerife lideran los crecimientos, con un 25% y un 28%, respectivamente.
No en vano, seg¨²n los datos de Istac facilitados por el viceconsejero, estas dos islas son las que registraron unos ingresos medios mensuales m¨¢s altos por esta actividad entre enero y octubre de 2024: 2.510 euros por mes en Lanzarote y 1.832 en Tenerife. Les siguieron Gran Canaria (1.728 euros mensuales) y Fuerteventura (1.609 euros). Estas son las cuatro islas con m¨¢s actividad tur¨ªstica. ¡°El fen¨®meno es boyante y es rentable¡±, explica Sanabria. ¡°En todas partes, no solo en Canarias¡±.
Las islas, de hecho, no son la regi¨®n donde m¨¢s crecen este tipo de viviendas. Seg¨²n los datos del Instituto Nacional de Estad¨ªstica ¨Dque difieren del registro canario porque se basan en la oferta publicada en las tres plataformas de comercializaci¨®n m¨¢s utilizadas¨D, los pisos tur¨ªsticos en Canarias subieron un 36% entre agosto de 2020 y noviembre de 2024. Fue menos que en Castilla-La Mancha (58%), Galicia y Navarra (57%), Asturias (56%), Cantabria (53%), Extremadura (49%), Castilla y Le¨®n (42%), y Murcia (37%). Pero se trata de comunidades donde el negocio es menor: el archipi¨¦lago comercializa casi tantas viviendas tur¨ªsticas como todos estos territorios juntos (51.286 frente a 60.425).
En Canarias se dan, adem¨¢s, casos extremos en algunos municipios. En marzo, el n¨²mero de vivienda vacacional sobre el total de viviendas censadas en Yaiza (Lanzarote) ascend¨ªa al 22%. Le sigue el 21,5% de La Oliva (Fuerteventura); el 10,62% en San Bartolom¨¦ de Tirajana (Gran Canaria); o el 13,35% de Adeje (Tenerife). El Gobierno admite en el pre¨¢mbulo de la ley que estos porcentajes ya han sido superados. Pero el fen¨®meno no solo afecta a las localidades eminentemente tur¨ªsticas. En Las Palmas de Gran Canaria, la ciudad m¨¢s poblada del archipi¨¦lago, existen amplias zonas (entre ellas enclaves como el casco viejo o la Playa de las Canteras) en las que la ratio ronda el 50%, seg¨²n un informe del propio Ayuntamiento y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. El concejal Pedro Quevedo (Nueva Canarias) culp¨® de esta situaci¨®n a la inacci¨®n del Gobierno auton¨®mico. Sanabria, por contra, carga la responsabilidad sobre el incumplimiento de las ordenanzas municipales.
Este crecimiento sostenido en el tiempo ha provocado que ya haya m¨¢s plazas de vivienda vacacional que hoteleras en todas las islas salvo en Fuerteventura. La situaci¨®n es m¨¢s aguda en El Hierro, La Palma y La Gomera, las llamadas islas verdes, debido a que en estas tres la planta hotelera es m¨ªnima.
Legislaciones m¨¢s restrictivas en Espa?a
Las restricciones que quiere aprobar el Gobierno canario para gestionar la sobresaturación de viviendas turísticas y su impacto en la escasez de oferta y en la subida de precios del alquiler han provocado el mismo ‘efecto llamada’ que se produjo en otros municipios, como Valencia o Málaga, en los que crecieron en 7.653 y 5.801 unidades en el último ejercicio, según el último informe de Exceltur. Contrasta, sin embargo, con las legislaciones restrictivas aprobadas por los ayuntamientos de Madrid y Barcelona, los más afectados por este fenómeno.
La más radical es la de Madrid, que prohibirá a partir de agosto de 2025, fecha en la que está prevista la entrada en vigor del Plan Reside, las viviendas de uso turístico en el centro de Madrid en edificios donde compartan espacio con los vecinos (solo estarán permitidos en los 200 edificios completos identificados para poder albergar pisos turísticos). “Si un ciudadano tiene un piso y se dedica a gestionarlo profesionalmente con el alquiler turístico, generando un puesto de trabajo y actividad económica, no entiendo por qué le quitan ese derecho”, señala Adolfo Meras, presidente de Madrid Aloja, asociación que representa a 5.000 de esos caseros y a 6.000 viviendas de uso turístico (un tercio de las censadas en la capital, según el INE). Además, incide que la medida beneficiará a los grandes tenedores de vivienda. “En lugar de diez propietarios de viviendas, habrá un propietario de diez viviendas. El Plan Reside va destinado a los grandes capitales y va a convertir a Madrid en un destino elitista en manos de los fondos buitre”.
Muy crítico con el nuevo plan también se ha mostrado Chema González, presidente de la Asociación de Gestores de Apartamentos Turísticos y Vacacionales de Madrid (Asotur), que alerta del impacto negativo en la llegada de turistas. “El 43% de los viajeros que vienen a Madrid quieren alojarse en viviendas de uso turístico. Si se quita esa alternativa, Madrid perderá turistas porque optarán por viajar a otros destinos y los precios de los hoteles, lejos de bajar, seguirán subiendo”.
El veto a los pisos turísticos en el centro de Madrid tendrá continuidad en Barcelona, aunque llegará tres años más tarde. El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, anunció en noviembre que suprimirá todas las licencias turísticas en Barcelona en noviembre de 2028. En una carta remitida el pasado 26 de noviembre, la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona, que representa a 8.500 licencias, le exigió a Collboni transparencia, rigor y honestidad hacia la ciudadanía y que deje de demonizar al sector de los apartamentos turísticos legales, que representa apenas el 1% del parque total de viviendas de la ciudad. “Los apartamentos turísticos regulados no son la causa del problema de la vivienda ni su eliminación garantiza que estos vayan a convertirse en viviendas residenciales. Cualquier afirmación en ese sentido supone engañar a la ciudadanía. En Barcelona hay, además, identificadas 9.000 viviendas vacías y 27.000 viviendas dedicadas a otras actividades económicas”, recalca la misiva, que propone a Collboni destinar los 160 millones de euros que pagan en impuestos a políticas de vivienda pública.
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